Hay muchos indicios y pruebas, incluso, una querella en la justicia andorrana contra Mariano Rajoy, dos de sus ministros y la cúpula del Ministerio del Interior durante los años de plomo de la operación Cataluña. Todo por la trama en Andorra de la operación Cataluña. Pero la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados ha permitido profundizar en una historia rica en detalles y giros de guion a lo largo de los últimos años. Las dos comparecencias del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y miembro del núcleo inicial de la policía patriótica, el comisario Marcelino Martín Blas, han aportado matices e informaciones adicionales sobre uno de los episodios más oscuros de todo el entramado contra el Procés.
En esta operación clandestina fuera de las fronteras del estado participaron policías, detectives, fuentes encubiertas, banqueros, exparejas con despecho y políticos muy cercanos a la Moncloa. Y hubo sobornos, amenazas, restaurantes, bodas. Martín Blas ha presentado un documento donde relata personalmente cómo se tramó la ofensiva andorrana. El informe está construido con anotaciones, notas informativas, informes policiales y declaraciones, así como sus aportaciones personales al relato, aunque niegue algunos extremos y hechos que las evidencias afirman, como el uso del alias Félix.
Villarejo y compañía
La tesis expresada en el documento es que la trama andorrana fue iniciada por el equipo que dirigía el comisario José Manuel Villarejo, por órdenes del director adjunto de la Policía, el máximo mando uniformado del CNP, por entonces Eugenio Pino -único condenado por la operación Cataluña a raíz del caso del pendrive de los Pujol- y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, alias Chisco o Paco Bomba. Todos ellos, el núcleo más íntimo del entonces ministro, Jorge Fernández Díaz.
El objetivo de la misión especial era detectar en Andorra dinero y fondos de los líderes soberanistas, especialmente de la familia Pujol Ferrusola, de Artur Mas y de miembros o dirigentes de Convergència i Unió. Muchos de estos documentos recogidos por Martín Blas se encontraban en diferentes sumarios, como el del caso Nicolay -el espionaje del Pequeño Nicolás-; la operación Kitchen, o la macrocausa Tándem, o la extraña investigación que en su día se llevó a cabo sobre la comida de La Camarga, en julio de 2010, entre la entonces líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.
Un encuentro donde aparece el hilo del dinero de Andorra que dos años después, en noviembre de 2012, uno de los personajes principales de la tramoya política del PP, el entonces jefe de gabinete de Rajoy, el diplomático Jorge Moragas, actualmente embajador de España en Tanzania, utilizó para animar a Victoria a denunciar a la policía y a la Audiencia Nacional, como recogen los mensajes de WhatsApp a los que ha accedido El Món. Una denuncia completamente controlada por Villarejo y conocida por Martín Blas. De hecho, Moragas había sido compañero de pupitre de Victoria Álvarez en la escuela. Por eso le insistía, después de que Villarejo contactara con ella vía Camacho, para que denunciara a los Pujol por «salvar España».
El 4 de octubre: Andorra, blanco sobre negro
Ahora bien, la primera vez donde se menciona la investigación de Andorra, en la documentación conocida hasta ahora, es un “informe de análisis de situación” del 4 de octubre de 2012, dirigido a la DAO, aportado por Martín Blas a la comisión. Un documento donde se informaba de los primeros contactos en Andorra. La fuente descrita era Philip McMahan Bolich, un ciudadano estadounidense que había estado involucrado con el caso Pretoria y que era residente en Andorra. Bolich se habría ofrecido a los espías españoles para detallar supuestas operaciones en el Principado y en Suiza de la familia del expresidente Pujol y de Artur Mas así como de otros dirigentes de Convergència i Unió (CiU). A cambio, pedía quedar liberado de las imputaciones y los embargos.
La información no cae en saco roto. El equipo de Villarejo se moviliza y comienzan los viajes a Andorra, y no precisamente a buscar mantequilla o queso. El mes de octubre de 2012 será especialmente intenso. La actividad se refleja en sus agendas, de las cuales los jefes de la investigación de la operación Tándem avalan el contenido. Lo primero que hace el comisario jubilado es reenganchar a uno de sus hombres fuertes en Cataluña, como es Antonio Giménez Raso, alias Tony o Melli. Un exinspector de policía veterano de la Prefectura del CNP en Cataluña que había estado imputado en la operación Macedonia, un caso de corrupción policial y narcotráfico, donde la policía patriótica también hizo de las suyas.
Los bancos, los primeros
Uno de los primeros objetivos de la “unidad andorrana” de la policía patriótica fue la Banca Mora, que ya se había reconvertido en MoraBanc. Una entidad financiera decana en el principado fundada por Bonaventura Mora. El banco había vuelto a ser plenamente de capital andorrano después de que los socios fundadores recompraran hasta el 51% de las acciones al BBVA en 2006. La investigación se inició después de que MoraBanc comenzara su expansión internacional en EE.UU. y Suiza -donde también la policía patriótica extendió sus tentáculos- a través de Boreal, una “boutique de gestión patrimonial”. Los hombres de Villarejo comienzan a recoger datos de estructuras societarias que podrían tener información financiera de los Pujol, como sociedades de gestión como Órbita.
Una nota informativa dirigida al DAO de 18 de octubre de 2012, aportada ahora al Congreso, ya detalla como fuentes donde poder obtener información la Banca Mora y el Banc Sabadell de Andorra. Dos entidades donde la policía sospecha que los Pujol, Artur Mas y “otros” tienen fondos y activos. De hecho, añaden que las entidades andorranas servirían de puente para trabajar con bancos suizos que servirían para financiar irregularmente CiU. La nota llega tras los encuentros con Tony referenciados en la agenda de Villarejo el 17 de octubre.
El cinco de noviembre de 2012, un día antes de la conversación que mantiene con Sánchez Camacho que lo pone en contacto con Vicky Álvarez, Villarejo ya refleja en su plan de trabajo de la operación Cataluña una cena y un almuerzo con ciudadanos andorranos. Esta vez los contactos los habría proporcionado el Mago, un alias que el comisario utiliza para referirse al exdetective de Método 3 Antonio Tamarit, por la semejanza de su apellido a la del famoso prestidigitador Juan Tamariz. Tres días después, Villarejo añade a otro de sus mejores colaboradores y fuente de información, el controvertido banquero José Clemente Marcet, alias Clon, que le da un contacto andorrano, Conxita Heral, una reconocida agente inmobiliaria del país, que habría muerto en 2018.
Primeros frutos
El trabajo comienza a dar los primeros frutos. El 10 de noviembre Villarejo referencia “informaciones con el entorno financiero de Andorra y el entorno de Jordi Pujol y de CiU”. Se añade a la investigación el Banc de Crèdit Andorrà, actualmente Creand, que actúa en varias plazas financieras de España, Luxemburgo, EE.UU. y Panamá. Será el 17 de noviembre donde la cloaca ya cree que tiene suficiente información para un “informe borrador” de las “fortunas” de Jordi Pujol y Artur Mas fuera de España, que habrían sido elaborados por la UDEF y filtrados al diario El Mundo.
De hecho, otro informe aportado al Congreso muestra cómo la Unidad de Asuntos Internos, dirigida por Martín Blas, corrobora el 9 de marzo de 2013 esta versión de los hechos, aunque concluye que no puede derivar ninguna responsabilidad sobre la filtración. En el informe habría participado un viejo conocido de las operaciones de la UDEF contra el Procés, el inspector 89.140 que estuvo imputado por el caso del pendrive, pero finalmente, la Abogacía del Estado logró excluirlo del procedimiento. El 29 de diciembre, Villarejo emite una nota informativa, también aportada ahora al Congreso, con el sello de “confidencial”, donde informa al gabinete del ministerio del Interior de las cuentas bancarias que la familia Pujol tendría en Andorra, al menos desde 2002, así como su patrimonio inmobiliario.
Más protagonistas
El 24 de enero de 2013, nuevo balance de las pesquisas en Andorra con la entrada de nuevos protagonistas. Así Villarejo propone la posible ayuda de un policía andorrano que estaría adscrito a la policía judicial, Luis Adrian, y de otro policía, exmiembro del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), Luis Esteban, que haría tareas de seguridad en la embajada. Es la primera vez que aparece un nombre clave de la trama andorrana, Celestino Barroso, el agregado de Interior en la legación diplomática española, que hasta el momento conserva la inmunidad diplomática.
Seis meses después, el equipo de Villarejo para Andorra se refuerza con una pieza interesante, el policía Pedro Esteban, alias Pedro Barna, miembro de Información en la Prefectura de Cataluña, adscrito a la demarcación de Barcelona y responsable de la investigación de los 33 jueces que defendían el derecho a decidir. Una maniobra difundida a través de La Razón, unos hechos por los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se vio obligado a reprender a España. Esta operación se hizo, teóricamente, a espaldas de Martín Blas.
Esteban les da más que una mano y proporciona detalles sobre Celestino Barroso. El 25 de junio, Villarejo y Pino mantienen un encuentro para hacer balance de la “banca andorrana”. Tres semanas después, se incorpora otro nombre importante en la trama: Villarejo recoge los datos de Bonifacio Díez, alias Boni, también protegido por la inmunidad diplomática, y se apunta un posible sobresueldo de 1.500 euros mensuales. El caso de Boni es especialmente paradigmático, porque ganó un pleito contra el Estado por su base de cotización para cobrar una pensión de jubilación máxima.
Ofensiva a la BPA
Martín Blas obvia información hasta el mes de julio y explica su versión de los hechos, que se puede completar perfectamente con la investigación que la Batllia 2 de Andorra, -el juzgado de instrucción andorrano lleva desde el cierre de la BPA-. Es final de mayo de 2014. Es entonces cuando Celestino Barroso llama a Higini Cierco, entonces presidente del consejo de administración de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde las pesquisas policiales los han llevado. Fuentes de la investigación, consultadas por El Món, aseguran que son los otros bancos andorranos los que redirigen a la policía patriótica española hacia la BPA. De hecho, el banco donde los Pujol habrían tenido el dinero, presumiblemente procedente de la «famosa herencia del abuelo Florenci», habría expulsado a la familia de la entidad por las investigaciones que hacían en España sobre su patrimonio. Barroso quiere mantener una reunión inmediatamente. El encuentro se celebra en la empresa Indústries de Muntanya, propiedad de los hermanos Ramon e Higini Cierco, dueños de la BPA.
De hecho, Barroso quiere ir al grano y ni siquiera quería subir al despacho, pero finalmente subió. La conversación fue breve y al grano: “Mira, quiero que sepas que sería conveniente que hablaras con unas personas en Madrid por el asunto del banco. Si no lo haces, el banco morirá”. Le añadió que los “americanos están al tanto”. Una información fundamental a la vista de las pesquisas del Tesoro de los Estados Unidos para ensombrecer el prestigio bancario de Andorra describiéndola como una “lavadora”, un paraíso para el blanqueo de dinero. Según sus propias explicaciones, Cierco no sabía quién era Barroso, ni el poder que podría ostentar.
Encuentros, reuniones y amenazas
Cierco pide calma y le pide a Barroso que se entreviste con el consejero delegado del Banco, Joan Pau Miquel, en la sede de la BPA. La reunión se celebra y la supuesta amenaza se repite. Miquel explicó este episodio en su declaración ante el Tribunal de Corts de Andorra, en el juicio por la derivada andorrana del caso Emperador o Gao Ping, del cual se ha demorado hasta dos veces dictar la sentencia. Un detalle nada menor es que en aquella época la filial española de la BPA, Banco Madrid, ya era investigada por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, el poderosísimo Sepblac, que finalmente archivó la investigación. Miquel, advertido de las intenciones de Barroso por parte de Cierco, no se contuvo de encender la grabadora durante la reunión. El audio se pudo escuchar en la sala del juicio de la BPA de Andorra.
En aquel encuentro, Barroso se definió como un “representante” del Estado español. No se entretuvo y le advirtió: “Le doy un mensaje. Si quiere evitar salir sacudido de parte del Estado español”. El mensaje dejó perplejo a Miquel, que en la conversación se esfuerza por explicar que no entiende nada porque ya han pasado la inspección del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España “sin ningún problema”. Barroso le da instrucciones: “Usted hágame caso, le llamará un tal Félix para verse en Madrid y si colabora evitará que Banco Madrid reciba un hachazo”.
En el ‘hall’ del hotel Villamagna
Barroso envió a Miquel un SMS –donde le informaba que un tal «Félix Rodriguez, en representación del Estado Español” contactaría con él para tener “un encuentro en el hotel Villamagna de Madrid”. La reunión se celebró el 6 de junio de 2014 y otra posterior el 18 de junio. Según las fotografías del informe de inteligencia, el interlocutor de Miquel, el tal Félix, era el comisario Martín Blas. Aunque Martín Blas niega que utilizara el alias de Félix, un audio anterior confirma que toma este nombre en homenaje, como bromeó Villarejo, al famoso «gato Félix». De todas formas, Martin Blas asegura que el audio -que debería ser secreto porque hay un mando de la Comisaría General de Información y por tanto, tendría carácter reservado- es 30 meses antes de recibir la primera denuncia por parte de los hermanos Cierco por un delito de coacciones.
Cierco y Miquel no son los únicos que reciben presiones. Entra en escena Bonifacio Díaz, Boni, con buenos contactos en el principado y muy cercano a Eugenio Pino. Boni aprovecha los contactos que había hecho en Andorra y entra en el caso por una vía lateral, pero efectiva. Llama a José Crespo, jefe de la sección de Empleo y Seguridad Social de la legación diplomática española en Andorra, que tiene amistad con Boni y su esposa. Crespo, siempre según la versión de los Cierco, habría contactado con Rosa Castellón, secretaria del consejo de administración de la BPA.
El marido de Castellón recibe una llamada y una voz le espeta: “Dile a tu mujer que baje al bar, que espere que venga un señor con un teléfono y que responda a la llamada”. Rosa lo hizo. Bajó a un conocido bar de la Illa Carlemany, –un centro comercial bastante concurrido– y un hombre, supuestamente Crespo, entra con un móvil y le pasa el aparato. Al otro lado de la línea está Boni : “Tienen que ver unas personas en Madrid, aconséjales que colaboren, si no, las cosas no irán bien”. Crespo en una misiva escrita a la embajada española en 2016, negó haber participado en cualquier conspiración pero sí aceptó que conocía a Castellón.
Un encuentro versionado
Miquel llamó a un viejo conocido del banco, el abogado José María Fuster Fabra. Había sido letrado de la entidad y sabía que asesoraba a miembros importantes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Quería saber “de qué iba todo aquello” y si podría darle alguna pista sobre el tal “Félix”. Fuster Fabra no falló en ayudarlo a darle contexto, y le hizo el “perfil” rápidamente anunciándole que Félix era el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos y enlace con los servicios de inteligencia españoles. Curiosamente, Fuster Fabra apareció de la boca de Martín Blas el martes de esta semana en la comisión.
En todo caso, se celebra el encuentro en el hall del hotel Villamagna el seis de junio. Martín Blas detalla que de la sede de Asuntos Internos al hotel son pocos minutos. La policía patriótica, según se desprende de los documentos del comisario Villarejo aportados al sumario a los cuales ha tenido acceso El Món, montó un dispositivo de vigilancia. Miquel llevaba una camisa azul y unos vaqueros. El encuentro era informal, aunque había hasta cinco agentes de policía contravigilando. Los policías definen a Martín Blas en su informe como “el Jefe”, motivo que determina que eran agentes de Asuntos Internos. Según explica Miquel, el comisario le mostró un papel donde decía “estamos en guerra contra el nacionalismo catalán” y “queremos información bancaria de Mas, Junqueras y Pujol y sus familiares“. También le alertó que el “Sepblac y los americanos estaban detrás de esta operación”. Martín Blas, sin embargo, niega ahora esta información y ha asegurado al Congreso que abandonó el encuentro, una vez se saludaron, y que Miquel fue al baño. Según el comisario, su intuición le dijo que esa reunión no les llevaría a ningún lado.
Según Miquel, Martín Blas le aseguró que tenía información sobre las cuentas de los Pujol y solo quería la confirmación. Una maniobra conocida en el argot policial, como «disparar al matorral a ver si salta el vietnamita». Es decir, ofrecer una información para que sea corroborada. Miquel le dijo que no tenía esa información y Martín Blas le pidió que no lo tomara por idiota. Pocos minutos después, en el mismo hotel, y siguiendo el atestado policial clandestino del encuentro, llegó Higini Cierco para encontrarse con Miquel. Se instalaron en la terraza, y mientras Miquel le mostraba unos documentos, Cierco bebió un agua mineral y su CEO pidió una hamburguesa y una Coca-cola. Los espías de la policía patriótica levantaron el dispositivo de contravigilancia a las tres de la tarde.
Una boda y un motorista
El 18 de junio se vuelven a encontrar en el mismo hotel el comisario Martín Blas y Joan Pau Miquel. Esta vez estuvieron veinte minutos y el comisario fue el encargado de pagar las consumiciones. Con todo, este encuentro es negado por Martín Blas. Pero las reuniones no acaban aquí. Según la versión de Martín Blas, Fuster Fabra, con quien estableció una buena amistad cuando el abogado representaba los intereses del Sindicato Profesional de la Policía y el comisario pledeaba por el reconocimiento del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, le pide que hable con los Cierco. Será el 21 de junio en la boda del sobrino de Fuster Fabra. El abogado barcelonés sienta en la misma mesa a Pino, Martín Blas y Cierco en el restaurante, que casualmente, también se llama La Camarga. Según Martín Blas, al final del banquete le dijo: «Llames al que viste el otro día que tiene algo para ti».
En el juicio de la BPA, sin embargo, se añade un episodio que redondea la historia. Se trata de que, después de la boda, Miquel preparó información para entregar a Martín Blas. Pero recibió otra llamada de un viejo cliente del banco. Lo era desde que la BPA se llamaba Banco Cassany: de hecho, lo tenía registrado como cliente del Ynassac, el nombre del Banco Cassany al revés. Había hecho negocios entre el año 1996 y 1998 en el País Vasco del norte, donde tenía la sede la empresa de este cliente. Miquel escuchó a su antiguo cliente, sorprendido de que conociera las presiones que recibía de la policía española. “¿Dónde estás?”, le preguntó. “En el despacho de Madrid”, respondió Miquel. “No te muevas, vendrá un motorista te traerá un sobre con información. Entrega esta información a Martín Blas”, le instruyó.
Al cabo de media hora, un mensajero con un sobre con la información que le había anunciado el viejo cliente vasco. Miquel destruyó la suya y la sustituyó por estos papeles, que en el juicio no detalló qué eran, solo se refirió a ellos como “recortes de prensa y documentos que hacían referencia a los Pujol”. “Cuando se lo entregué a Martín Blas parecía contrariado, pero lo cierto es que desde ese día ya no me llamó más”, explicó al tribunal. Una versión que coincide con la de Martín Blas en el Congreso de este martes, que asegura que vio la información que le había dado y la rompió porque «no servía para nada».
Nueva nota informativa y una declaración notarial
Diez días después, el 1 de julio de 2014, Villarejo emite una nota informativa de «fiabilidad muy alta» dirigida al DAO titulada «dinero offshore familia Pujol», donde refiere las cuentas de la familia Pujol en la BPA. En esta nota se incluye la famosa captura de pantalla donde se muestran los traspasos de depósitos a la entidad andorrana de Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol, así como de Marta Ferrusola, por valor de 3,4 millones de euros. Según esta nota informativa aportada al Congreso estas «informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los mismos responsables de la BPA, que ante el temor de perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través del Banco Madrid habrían optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas».
El siete de julio se publicaba en la portada deEl Mundo la famosa captura de pantalla. El mismo día, Villarejo apunta en su agenda que fue Pino quien filtró los datos a El Mundo. El periodista que firmó la información, Fernando Lázaro, hizo una manifestación notarial, aportada esta semana al Congreso, en que negaba que fuera Martín Blas la fuente de la información. De hecho, en julio de 2014, en otra anotación, el comisario asegura que Pedro Esteban apunta a Barroso como el conseguidor de la captura de pantalla, y era del equipo de Villarejo, que respondía ante el DAO. A partir de esta captura de pantalla, en marzo de 2015 continuó la historia con la intervención de la BPA y de su filial española, Banco Madrid, a raíz de una investigación de los famosos «americanos» por blanqueo de capitales. Pero eso ya serían higos de otro costal.
