Las fiestas de Navidad no se presentan tranquilas para la cúpula del departamento de Interior y Seguridad Pública. Y no solo por la peste porcina o por la orden de incrementar la seguridad, que, durante esta época, siempre se refuerza siguiendo el protocolo de las alertas antiterroristas. La dirección política de Interior enfrenta problemas internos que han provocado una protesta en la comisaría de Travessera de las Corts prevista para este jueves, alentada por varios sindicatos, además de los problemas judiciales que están generando las decisiones de la consejera, Núria Parlon, y su mano derecha y arquitecto de la estrategia del departamento, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero.
Si la semana pasada era un sindicato de abogados de la Generalitat, Fòrum de l’Advocacia Catalana, que los llevaba al juzgado contra el decreto 213/2025, de 7 de octubre, de reestructuración de la Dirección General de la Policía, que se publicó el 9 de octubre en el Diario Oficial de la Generalitat, ahora mueve ficha uno de los sindicatos policiales más activos y con representación en el consejo de la Policía, Ailmed Sindicat.
Si el recurso de los abogados de la Generalitat cargaba contra el retorno de la defensa de los agentes Mossos a Interior, después de que el gobierno de Pere Aragonès hubiera redirigido estas funciones a los servicios jurídicos centrales de Presidencia, ahora es este sindicato policial el que alza la voz porque considera que el decreto debatido es «poner al lobo a cuidar de las ovejas». En concreto, lo han impugnado ante la jurisdicción contenciosa administrativa porque entienden que vulnera los derechos de libre elección de abogado, la garantía de independencia, facilita el conflicto de intereses y ataca el derecho a la defensa efectiva.
Un debate que viene de lejos
De hecho, Ailmed ya hacía tiempo que temía un decreto de estas características. En dos reuniones del poderoso Consejo de la Policía -un organismo donde debaten las cuestiones que afectan a los responsables de la consejería, comandos y representantes sindicales-, celebradas en abril y mayo pasado, este sindicato ya reclamó cambiar de sistema porque «presentaba graves deficiencias» que «dejan a los agentes en una situación de vulnerabilidad inaceptable». De ahí que proponían la contratación de una «póliza de seguro de defensa jurídica específica, independiente y con garantías reales» que permitiera la libre designación de los profesionales que ejerzan la defensa de los intereses de los funcionarios.
En este sentido, Alimed denunciaba que el actual sistema permitía que «la misma administración, que puede tener intereses propios en el resultado de un procedimiento, como podría ser una indemnización», fuera la que controlara la defensa del agente afectado. Un supuesto que anunciaban que habían sufrido compañeros de uniforme que se habían encontrado en la situación en que la División de Asuntos Internos -la policía de la policía- había tenido acceso a información delicada de un agente que tenía la defensa suministrada por el mismo cuerpo. Además, reprochaban a la consejería «dejadez administrativa» a la hora de reclamar indemnizaciones o trabas para lograr llevar un caso a juicio.
Dudas y fisuras
El sindicato concluye que la creación de la Subdirección General de Asistencia Asesoramiento Jurídico que permite incrementar los facultativos habilitados como abogados los ha puesto en «máxima alerta» porque puede convertir la defensa del agente en «una jaula de oro supeditada a los intereses de la misma administración que, además, lo puede expedientar». En esta línea, destacan que el decreto prevé que el departamento te deje sin «abogado habilitado» porque los «intereses de la persona representada y los de la Generalitat sean opuestos o contradictorios».
Una cláusula que el sindicato ve como una maniobra para proteger la «imagen» de la consejería o para «ahorrarse escándalos mediáticos o responsabilidades patrimoniales». Además, pronostican que con este decreto el agente no podría criticar ningún protocolo de actuación, señalar una falta de medios o criticar una orden recibida. Así, ponen ejemplos como las manifestaciones: en el caso de que el dispositivo esté mal planificado, el interés del departamento será evitar una «crisis mediática» y «controlar los daños de la imagen del cuerpo». O en un caso más flagrante como la «obediencia debida» ante una orden que resulta ser ilegal, que hace pensar en una defensa que «salve al mando antes que al agente».
Las cuatro vulneraciones del decreto
En síntesis, el recurso del sindicato Alimed razona las cuatro vulneraciones que el decreto hace contra la ley orgánica 5/2024 del 11 de noviembre del derecho a la defensa. En primer lugar, concluyen que la nueva regulación de Parlon y Trapero para la defensa de los agentes de los Mossos asigna un «letrado habilitado interno gestionado por el mismo departamento». Una premisa que consideran que «vulnera el derecho a la libre elección en un modelo de asignación forzosa, un derecho reconocido en el artículo 5 de la ley del derecho a la defensa».
En segundo lugar, argumentan que el decreto rompe la garantía de independencia del profesional de la abogacía. En este marco, resaltan que con la nueva normativa el letrado dependerá orgánicamente del director general de la Policía, es decir, el máximo mando del cuerpo, que coincide que es el único mayor de los uniformados y que tiene un fuerte ascendiente sobre determinados núcleos de poder de la organización policial. Por eso, subrayan que el decreto vulnera la independencia obligada del letrado, por «su dependencia jerárquica y laboral». «Es la antítesis de la independencia», alertan en el recurso.
Por otro lado, ven que el decreto favorece el conflicto de intereses porque el letrado representaría dos intereses que pueden ser contrapuestos, es decir, la Dirección General de la Policía y la del mosso procesado. Por lo tanto, entienden que los abogados habilitados de la consejería pueden entrar en un conflicto permanente de intereses. De hecho, el recurso lo califica de «vulneración estructural» que hace el decreto al derecho de defensa. Y, en último término, alegan la vulneración del derecho a la defensa efectiva, es decir, el principio de igualdad de armas que implica igualdad en los términos de defensa y acusación. Para el Ailmed Sindicat, existe una «vulneración material» de este principio porque el decreto, lejos de propiciar la igualdad de armas, fomenta y establece el «monopolio de la administración» en las causas donde se implica un agente de policía.
Un mal decreto también si se es víctima
El sindicato también prevé disfunciones del decreto cuando el agente de los Mossos, en lugar de investigado, sea víctima. En resumen, creen que «el decreto determina que la indemnización la determina quien la tiene que pagar». En esta línea, recuerdan que, en caso de lesiones graves, los abogados de la Generalitat no presentan peritos porque «es más fácil aceptar el informe de los forenses aunque sea a la baja».
«No podemos olvidar que en muchos casos, la mayoría, el agresor es insolvente, y quien tiene que pagar la indemnización como responsable subsidiario es la Generalitat de Catalunya», alertan. Así, Ailmed se pregunta «si es su propia casa quien finalmente tendrá que pagar la indemnización, ¿cómo actuará el letrado habilitado?». En estos casos, quien debería pagar la indemnización es la misma administración que te defiende. «En este decreto, la defensa no es independiente», alertan.
