El gobierno de Salvador Illa lucha por conseguir desbloquear el concurso de traslados del cuerpo superior de la administración catalana que ha terminado dejando a cientos de nuevos funcionarios a la espera de oposiciones. En detalle, los nuevos trabajadores de la administración que se han convertido en funcionarios a través del proceso de oposiciones 824 continúan a la espera de plaza después de más de medio año debido a una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona número 12 que decreta la nulidad del concurso de traslados, un procedimiento paralelo que debe completarse antes de poder garantizar el nombramiento de los nuevos funcionarios. Ahora, según explican fuentes de la dirección general de Función Pública a El Món, el Gobierno ha solicitado la «suspensión cautelar» de la sentencia que «imposibilita acabar el concurso de traslados y nombrar a los nuevos funcionarios». A estas alturas, según detallan las mismas fuentes, «el juzgado ya estudia la petición de suspensión cautelar de la sentencia tras admitir el escrito a trámite a finales de la semana pasada».
Desde el ejecutivo catalán argumentan que esta resolución judicial provoca agravios para los cientos de nuevos funcionarios bloqueados y defienden que, en cambio, «esta decisión no causa un daño irreparable al denunciante». Es decir, que los motivos por los cuales el denunciante ha solicitado la nulidad del concurso de traslados, alegando la vulneración de derechos fundamentales contra las bases de la convocatoria, no le causan «un daño irreparable» que justifique dejar a cientos de funcionarios a la espera de nueva plaza. Esta petición de suspensión cautelar se añade al recurso que el mismo ejecutivo de Salvador Illa presentó sobre el fondo de la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pocos días más tarde de recibir la notificación de la sentencia, que data del 14 de marzo. Así pues, con esta nueva petición al mismo Contencioso Administrativo, el Gobierno ha puesto en marcha dos vías para intentar desbloquear el nombramiento de los funcionarios detenido por la sentencia sobre el concurso de traslados que, aunque se refiere a un procedimiento independiente, interfiere en la conclusión de las oposiciones 824.
Los funcionarios podrían seguir sin plaza hasta septiembre
Según los plazos y las estimaciones facilitadas por las mismas fuentes de la dirección general de Función Pública, los nuevos funcionarios afectados por el caso de las oposiciones bloqueadas podrían continuar sin conseguir su plaza definitiva hasta el mes de septiembre. En detalle, desde el Gobierno confían en que el Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona pueda fallar «en el período de dos meses». Es decir, que hasta finales del mes de julio, el juzgado continúe estudiando la petición de suspensión registrada por la Generalitat: «Inmediatamente después se podría continuar con el concurso de traslados», explican. En esta línea, desde el ejecutivo catalán también defienden que, antes de la sentencia judicial, este procedimiento estaba «cumpliendo con el calendario» establecido, ya que «la valoración definitiva de los méritos y de la asignación definitiva de los puestos [todos los afectados tienen una plaza provisional asignada] estaba prevista para este mes de mayo después de que la adjudicación provisional se publicara el 11 de marzo, iniciando el período legal de recursos».
Es decir, independientemente de la sentencia, los nuevos funcionarios no habrían obtenido plaza definitiva hasta finales del mes de mayo. Ahora, sin embargo, con la resolución judicial, el procedimiento se ha terminado dilatando meses, lo que ha generado un fuerte malestar entre los afectados. Teniendo en cuenta la nueva realidad, sin embargo, hasta que no se resuelvan todos los recursos y las peticiones de la Generalitat para desestimar la sentencia del Contencioso Administrativo, los nuevos funcionarios no podrán ser nombrados en su plaza definitiva, ya que los nombramientos están condicionados a este procedimiento paralelo -tal como fija la sentencia 116/2022, de 27 de septiembre, del Tribunal Constitucional. A pesar del malestar ocasionado por el desbarajuste en la convocatoria de oposiciones 824, ya que hay personas en situación de interinidad o personas que, según denuncian los afectados, han dejado el trabajo «pensando en una incorporación inminente», desde el Gobierno aseguran que «el 87% de los aspirantes» que se presentaron a esta convocatoria «ya prestan servicios en la administración catalana».
