El ejecutivo de Pedro Sánchez ha encontrado una nueva manera de afrontar el drama de los desahucios: trasladar la responsabilidad inmediata a las autonomías. El nuevo decreto de vivienda pactado por el PSOE y Sumar, que se debe votar en el Congreso, establece que, cuando una persona vulnerable esté a punto de perder su vivienda y la administración no pueda ofrecerle una alternativa residencial, será su gobierno quien deberá asumir la deuda con el propietario para evitar el desahucio. Madrid asegura que posteriormente compensará a las autonomías por el costo, pero la primera respuesta, y la obligación de poner el dinero sobre la mesa, recaerá en los gobiernos territoriales.
La fórmula permite al gobierno español presentar una respuesta ante uno de los problemas sociales más enquistados del mercado inmobiliario, pero desplaza gran parte de la presión sobre unas administraciones que ya gestionan las políticas de vivienda y los servicios sociales con recursos limitados. Si no hay piso disponible, la alternativa pasa a ser pagar la deuda.
El mecanismo se activará cuando una persona vulnerable no disponga de una alternativa habitacional adecuada. En estos casos, el juzgado requerirá a las administraciones para que informen de los recursos disponibles y ofrezcan una solución. Si esta alternativa no existe, el gobierno territorial deberá intervenir económicamente para evitar el lanzamiento. El decreto fija un plazo de dos meses para que la administración pueda pagar la deuda y detener el procedimiento. La medida afecta especialmente a los casos en que la vulnerabilidad está acreditada y no existe ninguna vivienda alternativa donde realojar a la familia.
El Estado compensará después
El ejecutivo del PSOE y Sumar defiende que la medida no se convertirá directamente en una nueva carga estructural para los territorios. Establece que el Estado las compensará por los importes que tengan que asumir. Es decir, la factura final no necesariamente recaerá sobre las arcas públicas de la Generalitat o de cualquier otro gobierno implicado.
Pero esto no elimina el cambio de responsabilidad. Los gobiernos autonómicos serán los que tendrán que actuar cuando el desahucio llegue al juzgado, encontrar los recursos, tramitar la respuesta y, si es necesario, adelantar el dinero para que el propietario cobre y la familia no pierda la vivienda. En la práctica, Madrid fija el marco y las obligaciones, mientras que la respuesta sobre el terreno queda descentralizada. Y es precisamente aquí donde aparece uno de los principales interrogantes de la medida: qué pasará cuando una administración no disponga de vivienda pública suficiente ni de capacidad inmediata para dar respuesta.
El decreto intenta resolver este vacío haciendo que el problema residencial se pueda convertir en un problema económico: si no hay vivienda disponible, habrá que pagar la deuda. El propietario cobra y el desahucio se detiene, mientras que la administración autonómica queda pendiente de la compensación estatal.
El problema de fondo: no hay suficiente vivienda
La nueva fórmula llega después de años de suspensiones extraordinarias de los desahucios de personas vulnerables. Durante este tiempo, las prórrogas han evitado que muchas familias acabaran en la calle, pero también han dejado sin resolver la cuestión fundamental: qué pasa cuando llega el momento de poner fin a la suspensión y la administración no tiene ninguna vivienda donde realojar a la familia.
De hecho, este decreto convierte la falta de vivienda en una obligación de pago. Y, aunque el Estado asuma finalmente el costo, son las comunidades las que tendrán que gestionar cada caso y activar la respuesta cuando el desahucio sea inminente.
