La Generalitat da por encaminada la ampliación del aeropuerto del Prat a pesar de la oposición de una parte del territorio, las entidades ecologistas y diversas organizaciones sociales y vecinales. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el Ejecutivo entiende “perfectamente la inquietud” que genera el impacto ambiental del proyecto, pero ha remarcado que “la decisión está tomada” y que ahora es necesario trabajar para que la actuación se desarrolle con las máximas garantías ambientales.
Las declaraciones llegan dos días después de la manifestación convocada en Barcelona contra la ampliación, que reunió más de 200 entidades y 5,500 personas según la Guardia Urbana. La movilización evidenció de nuevo la fractura en torno a un proyecto que el Gobierno catalán, el Estado y Aena consideran estratégico para el futuro de la principal infraestructura aeroportuaria catalana.
Sea como sea, el proyecto ha entrado en una nueva fase tras la aprobación, la semana pasada, del DORA III, el plan que fija las inversiones de Aena para el periodo 2027-2031. El documento reserva 1,760 millones de euros para el aeropuerto del Prat, una parte de los cuales está vinculada a actuaciones que preparan la futura ampliación. En concreto, hay 191 millones de euros para actuaciones preparatorias, incluidas las compensaciones ambientales asociadas a la prolongación de la pista.
Una ampliación que todavía no tiene la tercera pista
A pesar de este primer paso, el DORA III no incorpora todavía la ejecución de la prolongación de la tercera pista ni la construcción de la terminal satélite. Estas actuaciones quedan fuera del horizonte de inversión 2027-2031, de modo que la ampliación física de la capacidad aeroportuaria tendrá que esperar a una fase posterior.
La inversión aprobada permitirá sí actuar sobre buena parte de la infraestructura actual. Entre las principales partidas hay 459 millones para la reconfiguración de la T1, 91 millones para la T2 y 158 millones para actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, además de inversiones en seguridad, sostenibilidad, procesos y sistemas. Aena mantiene que el proyecto global de ampliación permitiría reforzar el papel del Prat como hub internacional y dar respuesta a la demanda futura. El proyecto acordado en 2025 entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat preveía una inversión global de unos 3,200 millones de euros, incluidas las actuaciones ya planificadas y las asociadas a la ampliación.
El conflicto ambiental sigue abierto
El principal punto de controversia sigue siendo el impacto sobre el entorno del delta del Llobregat y, especialmente, sobre el espacio natural de la Ricarda. Las entidades contrarias al proyecto consideran que la ampliación es incompatible con los objetivos climáticos y con la preservación de los espacios naturales del delta. La manifestación del domingo contó con el apoyo de más de 210 entidades, entre organizaciones ambientales, sociales y vecinales, así como de más de un centenar de académicos.
El Gobierno, en cambio, defiende que las medidas compensatorias ambientales deben convertirse en una parte central del proyecto. Paneque reivindicó este martes que el objetivo es lograr que Cataluña disponga de un aeropuerto “sostenible” y ha situado las garantías ambientales como una de las condiciones para desplegar la actuación.
El debate sobre el Prat entra en una nueva etapa: la decisión política de avanzar con la ampliación está tomada, pero las actuaciones que deben transformar físicamente el aeropuerto aún dependen de los trámites posteriores, las exigencias ambientales y la concreción de las inversiones más allá de 2031.
