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Saba propone peajes con lectura de matrícula y costo variable

El debate sobre cómo pagar las carreteras ha vuelto a Cataluña cinco años después del levantamiento de las barreras de los principales peajes del país. La propuesta del presidente de Saba Infraestructuras, Salvador Alemany, de instaurar un sistema de pago variable según el uso de la red, coincide con el planteamiento que estudia el Gobierno para recuperar algún tipo de pago por circular por las vías de alta capacidad. Ambas propuestas parten de una misma premisa, que el mantenimiento de las carreteras tiene un costo y que no puede recaer indefinidamente sobre los presupuestos, pero plantean modelos diferentes.

Lectura de matrículas sin barreras

Alemany ha defendido en una intervención en el Colegio de Economistas un sistema de peajes sin barreras físicas, con lectura automática de las matrículas y una tarifa que varíe en función del tipo de vehículo, los kilómetros recorridos y el impacto ambiental de cada desplazamiento. Su propuesta sería homogénea para el conjunto del Estado y se basaría en los principios de “quien utiliza la vía paga” y “quien contamina paga”.

El presidente de Saba ha planteado, además, que los ingresos se destinen de manera finalista a la conservación de la red. Su modelo excluiría del recibo de los usuarios el costo de construir nuevas infraestructuras o de hacer grandes transformaciones de las existentes, que continuarían financiándose con recursos públicos. De esta manera, según Alemany, las tarifas podrían quedar muy por debajo de las de los antiguos peajes.

La propuesta llega mientras la Generalitat estudia una fórmula propia. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, defendía hace unas semanas una viñeta anual para circular por las vías de alta capacidad de Cataluña, inspirada en los modelos que funcionan en países como Austria o Suiza. El planteamiento del Gobierno busca garantizar recursos para el mantenimiento de la red vial y, al mismo tiempo, contribuir a la financiación del transporte público. El modelo de la Generalitat, por tanto, no sería exactamente un retorno de los antiguos peajes. En lugar de pagar cada vez que se atraviesa una barrera, los conductores asumirían una cuota por disponer de las vías de alta capacidad. El Parlamento instó en julio al Gobierno a impulsar este sistema de pago, reabriendo formalmente el debate sobre el futuro financiamiento de las autopistas y autovías catalanas.

Imagen de recurso de la autopista AP-7 / Servei Català de Trànsit
Imagen de recurso de la autopista AP-7 / Servei Català de Trànsit

El coste de conservar las carreteras

La discusión se produce en un momento en que el costo de mantener la red vial vuelve a estar en el centro del debate. Según los datos expuestos por Alemany, conservar las vías de alta capacidad del Estado cuesta entre 110.000 y 125.000 euros anuales por kilómetro, sin contar las nuevas construcciones ni las grandes remodelaciones. En conjunto, el gasto anual de conservación se sitúa entre los 2.100 y los 2.200 millones de euros.

El presidente de Saba considera que mantener la gratuidad actual de las autovías es difícilmente sostenible porque, aunque el usuario no pague directamente, la infraestructura sigue teniendo un costo que acaba asumiendo el conjunto de los contribuyentes. “La gratuidad en sí misma no elimina el costo de la infraestructura, la pagará uno u otro”, ha advertido.

La principal diferencia entre los dos modelos es cómo se reparte este costo. La viñeta que estudia la Generalitat haría pagar una cantidad por el acceso a la red, mientras que el sistema defendido por Alemany intentaría vincular más directamente el recibo al uso efectivo de la carretera, al vehículo y a su impacto ambiental. En ambos casos, el debate apunta hacia una misma dirección: superar el modelo de carreteras completamente gratuitas y establecer algún mecanismo para que los usuarios contribuyan a su mantenimiento.

En Cataluña, la recuperación del debate llega después de la eliminación de los grandes peajes en 2021. Desde entonces, la cuestión ha quedado pendiente de resolver: cómo garantizar el mantenimiento de una red vial extensa y cara de conservar sin volver necesariamente al sistema de barreras y concesiones que marcó durante décadas las autopistas catalanas.

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