Los datos de la Encuesta de Población Activa que ha lanzado el Instituto Nacional de Estadística este martes, correspondientes al primer trimestre del 2026, no podrían ser menos favorables. Cataluña, de acuerdo con el estudio español, ha superado por primera vez en más de tres años el 10% de paro, con un aumento de unas 84.000 personas desempleadas. En el conjunto del Estado español, el primer trimestre también ha sido una carnicería laboral, con unos 170.000 desempleados más. Se trata, en ambos casos, de aumentos de la lista de demandantes de empleo muy superiores a los que se han ido registrando en los primeros tres meses de los últimos años, desde la pandemia. La conmoción en el mundo del trabajo ha puesto en alerta a los agentes sociales, que alertan que salimos del primer trimestre con «el aumento del paro más elevado» desde hace media década. Según diagnostican desde Comisiones Obreras de Cataluña, la desaceleración masiva de este año es demasiado intensa para atribuirla exclusivamente a la estacionalidad, a pesar de que el período entre enero y marzo es tradicionalmente malo. «Los datos de la EPA muestran de manera muy clara un cambio en la tendencia del mercado laboral respecto de los últimos años«, cuando se acumulaba creación neta de empleo, advierten desde el sindicato mayoritario en el Principado.
En el mismo sentido ha señalado la UGT de Cataluña, que circunscribe al mal rendimiento del turismo y los servicios la caída del empleo del primer trimestre. Para la organización que dirige Camil Ros, los datos hasta marzo «constatan una evolución preocupante del mercado laboral, así como el enquistamiento de problemas estructurales». Para solucionarlos, llaman a tomar medidas para «acelerar el cambio de modelo productivo e incrementar la apuesta por los sectores industriales«, que ofrecen mejores garantías de empleo que los servicios.

Absentismo y baja productividad
También los empresarios han señalado que la economía en general podría estar registrando un cambio estructural a la baja. Desde la patronal catalana de las grandes empresas, Foment del Treball, indican que «los datos son especialmente negativos» cuando se tiene en cuenta que una pequeña parte del trimestre ha coincidido con el inicio de la temporada turística de Semana Santa. En este sentido, apuntan que se trata de la conclusión de un «progresivo deterioro y estancamiento de los indicadores de empleo», que ya subrayan desde el primer trimestre del 2025. A esta debilidad creciente se han añadido «un entorno geopolítico incierto y la persistencia de retos estructurales«. Entre ellos, identifican «el absentismo» y la baja productividad por persona trabajadora. Para revertirlo, desde la organización que preside Josep Sánchez Llibre instan a regular a favor de un «entorno de mayor seguridad jurídica y estabilidad reguladora, crucial para fomentar la confianza empresarial». Una confianza que, cabe recordar, ha caído a mínimos durante el primer trimestre, como revelaba un reciente informe del Idescat.
En un sentido similar se ha expresado el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, que «lamenta profundamente» el incremento del paro «mientras las empresas expresan reiteradamente las dificultades que tienen para cubrir puestos de trabajo». Para Ginesta, la destrucción de empleo tiene como causante un entorno regulador que «no es capaz de activar a las personas desempleadas». «Se ha producido una pérdida intensa de empleo y nuestra tasa está muy por debajo de la que nos gustaría tener y de la que somos capaces de tener. También lejos de la que tienen otros países competitivos de nuestro entorno«, sostiene el líder patronal.
También el empresariado español ha lamentado los agravios que ha causado el contexto económico, a su juicio, a los sectores productivos. El presidente de la Confederación de Entidades y Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha declarado que la situación «no es buena»; y ha puesto el foco en la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, que ha superado las 190.000 personas. A juicio de Garamendi, el bloqueo para reincorporar a estos trabajadores a la actividad es regulador. «Debemos pensar cómo lo hacemos para no tener normas que desmotiven especialmente a las pequeñas empresas y los autónomos a contratar«, ha criticado.

