La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) detectó durante 2025 un total de 333 millones de euros de fraude fiscal, una cifra que representa un incremento del 13% respecto a 2024 y que se convierte en el segundo registro más elevado de toda la serie histórica desde 2015. El aumento confirma la tendencia al alza de la actividad inspectora de los últimos ejercicios y refleja una mayor capacidad de detección de incumplimientos tributarios en un contexto de digitalización creciente de los mecanismos de control. El 96% del importe se concentra en los impuestos de sucesiones y donaciones, patrimonio y transmisiones.
Los resultados corresponden a las actuaciones de comprobación, investigación y control desarrolladas por la administración tributaria catalana sobre los impuestos propios y los tributos cedidos por el Estado, como sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. La cifra incluye tanto cuotas tributarias regularizadas como sanciones derivadas de las inspecciones.
El incremento del fraude descubierto llega en un momento en que las administraciones tributarias están intensificando el uso de las herramientas de análisis masivo de datos y los sistemas de cruce de información. Esta transformación tecnológica permite detectar con más precisión operaciones sospechosas, discrepancias patrimoniales o movimientos económicos que no se ajustan a las declaraciones presentadas por los contribuyentes.
Ahora bien, el aumento de los importes regularizados no implica necesariamente que haya más fraude que en el pasado, sino que las administraciones disponen de más recursos para identificarlo. En los últimos años, la ATC ha reforzado la cooperación con la Agencia Tributaria española y otros organismos públicos para compartir información y coordinar actuaciones de control. De hecho, la lucha contra el fraude es uno de los pilares de la política tributaria catalana, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de incrementar los ingresos públicos y garantizar la equidad del sistema fiscal.
Más vigilancia sobre la economía sumergida
Con todo, la economía sumergida sigue representando una parte significativa de la actividad económica en el Estado español, a pesar de la reducción experimentada durante las últimas décadas gracias a la extensión de los pagos electrónicos, la factura digital y la trazabilidad de las operaciones. La evolución registrada en 2025 consolida la actividad inspectora de la ATC en niveles muy elevados y sitúa la recaudación aflorada solo por detrás del máximo histórico de la serie. El resultado refuerza la estrategia del organismo de concentrar los esfuerzos en los ámbitos con más riesgo de incumplimiento y en aquellas operaciones con mayor impacto económico para las finanzas públicas. Más allá del importe detectado, la ATC defiende que el efecto disuasorio de las inspecciones es uno de los principales beneficios de su actividad. El objetivo es reducir los incentivos a la evasión fiscal y favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, una variable considerada clave para sostener los ingresos públicos en los próximos años.
