El Govern y Esquerra Republicana de Catalunya llevarán en las próximas semanas al Congreso de los Diputados la proposición de ley para sacar adelante el Consorcio de Inversiones entre el Estado y la Generalitat. El proyecto busca ejecutar uno de los puntos clave del acuerdo de investidura de Salvador Illa, más de un año y medio después de que se conformara el ejecutivo con el apoyo de los republicanos y los Comuns. Según han adelantado las partes, la proposición de ley, que estará en manos de ERC, se presentará durante la próxima semana y se debatirá en el hemiciclo el próximo 28 de abril. Así lo han detallado el director general republicano, Lluís Salvadó, y la consejera de Economía, Alícia Romero, en una presentación este lunes en la sede del Cercle d’Economia. Ninguna de las partes ha bajado a los detalles del futuro consorcio, más allá de algunas pinceladas aún por concretar. Lo han celebrado, sin embargo, como un «proyecto estratégico para el país» que sirve para «dejar de quejarnos y poner soluciones», en palabras de la titular de Economía. La composición del consorcio será «paritaria», aunque no han detallado la distribución de la jerarquía entre ambas administraciones.
A ojos de las partes, la principal responsabilidad del consorcio será la planificación. Entre las tareas asignadas, estará elaborar un «plan plurianual de inversiones» que detalle las necesidades de capital de las infraestructuras catalanas a medio plazo. «La propuesta más fundamental de todas es identificar las necesidades de la próxima década y garantizar que se realicen», ha reflexionado Salvadó. El mundo económico catalán, sobre esta proposición, ha reclamado que se añadan mecanismos correctores, que se activen en caso de que no se alcancen los objetivos marcados por el organismo bilateral. Fuentes conocedoras del proceso, sin embargo, enfrían esta posibilidad, que consideran «muy difícil» desde un punto de vista legal. En este sentido, confían el funcionamiento del espacio a acelerar proyectos para que se puedan sacar adelante tan pronto como el Estado español los incluya en los PGE, y no establecen ningún indicador de mínimos para fijar cuál es la inversión anual suficiente en Cataluña.
Más allá de estas indicaciones, Salvadó también ha adelantado que, si se acaba aprobando la proposición de ley, se constituirá una comisión bilateral para terminar de definir los estatus del futuro consorcio. Una vez estructurado, se creará una sociedad mercantil asociada que debería aportar «agilidad» a la visión estratégica del organismo. «Debe ser operativa y acortar un montón los trámites», ha detallado el director general de ERC. A pesar de ello, ninguna de las partes espera que el consorcio, incluso si es aprobado, esté en pleno funcionamiento a corto plazo. «Se necesita un instrumento muy bien musculado, que no lo tendremos de hoy para mañana», según avisan fuentes conocedoras del proceso. Una vez esté en pleno funcionamiento, el objetivo será superar el 90% de ejecución; es decir, prácticamente duplicar el ratio actual.
Incógnita política
La proposición de ley, que está registrada desde hace meses, llegará al Congreso de los Diputados la próxima semana. Está previsto que la primera votación se produzca el 28 de abril, el próximo martes. Según ha adelantado Salvadó, los votos de los partidos que forman el gobierno español estarían garantizados, en tanto que la iniciativa «parte del acuerdo con los ministerios» afectados: Transportes y Hacienda. No obstante, para sacar adelante la propuesta será necesario activar los votos de Junts per Catalunya; que, según fuentes cercanas al ejecutivo, están lejos de estar asegurados. En una entrevista en TV3 este mismo lunes, la portavoz republicana, Ester Capella, ha instado a los independentistas a apoyar la ley cuanto antes mejor. Para convencer al grupo que lidera Míriam Nogueras, ha recordado la respuesta afirmativa de los republicanos a una de las medidas centrales de Junts en Madrid esta legislatura, como ha sido el traspaso de competencias migratorias. Entonces, subrayaba Capella, «ERC estuvo allí». Ahora, los de Oriol Junqueras «esperan a todos y esperan que no hagan sufrir hasta el último minuto».
El mundo económico critica las décadas de incumplimiento
En el acto han participado Pimec, el Cercle d’Economia y la Cámara de Comercio de Barcelona. También han estado presentes los sindicatos, así como otras organizaciones sociales del país. La ausencia más destacada ha sido la de Foment del Treball, que «había recibido una invitación», según fuentes de la organización, pero finalmente la ha declinado. Sí que han estado en la lista de asistentes el nuevo presidente de la asociación FemCat, Tatxo Benet, o el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana.
El mundo económico catalán recibe con optimismo la propuesta de consorcio; pero también con el recelo del «costo de oportunidad perdido» durante las últimas décadas, en palabras del presidente de la patronal de las pymes, Antoni Cañete. Las entidades empresariales del Principado lamentan que, a pesar de los reiterados compromisos socialistas desde la primera investidura de Sánchez, «no se ha cumplido la ejecución presupuestaria, y la realidad es que ha ido a peor». A ojos del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, el consorcio supone «una fórmula nueva» para aplicar las inversiones que hasta ahora han quedado abandonadas. «Hay una inversión bruta pendiente de 50.000 millones de aquí al año 2043 para alcanzar el 19% de stock de capital neto en infraestructuras que nos corresponde», detalla el líder de la corporación de derecho público; que insta a las administraciones a acelerar su entrada en funcionamiento.
La presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia Milà, ha reconocido el aumento de la inversión presupuestada en Cataluña desde el año 2021, aunque critica al ejecutivo de Sánchez que «no ejecutan» lo pactado. «Quedan muy bien, presupuestan de acuerdo con el PIB per cápita, pero luego no llegan a nada», ha apostillado. En este sentido, la representante del Cercle reclama que se establezcan objetivos claros y «transparentes», para que la sociedad civil pueda fiscalizar con datos el aterrizaje de capital público en el Principado. «Una tasa de ejecución por encima del 90% sería un éxito», ha reflexionado la representante del club de las élites barcelonesas.
