El traspaso de la R1 de Rodalies, la línea que conecta Barcelona con el Maresme y llega hasta Maçanet-Massanes, enfrenta las últimas etapas tras casi dos años de negociaciones y trámites administrativos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, abordan este jueves en el Palau de la Generalitat el estado del proceso, que el Gobierno quiere culminar entre finales de octubre y principios de noviembre. La proximidad de las elecciones españolas del 29 de noviembre ha añadido presión al calendario, ante la incertidumbre sobre la continuidad de los compromisos ferroviarios si hay un cambio de gobierno en la Moncloa.
La convocatoria electoral convierte el traspaso de la R1 en una de las carpetas que la Generalitat quiere dejar resueltas antes de los comicios. El Gobierno confía en que los acuerdos se mantengan independientemente del resultado electoral, pero un eventual cambio político en el Estado podría dificultar el despliegue de las transferencias pendientes, especialmente en lo que respecta a la financiación. Por eso, la reunión entre Illa y Puente debe servir para revisar los avances y concretar los pasos necesarios para cerrar la operación.
La R1 es la primera línea escogida para iniciar el traspaso de la infraestructura ferroviaria a Cataluña, en el marco de los compromisos políticos para avanzar hacia una gestión propia de Rodalies. El proceso dio un primer paso formal en enero de 2025, cuando el Gobierno aprobó solicitar la exclusión de la red ferroviaria de interés general del tramo comprendido entre la bifurcación de la Sagrera y Maçanet-Massanes. Esta modificación es necesaria para poder transferir la titularidad a la Generalitat.
El procedimiento ha requerido inventariar los bienes y las instalaciones que se deben traspasar, valorar los activos y concretar las obligaciones económicas asociadas. El calendario inicial se ha ido alargando mientras las administraciones preparaban las condiciones de la transferencia, y el pasado agosto, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, situó en octubre la reunión bilateral necesaria para aprobarla. Esta semana ha reiterado que los trabajos de su departamento están finalizados y que el objetivo es cerrar el acuerdo entre la semana próxima y principios de noviembre.
Para formalizarlo, es necesario convocar la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que debe concretar los aspectos financieros. Posteriormente, el acuerdo deberá recibir las aprobaciones institucionales correspondientes. La proximidad del 29-N hace que el calendario sea especialmente relevante: cerrar el traspaso antes de las elecciones permitiría dejar formalizada esta primera transferencia antes de que los resultados puedan alterar las prioridades del gobierno español.
Un traspaso que necesita recursos y competencias claras
La cuestión central es qué recibirá exactamente la Generalitat y con qué recursos deberá asumir la gestión. El traspaso de la infraestructura no implica necesariamente que la administración catalana pase a controlar de manera inmediata todas las funciones que actualmente desarrolla Adif, como la gestión de la circulación o determinados sistemas técnicos. Por eso, el convenio deberá delimitar las responsabilidades de cada parte y las condiciones en que se prestarán los servicios que continúen dependiendo del operador estatal.
La financiación es otro de los elementos determinantes. La transferencia debe ir acompañada de una valoración de los activos y de los recursos necesarios para mantenerlos y renovarlos. Sin una dotación suficiente para afrontar las necesidades de la línea, el cambio de titularidad podría trasladar a la Generalitat responsabilidades sobre una infraestructura envejecida sin garantizarle los medios necesarios para mejorarla. Este aspecto también será clave para determinar hasta qué punto el traspaso queda consolidado más allá del calendario político inmediato.
Ahora bien, la formalización del acuerdo tampoco resolverá por sí sola los problemas de funcionamiento de Rodalies. La mejora de la puntualidad, la reducción de las incidencias, la renovación de las instalaciones y la información a los usuarios dependerán de las inversiones y de la capacidad efectiva de gestión de las administraciones implicadas.
El traspaso de la R1 debe servir, por tanto, para comprobar hasta qué punto el nuevo modelo permite acercar las decisiones sobre la infraestructura y el servicio a la administración catalana. El reto inmediato es cerrar los trámites antes del 29-N; el de fondo, asegurar que la transferencia de responsabilidades vaya acompañada de financiación, capacidad de decisión y compromisos verificables de mejora.
