Manuel García Castellón está contemplando la posibilidad de jubilarse antes de tiempo. Según ya informó el pasado mes de noviembre El Món, el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Tsunami Democrático está apretando el acelerador y prevé dar este paso al lado el próximo verano, cuando justo faltarán solo unos meses para que cumpla los 72 años y antes de lo que había previsto inicialmente.
El magistrado ya habría comunicado esta decisión a su entorno más próximo, avanzando de este modo su despedida, que estaba marcada para el próximo mes de octubre como fecha tope. García Castellón -instructor azote del independentismo en otros casos polémicos como la operación Judas contra los CDR- cerraría así su etapa al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un momento clave para la aplicación de la Ley de amnistía.
Una «obsesión enfermiza» con el independentismo
Hay que recordar que Òmnium Cultural ya envió un mensaje contundente al juez español el pasado mes de febrero, cuando lo acusó de formar parte de un «poder judicial podrido de pura cepa», advirtiéndolo sobre la determinación del pueblo catalán para salir adelante un eventual proceso de independencia. «No han entendido nada, pueden acusar a 11 personas, pero Tsunami fuimos todos«, señalaba el presidente de la entidad, Xavier Antich, durante la conclusión de la Asamblea General de Òmnium y en una clara alusión a la imputación por terrorismo de Oleguer Serra, que fue director general de la agrupación con Jordi Cuixart como presidente.
Antich, pero, quiso más allá y acusó García Castejón de tener una “obsesión enfermiza” contra el independentismo, indicando que esta persecución no servirá para acabar con el movimiento. “Este juez se ha atrevido a señalar Òmnium en su causa por terrorismo, amenazando de investigarnos; pero qué se ha creído? Volveremos a hacer el que hicimos y tantas veces como haga falta”, insistía el presidente de Òmnium, que considera que el debate alrededor de la amnistía y las acusaciones por terrorismo han “llevado el conflicto político en el coro del estado” y que ahora son el poder ejecutivo y el poder legislativo los que están “enmendando el poder judicial”.
