• Barcelona–
  • Girona–
  • Lleida–
  • Tarragona–
  • Tortosa–
  • Mataró–
  • Vic–
  • Vilafranca del Penedès–
  • Vilanova i la Geltrú–
  • La Seu d'Urgell–
  • Puigcerdà–
  • Figueres–
  • Gandesa–
  • L'Hospitalet de Llobregat–
  • Sant Carles de la Ràpita–
  • Sant Cugat del Vallès–
  • Terrassa–
  • Sabadell–
  • Granollers–

Es la derivada sur del llamado caso 3%, es decir, el sumario general contra el cobro de comisiones de obra pública y concesiones públicas en Cataluña. Una macrocausa contra la corrupción que instruyó el ex titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, antes de su cambio de destino y de la llegada de Santiago Pedraz, que lo cerró y lo envió a juicio. Es la pieza separada bautizada como «cártel Núria Bofill«. Es decir, un cártel colusorio entre empresas de ingeniería para pactar precios y concesiones en varias licitaciones públicas en Cataluña.

El juicio llega a la Audiencia Nacional diez años después de la investigación que inició en 2017 el Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell por varios contratos de la empresa pública Infraestructures, sobre todo con empresas de ingeniería, entre 2008 y 2015. En resumen, una pieza separada del caso 3% con 17 acusados por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Todo alrededor de sociedades del entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (ASINCA). Un caso que nació a raíz de una denuncia a varios organismos de fiscalización pública de una persona que, con el seudónimo de Infraworker, informaba de diversas irregularidades en las concesiones de obras públicas.

Entre los principales acusados se cuentan dos ex altos cargos de los gobiernos de CiU, Josep Lluís Quer, expresidente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras (Gisa), y Josep Antoni Rosell, director general de Gisa durante la conversión a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Fiscalía Anticorrupción pide para Quer y Rosell 8 años y 9 meses de prisión por organización criminal (6 años de prisión más inhabilitación), un delito continuado de fraude en la administración pública (2 años y 9 meses de prisión más inhabilitación) y prevaricación (9 años de inhabilitación para cargo público). En el paquete de peticiones de pena, el ministerio público incluye Josep Arderiu y Tomàs Blay, expresidente y exgerente de Gisa respectivamente, para quienes pide la misma pena por su relación con ASINCA. Como cooperadores, el ministerio público incluye, Josep Secanell, Albert Palou, Pere Roda; Joan Antoni Domingo; Maria Loreto Casas; Àngel Manuel Ares; Álvaro Palao; Ramón Rabell; Xavier Montobbio; Jaime Llongueras; Carles López; Albert Casajuana y Xavier Minguillon.

Plano medio del exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, saliendo de los juzgados del Vendrell el 16 de febrero del 2017/Archivo ACN
Plano medio del exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, saliendo de los juzgados del Vendrell el 16 de febrero del 2017/Archivo ACN

Un «cártel» de obra pública

La tesis de la acusación, que aceptó el juez instructor, es que alrededor de ASINCA un grupo de empresas configuraron, durante los años 2008-2015, un cártel colusorio que llamaron Núria Bofill con el fin de pactar los precios que utilizarían en sus ofertas a los concursos públicos convocados por determinadas administraciones y empresas públicas. Para llevarlo a cabo, y siempre siguiendo con el relato acusatorio del magistrado y de la fiscalía, los integrantes del pacto colusorio acordaron durante años las normas o directrices que debían seguir cuando se presentaban a las licitaciones de determinadas administraciones. El objetivo no era otro que evitar la libre competencia y de esta manera obtener un contrato más ventajoso que el que habrían conseguido en condiciones de igualdad, es decir, si cada una de las empresas hubiera preparado su oferta de manera totalmente independiente.

Por lo tanto, la conclusión es que Núria Bofill era un cártel que «anulaba la competencia de las empresas que no formaban parte y se extendió a varios organismos públicos». Si en un principio solo afectaba a Gisa y REGSA, llegó a Gisa (Obra Civil, Edificación y Medio Ambiente), Regs de Catalunya S.A. (Regsa), Agencia Catalana del Agua (ACA), Aigües del Ter Llobregat (ATLL), Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), Túneles y Accesos de Barcelona S.A.C. (Tabasa), Infraestructuras Ferroviarias de Catalunya (Ifercat) y el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat. Según los números de la fiscalía y el instructor, habría conseguido «repartirse y fijar indirectamente los precios» mediante «el establecimiento o la concertación de precios idénticos o muy similares, con el objetivo de anular la competencia de las empresas que no formaban parte del pacto». Una concertación que comportaba «la alteración de los importes desembolsados por la administración pública por los proyectos de obra pública a los que se presentaban las empresas perjudicando las arcas públicas».

Para la acusación, el entramado suponía «una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los acusados». El objetivo de esta organización -que la instrucción la tilda de criminal- era «dirigir la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza, con las cuales habían alcanzado un pacto colusorio para defraudar a la administración pública». Tirando del hilo de la investigación, sobre todo, entre las comunicaciones por correo de los participantes en Núria Bofill, los investigadores dedujeron que incluso se habían pactado las rebajas de las ofertas que se presentaban (solo un 9%) para que no se evidenciara lo que se conoce como «oferta temeraria» y se viera el plumero de los pactos. En total, la fiscalía calcula que hay nueve expedientes de contrataciones públicas que se adjudicaron a través de este sistema ilícito por un total de 5.585.325 euros.

Comparte

Icona de pantalla completa