A punto de cumplirse un año de la condena que inhabilitó al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el ministerio fiscal celebra un curso sobre aforamientos el próximo lunes. Es decir, sobre la prerrogativa procesal de algunos cargos institucionales y públicos que implica que deben ser juzgados por un tribunal concreto y no por uno ordinario. El caso de García Ortiz fue el ejemplo, ya que fue instruido y juzgado por el Tribunal Supremo, como el caso de José Luis Ábalos, en su condición de diputado en las Cortes, o el aforamiento reinterpretado de los condenados y procesados por el Proceso que eran miembros del Gobierno de la Generalitat el 1 de octubre de 2027.
El curso que se ha programado para el lunes, sin embargo, tiene un ponente excepcional, el expresidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Precisamente, un magistrado que proviene de la carrera fiscal y que se ha mostrado favorable a la reducción de los aforamientos. El curso forma parte del programa de formación del año 2026 de la Fiscalía General del Estado y solo hay 40 plazas destinadas a fiscales en ejercicio. También participan Vicente Garrido Mayol, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, que impartirá la clase Igualdad ante la Justicia. Derecho fundamental con excepciones; el fiscal mítico, ya jubilado, del tribunal Supremo Salvador Viada, que explicará la Necesidad de los aforamientos. Derecho comparado, y el fiscal en excedencia Juan Antonio Frago Amada, a quien le toca bailar con la más difícil, con la clase Enjuiciamiento del fiscal general del Estado. Funcionamiento de la Institución.
«Aforamientos prescindibles»
Marchena será el encargado de impartir la clase titulada Tribunal Supremo como instructor y juzgador de los aforados. Funcionamiento. Mejoras. No será la primera vez que el magistrado desarrolle sus reflexiones sobre lo que define como una «rectificación de las normas generales de competencia judicial», que implica que un miembro del gobierno español o diputado en las Cortes sea juzgado por el Tribunal Supremo y un presidente de la Generalitat o diputado en el Parlamento, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
De hecho, en su libro La justicia amenazada (Espasa, 2025) -imprescindible para entender la biosfera judicial española- destina un interesante capítulo a analizar esta figura con profundidad recordando la dicotomía que genera. Por un lado, hay buena parte de la opinión pública que lo considera un privilegio y, en cambio, la mayoría de los afectados lo tildan de «desventaja». En el libro, detalla el origen jurídico de los aforamientos y concluye que «buena parte de los aforamientos es manifiestamente prescindible». De hecho, asegura que «en España, hemos asistido a una proliferación de aforamientos que no tienen ninguna explicación razonable».
Privilegio, derecho comparado y fiscalías en la sombra
«Del germen inicial limitado al gobierno y a los parlamentarios hemos pasado a una legión de aforados que por su numeración desprende un aroma de privilegio», escribe el magistrado. Y añade que los «esfuerzos por justificar un aforamiento inspirado en criterios de razonabilidad resultan inútiles cuando se lee la relación de cargos públicos que cuentan a favor suyo con un aforamiento». De hecho, alerta que falta un «referente comparado en el derecho europeo donde se repita una regulación tan excepcional que lleva a muchos juristas a censurar lo que aquí se ha consolidado como una pauta general».
Ahora bien, Marchena pide ir con cuidado en el uso del derecho comparado en materia de aforamientos, porque recuerda que en «otros sistemas es inimaginable que un presidente del gobierno, un ministro, un senador o un diputado continúen ocupando su cargo después de que un juez los cite como imputados». «Lo impide el sentido elemental de la cultura democrática», sentencia Marchena en su libro. «El debate sigue planteado y expresa la dificultad de hacer entender un privilegio que el mismo destinatario considera una desventaja», concluye el expresidente de la sala penal.
La acción popular
De la misma manera que se muestra crítico con los aforamientos generales y generosos, Marchena también habla del «uso patológico y profesionalizado» de las acusaciones populares. Una singularidad del derecho procesal y penal español que ha llevado, para el magistrado, a que en España se hayan vivido «episodios en los que el proceso penal se activa con una finalidad exclusivamente propagandística».
Un argumento que no considera «definitivo», porque es tarea del juez fiscalizar las acusaciones, pero que justificaría que «algunos cargos públicos tengan una protección reforzada». De ahí que considere que se debe preservar los aforamientos a los «genuinamente constitucionales». Es decir, los miembros de la corona, del gobierno español, diputados, senadores y europarlamentarios así como los de los jueces y, sobre todo, de los magistrados del Tribunal Supremo.
