La diplomacia pública, el concepto que se utilizó para criminalizar gobiernos de la Generalitat desde 2011 en los juzgados y en el Tribunal de Cuentas, podría ser una herramienta del departamento de Unión Europea y Acción Exterior del ejecutivo del presidente Salvador Illa. De hecho, el Gobierno gastará 10.890 euros en un estudio titulado «sobre la integración de la diáspora en las políticas públicas sectoriales de los gobiernos regionales». Es decir, analizarán cómo otros gobiernos aprovechan su «inmigración y diáspora» para que colaboren en sus políticas públicas.
Un documento del departamento de Exteriores, que dirige Jaume Duch, y que sirve de oferta para que las empresas consultoras puedan presentar ofertas, el objetivo es bastante claro. Aprovechar la diáspora como una especie de paradiplomacia privada. «La Dirección General de la Cataluña Exterior ha identificado la diáspora catalana como un colectivo que puede contener oportunidades que es conveniente delimitar y aprovechar por parte de la Generalitat, ya sea para prestarles un mejor servicio, pero sobre todo para integrarlos en el desarrollo de sus políticas públicas«, define el documento al que ha tenido acceso El Món.
No basta con los Casals catalanes
El documento parte de la base de que hay «una gran cantidad de catalanes que han ido a vivir y trabajar fuera, a menudo con perfiles profesionales muy cualificados, ya están organizados de forma autónoma a través de los casals catalanes». «Si bien hasta ahora la relación que tiene la Generalitat es de tipo promocional dirigida principalmente a facilitar su dinamización y sostenibilidad organizativa, estas entidades pueden tener otras potencialidades para favorecer otras políticas sectoriales de la Generalitat con una proyección exterior», añade el documento. Es decir, aprovechar los Casals para hacer política y promocionar las políticas que lleva a cabo la Generalitat.
El primer paso del conseller Duch es que una consultora realice un estudio de las posibilidades así como un trabajo de experiencias «comparadas» de administraciones con situaciones similares a la catalana, es decir, con una diáspora importante. «Dado que se trata de un enfoque exploratorio para la identificación de oportunidades y dado que hay otras administraciones locales, regionales y estatales que tienen características semejantes a las de Cataluña en cuanto a su diáspora y a unas políticas sectoriales muy internacionalizadas, es conveniente averiguar las políticas e instrumentos ya puestos en práctica que podrían ser potencialmente aplicables por parte de la Generalitat», detalla el documento.
Por eso encomienda «un estudio de política comparada para la identificación y clasificación de las estrategias y los instrumentos para la integración de la diáspora en el despliegue de otras políticas sectoriales por parte de gobiernos estatales, regionales y municipales». «Dado que la diáspora y la inmigración son fenómenos interrelacionados o que tienen paralelismos importantes, este trabajo también explorará qué vínculo han hecho en el ámbito de política pública gobiernos de diferente nivel».
Objetivos concretos
El estudio que se contratará, según este informe, tiene tres objetivos más o menos claros. En primer lugar, «averiguar las políticas (económicas, culturales, lingüísticas, de retorno, identificación y captación de talento, turismo) puestas en práctica por otras administraciones municipales, regionales y estatales con características semejantes a las de Cataluña respecto de su diáspora».
En segundo lugar, «realizar un estudio de política comparada para la identificación y clasificación de las estrategias y los instrumentos para la integración de la diáspora en el despliegue de otras políticas sectoriales por parte de gobiernos estatales, regionales y municipales». Y, por último, «explorar el vínculo entre diáspora e inmigración a nivel de política pública de gobiernos de diferente nivel».
La consultora, avisa el documento, debe tener conocimiento previo de las políticas relativas a la diáspora por parte de administraciones regionales y estatales así como del aspecto internacional de las políticas públicas. También exige «capacidad investigadora probada en el ámbito de políticas públicas de gestión de la diáspora».
