Más de seiscientas personas se encuentran en estos momentos a la espera de conseguir una plaza definitiva como funcionarios en la administración catalana tras meses de caos con la convocatoria de oposiciones 824 -en referencia al número de serie de la convocatoria- para acceder al cuerpo superior de administración y al cuerpo administrativo de la Generalitat de Catalunya. El bloqueo de este concurso de oposiciones se deriva del caos en el concurso de traslados del cuerpo superior de la administración catalana, el cual ha quedado temporalmente detenido a raíz de una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona número 12 firmada por la magistrada Irene Urbon. Esta resolución judicial decreta la nulidad del concurso de traslados tras dar la razón a una persona que recurrió contra el proceso alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. La sentencia judicial, con fecha de 14 de marzo, pues, decretaba la nulidad del concurso de traslados, motivo por el cual, si después del período de recursos, esta resolución continúa siendo firme, el procedimiento de traslados internos del cuerpo superior de la administración se tendría que volver a llevar a cabo.
Mientras se determina judicialmente el futuro del concurso de traslados, sin embargo, la convocatoria de oposiciones 824 sigue bloqueada, lo que ha dejado a 650 nuevos funcionarios a la espera de ser nombrados. Para aliviar las tensiones del sector y recuperar la normalidad, el gobierno de Salvador Illa ha pedido al Contencioso Administrativo la «suspensión cautelar» de la sentencia que «imposibilita terminar el concurso de traslados y nombrar a los nuevos funcionarios«. En caso de que el juzgado no acabe dictaminando a favor de la administración catalana, sin embargo, los afectados por el caos en la convocatoria 824, organizados a través de una plataforma, reclaman soluciones «excepcionales» para desbloquear la situación laboral de los cientos de opositores afectados: «Si no se produce la suspensión de la sentencia, el concurso de traslados se tendrá que retraer y volver a hacer, lo que se puede alargar, como mínimo y haciendo un ejercicio de optimismo, un año», advierte en conversación con El Món uno de los portavoces de la plataforma de afectados, Joan Manuel Fabra. Es decir, los afectados por el caso de las oposiciones bloqueadas reclaman al Gobierno que empiece a trabajar en «un plan B»: «No sabemos si lo están haciendo», lamenta.
El Gobierno confía en la suspensión de la sentencia
En estos momentos, el Gobierno ya ha puesto en marcha dos vías para intentar revertir la sentencia del Contencioso Administrativo. Por un lado, un recurso que el mismo ejecutivo catalán presentó sobre el fondo de la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pocos días más tarde de que recibiera la notificación de la sentencia. Con esta vía ya iniciada, el Gobierno también ha solicitado por escrito la suspensión cautelar de la sentencia al propio Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona. Una solicitud que ya se admitió a trámite la semana pasada y, según apuntan fuentes de la dirección general de Función Pública a este diario, ya se han fijado fechas para las respectivas audiencias. Desde el Gobierno, según explican, confían en que el juzgado acabe decantándose por suspender cautelarmente la resolución, pero, en caso de que la sentencia se mantuviera firme, buscarían nuevas vías «consensuadas con los sindicatos» para desbloquear los nombramientos de los nuevos funcionarios que han aprobado la convocatoria de oposiciones 824.
Paralelamente a las resoluciones judiciales sobre los recursos interpuestos por la Generalitat, sin embargo, el proceso de oposiciones continúa avanzando poco a poco, ya que los opositores aspirantes a funcionario que han aprobado la convocatoria ya han recibido a través del Portal del Aspirante -el canal con el que se gestionan las convocatorias de oposiciones- una comunicación que les informa que su nombramiento como personal funcionario de carrera será esta primera quincena de junio. Teniendo en cuenta que los opositores debían ser nombrados durante el mes de mayo, según los plazos estipulados por la consejería, en caso de que se acabaran nombrando como nuevos funcionarios este mes de junio, la administración catalana habría seguido bastante los plazos marcados.
División de opiniones entre afectados y Gobierno
El caos en el concurso de traslados que ha bloqueado la convocatoria de oposiciones 824 ha generado una gran división de opiniones entre los afectados y la administración catalana. De entrada, los afectados, organizados en plataforma, denunciaban que el Gobierno había justificado la demora en su proceso de oposiciones debido a «la avalancha de alegaciones» que se habían interpuesto en relación con el concurso de traslados del cuerpo superior. El pasado 21 de mayo, sin embargo, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, aseguró en una intervención en el Parlamento que el motivo real del retraso era el recurso judicial que desde el ejecutivo catalán han interpuesto al TSJC para revertir la sentencia. Aquí ya apareció el primer punto de conflicto: «El conseller de Presidencia, en comparecencia en el Parlamento, ha dejado en evidencia las mentiras que hemos recibido hasta el momento diciendo que el proceso está paralizado por esta sentencia», replicaban los afectados en respuesta a las palabras del titular de la cartera.
Ahora, sin embargo, el ejecutivo catalán asegura que la demora en los nombramientos de los nuevos funcionarios «está condicionada a la resolución del concurso de traslados en aplicación de la sentencia 116/2022, de 27 de septiembre, del Tribunal Constitucional, que determina que el destino asignado a los procesos selectivos debe ser de carácter definitivo, pero debe permitir la garantía del derecho de la movilidad del personal que con carácter previo ya era funcionario de carrera». Es decir, que los nombramientos de los nuevos funcionarios están condicionados a la resolución del concurso de traslados. Ahora bien, los aspirantes afectados aseguran que la sentencia del Constitucional a la que se aferra el ejecutivo catalán no establece que no se les pueda nombrar funcionarios antes de que se resuelva el concurso de traslados: «Es un acuerdo político al que llegaron con los sindicatos», replica Joan Manuel Fabra, en referencia al III Acuerdo general sobre condiciones laborales del personal administrativo. Es precisamente por este motivo que desde la plataforma de afectados consideran que, si se ha de dilatar extensamente la resolución del concurso de traslados -independientemente de si se ha de repetir-, la administración catalana les debe ofrecer una «solución excepcional», como por ejemplo separar los dos procesos. Mientras el gobierno de Salvador Illa continúa buscando la manera de desbloquear el conflicto, el malestar de los nuevos funcionarios afectados por el caso de las oposiciones bloqueadas sigue agravándose.
