En pleno colapso de las Rodalies catalanas, con una racha de cinco días con la movilidad prácticamente congelada en los principales núcleos del país, el infrafinanciamiento del país ha vuelto a ocupar el centro del debate público. El agujero de recursos que continúa profundizando el modelo fiscal español en Cataluña ha paralizado el país en plena polémica por la reforma del financiamiento, el núcleo de la legislatura de Salvador Illa que, como muchas otras banderas del PSC, se presentó en la Moncloa. El acuerdo que fue la clave de la investidura de Illa, que atrajo los votos de Esquerra Republicana de Catalunya con una promesa -inicial, con una vida muy corta- de singularidad, comienza a tomar forma; si bien el diseño del ejecutivo es difuso, con poco detalle. El pacto que defiende el PSOE y su rama catalana, con ERC en su trinchera, dice agregar cerca de 4.700 millones de euros al año a las arcas catalanas a partir de 2027, cuando entraría en vigor en caso de superar los trámites parlamentarios. Los números, sin embargo, bailan según la versión que se explique, y el relato se ha ido moviendo desde el primer cálculo del Gobierno, de más de 1.700 millones de euros por catalán; que cayeron a poco más de 600 euros por ciudadano en estimaciones posteriores. En el programa Col·lapse de 3Cat, el economista Xavier Sala i Martín desmenuzó las ganancias hasta los 24 euros por catalán. El baile de cifras, según las voces expertas consultadas, demuestra que Gobierno y ERC han «abusado de las narrativas» sin aclarar la hoja de ruta de una mejora del modelo impositivo aún llena de grises. «Han hecho una presentación de grandes números, pero el tema no está cerrado», reprocha el profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Germà Bel.
Incluso la versión optimista que ha difundido el Gobierno, cabe decir, ha dejado fríos a los expertos del país. «Diría que hay una mejora, pero no la calificaría de grande», ha lamentado, en declaraciones a Món Economia, el catedrático de Economía y Finanzas de la UPF Oriol Amat. Y añade, «hay un esfuerzo por mejorar la cuestión, pero está lejos de las demandas que se han hecho en las últimas décadas». Amat se duele por el corto alcance de la reforma, que atribuye al desequilibrio de poder con el Estado español. «Las partes no tienen toda la información: un lado de la mesa tiene todos los datos, y el otro no», critica. Para el economista e investigador del Instituto Ostrom, Roger Medina, el paquete presupuestario adicional, en caso de cumplirse, sería insuficiente en relación con el agravio histórico catalán. «No cierra el conflicto en relación a las diversas estimaciones de déficit fiscal, que se encuentra alrededor del 8% del PIB de Cataluña», detalla el experto.
Otras voces de la academia catalana, sin embargo, niegan la mayor, y eliminan cualquier visión de vaso medio lleno -ni siquiera uno pequeño, como el que ofrecen PSOE y ERC-: Bel sentencia que «la idea de que se recibirán 4.680 millones de euros más no es tal». En conversación con Món Economia, el profesor alerta de una trampa en el núcleo del cálculo, tanto absoluto como marginal, de la aportación que hará la reforma: se añadirán, efectivamente, 4.680 millones de euros a las arcas catalanas si se toma como base la recaudación del año 2023, la última liquidada. Esta, sin embargo, quedó atrás: en 2024, la economía aceleró un 3,5% y, con ella, la recaudación. Las expectativas más generalizadas sitúan el alza del PIB para 2025 en un 3%, y la de 2026 superaría el 2%. Es decir, incluso con el modelo actual, en 2027 habría más recursos al alcance de la Generalitat, ya se recaudarían más dineros que en 2023. «Los números que se deberían calcular son la recaudación de 2027 sin la reforma y el aumento que produciría esta. Que sería mucho menor a 4.680 millones, porque la economía no está en recesión, sino en expansión», argumenta el profesor.
Deuda y ordinalidad
Los expertos consultados cuestionan en varios frentes el optimismo socialista y republicano respecto de las ganancias netas para los catalanes del nuevo modelo de financiamiento. La gran pregunta que trasladan a las instituciones, común a todas las voces económicas, es, llanamente, de dónde saldrá el dinero. Según las explicaciones que ha dado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el nuevo café para todos fiscal aportará al conjunto de las arcas autonómicas 21.000 millones de euros. Se trata, sin embargo, de una reforma de la distribución de los recursos ya existentes. Es decir, como indica Medina, son dineros que irán a parar a los gobiernos territoriales que se utilizaban para partidas de gasto público en las cuales el Estado era competente. «21.000 millones es una partida considerable. ¿Qué pasa con este dinero? ¿Se emitirá más endeudamiento? ¿Se confía simplemente en un aumento de la recaudación?», cuestiona el economista. Similar es la posición de Bel, que se aventura a dar una respuesta: «Si Montero no ha anunciado ningún recorte, significa que este dinero saldrá de impuestos o de deuda». Si el Estado opta por aumentar la presión fiscal de los ciudadanos -ya dos puntos porcentuales por encima de la de la OCDE, un 36,1% en España por un 34,2% en la agrupación económica-, los ciudadanos perderán parte de su poder adquisitivo para suplir las concesiones a los gobiernos territoriales. Si elige endeudarse más, añadirá aún más gasto público a la partida de intereses financieros, que ya supera los 35.000 millones de euros anuales. Sobre todas estas capas, Bel estima que la ganancia unitaria no es tan baja como había calculado Sala i Martí, pero se le acerca: «si la ministra no dice de dónde recortará, quizás son unos 40 o 50 euros por catalán».
Más allá de los recursos absolutos, la reforma del financiamiento busca abordar la brecha de la ordinalidad: durante años, Cataluña ha sido el tercer territorio en aportación total a la Hacienda española, y el décimo en recepción. Según el Gobierno, el nuevo modelo garantizaría la ordinalidad, y convertiría al Principado en la tercera administración más receptora. Con un pero: lo sería en términos de población ajustada, una fórmula que ajusta la aportación pública a las características de la ciudadanía de los territorios -cantidad de población joven, edad media…-, un factor que modula la entrega de dinero según las necesidades concretas de los habitantes. Si se aplica la cifra con la población total de Cataluña, como indica Oriol Amat, la ordinalidad está lejos de ser garantizada: «Seríamos el tercer territorio en aportación, pero el noveno en dinero recibido». Según Medina, este parámetro tiene sentido en el caso de algunos territorios con pirámides poblacionales especialmente afectadas, como Asturias. En términos generales, sin embargo, el cálculo «genera problemas con relación al sistema de ordinalidad». Bel es aún más contundente: con excepciones puntuales -pone también el ejemplo asturiano- el modelo ignora el costo de la vida en Cataluña. Deja de lado, por tanto, que los trabajadores públicos, beneficiarios de prestaciones u otros perceptores de recursos de la administración, deben pagar más por la vivienda, los suministros o la alimentación en el Principado que en las Castillas o en Extremadura. «El uso de la población ajustada es un escándalo. Es falso que en los territorios con menos densidad de población, los servicios cuestan más. Aquí el costo de vida es mucho más alto», reflexiona el economista.
«Nada menos que un concierto»
Las mayorías políticas son complejas, y Junts per Catalunya, necesario para sacar adelante la medida en el Congreso de los Diputados, ya ha alertado que rechazará «todo aquello que sea menos que el concierto económico». También lo había asegurado Esquerra: cuando se presentó por primera vez el acuerdo entre republicanos y socialistas, la entonces portavoz Raquel Sans defendió que se concretaría «la salida de Cataluña del sistema común». Un año y medio después, las aspiraciones catalanas han ido retrocediendo, hasta el punto que, como apuntan fuentes expertas a este medio, la primera versión del pacto ha desaparecido. «Aquel acuerdo era para un financiamiento singular para Cataluña, cosa que no pasa. Es un café para todos, que tampoco activa la transferencia total en impuestos concretos», alerta Medina. En comparación con la excepción vasca y navarra, según el economista, «el impacto es brutal». En los territorios forales y los tres territorios históricos, el financiamiento por cápita es «más del doble» que en los del régimen común; con unos 3.000 euros por catalán dentro del modelo español y entre 5.000 y 6.000 euros por vasco o navarro bajo su propia estructura de recaudación.
Medina, además, identifica una espina más al mantener el Principado en el modelo común: el sistema de pensiones. En la comunidad autónoma vasca y en Navarra, como indica Medina, las pensiones aún salen de la Seguridad Social; y ambos territorios son deficitarios en esta partida. Aun así, al permanecer fuera de LOFCA, no hacen las aportaciones adicionales al déficit público necesarias para cubrir el sistema de prestaciones públicas. Es decir, reciben más de lo que pagan en términos de cotizaciones laborales, pero no contribuyen a tapar este agujero, que corre a cargo del resto de territorios del Estado. «Esto supone, de facto, una transferencia al País Vasco y Navarra». Es un factor más, argumenta, para asegurar que «la reforma propuesta está muy, muy lejos de un concierto».
El nuevo régimen, en caso de entrar en vigor, no ofrecerá margen a la Generalitat en términos de regulación tributaria, más allá de la que ya tiene. Cataluña, es cierto, ya puede fijar la cuantía de los tramos autonómicos de ciertos tributos; y tiene más margen para actuar sobre algunos otros, como el de Patrimonio o el de Transmisiones patrimoniales -objeto de buena parte del dúmping fiscal que protagoniza el ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso-. Esta, apunta Bel, es la gran carencia del sistema fiscal que proponen el PSOE y ERC. Para el profesor de la UB, la aportación más importante del concierto no es la recaudación, sino la capacidad normativa; que otorga «la práctica soberanía fiscal» a territorios como el vasco y el navarro. Pone como ejemplo los lands alemanes, que «recaudan todos los impuestos menos el IVA», pero no pueden decir nada en cuanto a su gestión. Las capas del sistema fundamentado en la LOFCA, además, hacen mucho más compleja cualquier gestión, como critica Amat. «Cualquier liquidación del Estado en el sistema común de financiamiento tiene 200 páginas. Una liquidación vasca quizás tiene dos», ironiza el experto.
El profesor de la Universidad Pompeu Fabra insiste en que el sistema supone «una pequeña mejora, y no se debe rechazar». «Si todo es como dicen, es un paso adelante, aunque no diría que uno muy grande», argumenta. Sitúa, sin embargo, la clave de bóveda en la vigilancia. «En Cataluña no hemos logrado controlar los acuerdos a los que llegamos. Simplemente cumpliendo todo aquello que nos promete el Estado, avanzaríamos muchísimo», concluye. Medina es ligeramente más pesimista, y avisa que hay una gran diferencia entre «dónde queríamos estar hace dos años y dónde estamos ahora». Aun así, considera que esta reforma es «un punto de entrada» que, idealmente, debería permitir más reformas en el sistema fiscal. Bel se abstiene de hacer una valoración política del pacto, pero asegura que «en términos técnicos, de ambicioso no tiene nada». «Con este sistema se está aceptando que un catalán necesita menos recursos por el hecho de ser catalán», critica.
