Durante décadas, el PIB había funcionado como el gran marcador de la economía: si sube, la economía va bien; si baja, va mal. Pero esta equivalencia está bajo revisión. En un contexto global marcado por la crisis ambiental, la desestabilización social y la incertidumbre geopolítica, un nuevo informe elaborado por el ICTA-UAB, Plan B. Por una Cataluña resiliente en un escenario postcrecimiento, propone un plan detallado de políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población de manera resiliente y respetando los límites del planeta, desvinculando el bienestar del crecimiento económico tradicional: menos consumo de recursos, más redistribución y una transformación profunda de la energía, el trabajo, la fiscalidad y la vivienda. El informe no plantea una recesión programada, sino una transformación de las prioridades económicas. Su tesis es que una sociedad puede mejorar las condiciones de vida sin depender del incremento permanente de la producción y del consumo. Pero el planteamiento choca con una realidad: la economía catalana actual sigue funcionando bajo la lógica del crecimiento.
Un país aún lejos del postcrecimiento
Empleo, salarios, recaudación fiscal e inversión están estrechamente relacionados con el nivel de actividad. Pasar de una economía orientada al crecimiento a una economía que no necesite crecer exigiría mucho más que reducir el consumo o limitar ciertos sectores. En este sentido, los académicos de la UAB proponen una transformación profunda de las políticas económicas, fiscales, laborales y sociales, con una redistribución mayor de la renta y una reducción de la dependencia del consumo material. Entre las medidas que plantea hay una reducción de la jornada laboral, ‘una renta colchón’ para proteger las rentas bajas y medias-bajas y una garantía de trabajo para las personas con más dificultades para encontrar empleo. Esta última tendría, según los cálculos del estudio, un costo equivalente al 2,4% del presupuesto de la Generalitat.
Ahora bien, la sociedad catalana aún tiene necesidades importantes por cubrir. En 2025, el 24,8% de la población catalana estaba en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE, mientras que la tasa de riesgo de pobreza era del 18,9% y el índice de Gini se situaba en el 29,1%. Cataluña puede tener una economía que crece y, al mismo tiempo, mantener una parte significativa de la población en situación de vulnerabilidad. Es precisamente esta distancia entre actividad económica y bienestar distribuido la que la tesis del postcrecimiento que hace de hilo conductor del informe de la UAB quiere poner en el centro del debate.
El reto de pagar el bienestar
Si el crecimiento deja de ser el principal motor del sistema, es necesario encontrar otros mecanismos para sostener los ingresos de las familias y las finanzas públicas. Sanidad, educación, pensiones, dependencia y servicios sociales requieren recursos, y el envejecimiento demográfico puede incrementar esta presión. En este sentido, el ICTA-UAB sitúa la redistribución en el centro de su propuesta. Entre sus medidas hay un nuevo esquema fiscal, los llamados ecovales adaptativos (EVA): un impuesto ambiental sobre el consumo combinado con una moneda complementaria distribuida entre la ciudadanía, de manera que quienes tienen un impacto ambiental más elevado paguen más y quienes tienen menos reciban una compensación.
El informe también propone un impuesto progresivo sobre la renta de la tierra, con el objetivo de frenar la especulación y reducir el precio de la vivienda. Los ingresos obtenidos servirían para ampliar el parque público de alquiler, apoyar cooperativas de vivienda y financiar gasto social. Es aquí donde la propuesta deja de ser simplemente ambiental y entra de lleno en el terreno de la política económica: si el PIB deja de ser el principal objetivo, la fiscalidad y la redistribución pasan a tener un papel mucho más importante.
La energía pone límites al crecimiento
Por otro lado, los expertos que han elaborado el informe defienden que la transición energética no puede limitarse a sustituir combustibles fósiles por renovables manteniendo intacto el nivel actual de consumo. Según sus cálculos, abastecer con renovables todos los usos energéticos actuales requeriría ocupar el equivalente al 4,9% del territorio catalán. La propuesta pasa por combinar el despliegue renovable con una reducción significativa de la demanda.
Los datos actuales muestran la magnitud del reto. En 2025 las renovables generaron 9.001 GWh, el 21,3% de toda la producción eléctrica catalana, mientras que la nuclear aportó el 55,8%. Al mismo tiempo, el consumo eléctrico aumentó un 3,8%, hasta los 43.137 GWh. El ICTA-UAB propone priorizar las instalaciones fotovoltaicas en tejados y espacios degradados, y sus cálculos apuntan que cubrir el 60% de la superficie de los tejados requeriría una inversión recuperable equivalente al 4,5% del presupuesto no financiero de la Generalitat durante cinco años.
El planteamiento es especialmente exigente, porque Cataluña quiere captar industria avanzada, centros de datos y actividades vinculadas a la inteligencia artificial, sectores que previsiblemente aumentarán la demanda de electricidad. El informe considera, de hecho, los centros de datos uno de los nuevos retos de la transición.
Menos coches y menos aviones
Es en la movilidad donde la propuesta del ICTA-UAB se distancia más claramente del modelo actual. El estudio plantea reducir el tráfico motorizado privado y reforzar el transporte público, mientras que las actuales subvenciones al coche eléctrico se reorientarían hacia fórmulas como el leasing, el coche multiusuario y los vehículos comunitarios.
En el transporte aéreo, la propuesta es aún más contundente: reducir fuertemente el tráfico mediante herramientas fiscales. Según el informe, esto permitiría ahorrar energía e impactos ambientales, reducir vulnerabilidades y, al mismo tiempo, generar ingresos públicos y moderar los precios de la vivienda. El planteamiento llega en un momento en que el aeropuerto del Prat sigue batiendo récords. En 2025 cerró con 57,5 millones de pasajeros, un 4,4% más que el año anterior, y más de 43 millones de pasajeros internacionales.
Aquí el conflicto entre los dos modelos queda especialmente expuesto: mientras la economía catalana sigue beneficiándose del incremento de los flujos turísticos y de la conectividad internacional, el informe considera que parte de esta actividad debería contraerse para liberar recursos y reducir impactos.
Turismo: más actividad o más valor
El turismo es uno de los grandes campos de prueba del postcrecimiento. Cataluña ha construido una parte importante de su actividad económica alrededor de la llegada de visitantes, pero el volumen también genera presión sobre el agua, la energía, la movilidad, la vivienda y ciertos territorios. El debate que abre la UAB no es solo si el turismo debe crecer o disminuir, sino si se puede generar más valor económico con menos volumen y menor consumo de recursos.
Alimentación: menos ganadería intensiva
Uno de los ámbitos donde el informe concreta más su propuesta es la alimentación. El ICTA-UAB defiende una transición hacia un modelo agroecológico basado en la pequeña agricultura y orientado prioritariamente a la seguridad alimentaria. El cambio más profundo afectaría a la ganadería. Según el estudio, Cataluña no tiene suficiente potencial agrícola para alimentar simultáneamente a la población y mantener la actual industria ganadera, ni siquiera si dejara de exportar carne. La ganadería extensiva sostenible solo podría cubrir una pequeña parte del consumo actual. Por eso propone una reducción sustancial del consumo de alimentos de origen animal.
Vivienda: cuando el PIB no explica el bienestar
La vivienda ofrece otro ejemplo de la distancia entre actividad económica y calidad de vida. Una economía puede crecer mientras una parte de la población dedica una proporción creciente de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca. Para el ICTA-UAB, el impuesto sobre la renta de la tierra podría actuar sobre esta cuestión: reducir la especulación, abaratar el acceso al suelo y generar recursos para ampliar el parque público de alquiler e impulsar cooperativas de vivienda. Ahora bien, construir vivienda asequible, rehabilitar edificios y ampliar el parque público requiere inversión, materiales, energía y mano de obra.
Dejar de mirar solo el PIB
El principal cuestionamiento del ICTA-UAB apunta a la manera como se define el éxito económico. El PIB permite medir el valor de la producción, pero no informa por sí solo de cómo se distribuye la renta, del acceso a la vivienda, de la calidad de los servicios públicos, de las horas trabajadas o del consumo de recursos naturales. Se propone sustituir la dependencia del crecimiento por una combinación de redistribución, servicios públicos, reducción del consumo material y reorganización del trabajo. Y admite a la vez una dificultad decisiva: aplicar estas políticas de manera unilateral es más complicado para Cataluña porque forma parte de la eurozona. Con todo, ven margen para aplicar medidas propias y convertirlas en un instrumento para impulsar cambios más amplios a escala europea.
