El impuesto de sucesiones y donaciones se ha convertido en uno de los principales frentes de confrontación fiscal en el Parlamento de Cataluña. La tributación de las herencias, una de las figuras más controvertidas del sistema tributario propio, enfrenta dos concepciones sobre cómo se deben repartir las cargas fiscales y qué papel deben tener los impuestos en la redistribución de la riqueza. Desde la oposición, Junts per Catalunya ha situado la reforma de sucesiones y donaciones entre sus principales reivindicaciones económicas, con una propuesta de bonificación generalizada para los familiares y una rebaja del IRPF. El PSC, ERC, los Comuns y la CUP han rechazado estas iniciativas y defienden preservar el tributo. Con Salvador Illa en la Generalitat, el PP, Vox y Aliança Catalana también han presentado o defendido propuestas de reducción fiscal, aunque desde planteamientos y prioridades diferentes a las del partido de Carles Puigdemont.
El debate ha tenido diversas expresiones parlamentarias durante esta legislatura. En febrero de 2026, el PP llevó a la cámara una iniciativa para bonificar el 99% del impuesto de sucesiones para los familiares directos. El 15 de abril fue Junts quien presentó una proposición de ley que combinaba una rebaja del IRPF con una bonificación del 99% de sucesiones y donaciones para el núcleo familiar directo. La iniciativa quedó rechazada en el debate a la totalidad, después de que prosperaran las enmiendas presentadas por el PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Las cuatro formaciones sumaron 72 votos, frente a los 61 de Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana.
A pesar de la derrota parlamentaria, la cuestión no ha desaparecido de la agenda política. Junts recuperó la reivindicación en el debate de política general del 30 de septiembre, con nuevas propuestas de supresión de sucesiones y donaciones y de rebaja del IRPF. La formación también planteó bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales para facilitar el acceso a la primera vivienda. A las puertas de las elecciones españolas el 29-N, la fiscalidad continúa como uno de los ejes de confrontación entre el Gobierno de Salvador Illa y los grupos de la oposición.
Junts: aliviar la carga fiscal de las familias
La formación de Carles Puigdemont ha convertido la rebaja fiscal en uno de sus principales argumentos económicos. Considera que Cataluña soporta una presión fiscal elevada, especialmente sobre las rentas medias, y que el sistema penaliza el ahorro, la acumulación patrimonial y la transmisión de los bienes entre generaciones. Su propuesta pasa por bonificar el 99% del impuesto de sucesiones para los familiares de primer y segundo grado —cónyuges, padres e hijos— y establecer bonificaciones de hasta el 80% para los hermanos, tíos y sobrinos.
La iniciativa también incorpora una reforma del IRPF. Los independentistas defienden deflactar los tramos autonómicos para compensar el efecto acumulado de la inflación, reducir el tipo del primer tramo del 9,5% al 9% y elevar el mínimo personal del contribuyente. La formación considera que la actualización de los tramos permitiría evitar que las subidas salariales que solo compensan el encarecimiento de la vida acaben comportando una factura fiscal superior. También plantea bonificaciones en las donaciones para facilitar el relevo generacional de las empresas familiares y las aportaciones entre familiares para adquirir la vivienda habitual o poner en marcha un negocio.
En el debate parlamentario, Junts defendió que el tributo puede obligar a algunas familias a endeudarse para conservar un patrimonio familiar, especialmente cuando se trata de viviendas o segundas residencias. La formación también esgrimió el argumento de la doble tributación sobre unos bienes que ya han soportado impuestos durante su generación y vinculó la presión fiscal catalana con el déficit fiscal con el Estado.
PP, Vox y Aliança Catalana: otras propuestas de rebaja
El PP también ha situado la bonificación de sucesiones y donaciones entre sus reivindicaciones fiscales y defiende que las herencias no deberían volver a tributar por un patrimonio que ya ha soportado impuestos. Los populares consideran que el tributo perjudica a las familias de renta baja y media y reclaman ampliar las bonificaciones, además de rebajar el IRPF y otras figuras tributarias. En febrero de 2026 presentaron una iniciativa propia para bonificar el 99% del impuesto para los familiares directos.
Vox reclama directamente eliminar sucesiones y donaciones. Su argumento es que se trata de un impuesto injusto porque grava un patrimonio que ya ha tributado y que, en algunos casos, puede obligar a las familias a pedir créditos o renunciar a una herencia. La formación considera que las bonificaciones parciales no resuelven el problema y defiende una supresión completa del tributo.
Aliança Catalana también cuestiona el impuesto y ha defendido una reforma fiscal más amplia, que incluya otras figuras como patrimonio y transmisiones patrimoniales. Durante el debate de abril, la formación reprochó a Junts que su propuesta no incorporara una memoria económica suficientemente detallada para explicar cómo se compensaría la pérdida de ingresos públicos.
PSC, ERC, Comuns y CUP defienden mantener la progresividad fiscal
En la otra cara de la moneda, los partidos que han rechazado las iniciativas de supresión argumentan que sucesiones es una herramienta de redistribución de la riqueza y que eliminarlo beneficiaría especialmente a los patrimonios más elevados. El PSC rechaza una bonificación generalizada, que también favorecería las grandes herencias, y alerta que las rebajas planteadas no van acompañadas de una justificación suficiente sobre su impacto presupuestario. Los socialistas sitúan el debate en la necesidad de preservar los ingresos que permiten sostener las políticas públicas.
ERC comparte la necesidad de preservar este instrumento de fiscalidad patrimonial. Durante el debate parlamentario, los republicanos defendieron que el impuesto permite evitar que las desigualdades económicas se transmitan intactas de generación en generación. La formación cuestionó que una bonificación generalizada del 99% sea una medida dirigida principalmente a las clases medias y sostuvo que las herencias familiares ordinarias ya disponen de bonificaciones importantes. También advirtió que una reducción generalizada podría debilitar la capacidad de financiación del estado del bienestar.
Los Comuns pusieron el acento en el coste de la reforma y en la distribución de sus beneficios. Durante el debate, cuestionaron que la propuesta de Junts concretara lo suficiente el impacto sobre las finanzas públicas y advirtieron que la bonificación también beneficiaría a los patrimonios más elevados. La formación defiende que las prioridades presupuestarias deben continuar siendo la vivienda, la salud, la educación y el transporte público.
La CUP también votó a favor de la enmienda a la totalidad, en coherencia con la defensa de una fiscalidad progresiva y redistributiva. La formación considera que la política tributaria debe contribuir a reducir las desigualdades y a sostener los servicios públicos, aunque su planteamiento fiscal general va más allá de la discusión sobre sucesiones.
Un impuesto que aporta más de 1.100 millones de euros a la Generalitat
Más allá de la disputa política, sucesiones y donaciones tienen un peso relevante en las finanzas de la Generalitat. En 2024, la recaudación conjunta de los dos tributos llegó a los 1.111,09 millones de euros, un 16,8% más que el año anterior, según los datos del Idescat y la memoria de la Agencia Tributaria de Cataluña. En conjunto, la ATC recaudó 5.239 millones de euros a través de los tributos que gestiona, un 11,42% más que en 2023.
Esta cifra da dimensión económica al debate sobre las bonificaciones. Una reducción generalizada del tributo comportaría menos ingresos para la Generalitat, pero el coste concreto dependería del diseño de la reforma, de los contribuyentes afectados y de las herencias y donaciones que dejarían de tributar. Durante el debate parlamentario de abril, los Comuns situaron en unos 1.800 millones de euros el coste estimado del paquete de rebajas fiscales propuestas por Junts. Esta cuantificación, sin embargo, correspondía al conjunto de medidas y no exclusivamente a sucesiones y donaciones.
De hecho, Cataluña ya dispone de un sistema de reducciones y bonificaciones. En el caso de las herencias entre cónyuges y parejas estables, se aplica una bonificación del 99% de la cuota tributaria. Para los descendientes y ascendientes también hay bonificaciones importantes, pero el porcentaje varía en función del parentesco y de la base imponible. La normativa contempla igualmente reducciones por parentesco, vivienda habitual y transmisión de empresas familiares, entre otros supuestos.
Esta realidad introduce un elemento importante en la discusión: no todas las herencias tributan igual ni todos los contribuyentes soportan la misma carga. El patrimonio heredado, el grado de parentesco, las reducciones aplicables y las bonificaciones determinan la cuota final. Por ello, una de las cuestiones centrales del debate es hasta qué punto las bonificaciones actuales protegen las herencias familiares ordinarias y qué impacto tendría ampliarlas también a los patrimonios más elevados.
Presión fiscal y modelo de financiación de los servicios públicos
El debate sobre sucesiones también abre una discusión más amplia sobre la fiscalidad catalana y la comparación con otros territorios, especialmente Madrid, que ha optado por bonificaciones muy elevadas en este tributo. Las diferencias entre territorios han alimentado la competencia fiscal y las demandas de rebajas para evitar que contribuyentes con patrimonios elevados trasladen su residencia fiscal. Al mismo tiempo, los defensores del mantenimiento del tributo recuerdan que los ingresos fiscales son una de las fuentes de financiación de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Una bonificación generalizada obligaría a calcular qué volumen de recaudación dejaría de ingresar la Generalitat y si esta pérdida se podría compensar con otras figuras tributarias, más actividad económica o ajustes presupuestarios.
La controversia no se limita a decidir si las herencias deben pagar más o menos. También pone sobre la mesa qué modelo fiscal quiere Cataluña, hasta qué punto debe competir con otros territorios para atraer patrimonio e inversión y cómo se debe repartir el coste de los servicios públicos entre las diferentes generaciones y niveles de renta.
