La no aprobación de la oficialidad del catalán en Europa ha sido un golpe duro para el gobierno español que, por el momento, no puede cumplir una de las tantas promesas hechas. Ante las reticencias de algunos estados miembros, el PSOE ha elevado el tono contra estos países y ha asegurado que las dudas que expresan «no son legítimas» sino que lo que están siguiendo es «una táctica dilatoria», tal como ha expresado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en declaraciones recogidas por la ACN. «Lo que es inaceptable es decir que se tienen dudas, pero no expresar cuáles son, ni sentarse con España para trabajarlas», ha lamentado el ministro del PSOE.
Albares también ha aprovechado para sacar pecho en nombre del gobierno español. El ministro ha asegurado que comenzarán «a trabajar desde este mismo minuto, a todos los niveles, con los pocos estados que continúan manifestando que todavía necesitan un poco más de tiempo» y se desmarca de las dudas que han expresado cerca de 10 países este viernes por la mañana en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. «Nuestra propuesta es sólida, pero, sobre todo, es irrenunciable e irreversible», ha sentenciado Albares.
España defiende que no es necesario cambiar los tratados de la UE
Una de las grandes dudas que han expresado los estados miembros y los servicios jurídicos de la UE es que si se confirmara la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, esto implicaría una reforma en los tratados de la UE. El gobierno español defiende que el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE dice que “el Consejo, por unanimidad y mediante reglamentos, determinará el régimen lingüístico de las instituciones de la UE”. Además, el gobierno español señala que la opinión de los servicios jurídicos del Consejo de la UE no es vinculante. «No compartimos estas dudas porque están basadas en los servicios jurídicos del Consejo, que emiten opiniones, pero es su opinión. Hay otras, como la de los servicios jurídicos españoles, que lleva muchos meses escrita en un informe que comparten muchos estados miembros y sus servicios jurídicos», ha defendido Albares.
