El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde al nuevo modelo de financiamiento con el único apoyo de Cataluña y Canarias. El modelo propuesto por el ejecutivo de Pedro Sánchez puede continuar su camino hacia el Consejo de Ministros, que lo aprobará como anteproyecto de ley orgánica y luego llegará al Congreso de los Diputados. Sin los votos garantizados, el modelo ya ha tenido un efecto colateral, la división del independentismo, que tiene estrategias diferentes con el PSOE y que confronta sobre cuántos recursos tendrá Cataluña, de dónde saldrán, cómo se repartirán y quién tendrá capacidad para recaudarlos y gestionarlos. La propuesta de Madrid, que ERC defiende como un avance sustancial, prevé 4.686 millones de euros adicionales para Cataluña, dentro de una inyección global de 20.975 millones al sistema. Junts considera que el incremento de recursos no resuelve el problema de fondo y reclama un modelo de concierto económico.
Lo que divide a las dos formaciones es, en buena parte, una diferencia sobre cómo debe organizarse la hacienda catalana. ERC acepta obtener más recursos y más autonomía fiscal dentro del régimen común, y considera que la ordinalidad es un elemento clave para corregir una parte de las disfunciones actuales. Junts, en cambio, defiende que el salto cualitativo solo llegará si Cataluña asume el control de la recaudación y gestión de los principales impuestos.
1.- 4.686 millones más
La cifra es el principal reclamo económico de la reforma. Cataluña recibiría 4.686 millones de euros adicionales respecto del sistema actual, mientras que el conjunto de las comunidades de régimen común dispondrían de 20.975 millones más en total. El incremento es importante, pero no equivale a 4.686 millones de reducción del déficit fiscal catalán. Los recursos del sistema de financiamiento sirven para financiar las competencias transferidas a las autonomías —sanidad, educación o servicios sociales, entre otras—, mientras que el déficit fiscal tiene una dimensión mucho más amplia e incluye el conjunto de los ingresos y gastos del Estado en un territorio. Otros territorios también recibirían una aportación extra: Andalucía recibiría 4.846 millones adicionales, el País Valenciano, 3.669 millones y Madrid, 2.555 millones. El Gobierno español defiende así que el incremento responde a una ampliación global de los recursos del sistema y no a un trasvase específico hacia Cataluña.
2.- Más recursos, más autonomía
Uno de los cambios económicos más relevantes es el aumento de la participación autonómica en los principales impuestos. La cesión del IRPF pasaría del 50% al 55%, mientras que la del IVA aumentaría del 50% al 56,5%. Esta escala incrementa los ingresos vinculados a la actividad económica de cada territorio y refuerza la corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Pero no equivale a darles el control completo de los tributos. Es aquí donde aparece una distinción esencial: tener una participación más grande en los impuestos no es lo mismo que recaudarlos directamente. Cataluña tendría más recursos vinculados a su capacidad fiscal, pero continuaría dentro del régimen común.
3.- La ordinalidad, la clave catalana
El otro gran elemento económico es la ordinalidad. El principio busca evitar que la redistribución altere excesivamente la posición relativa de los territorios según su capacidad fiscal. Para Cataluña, esto es especialmente importante, porque una de las críticas históricas al sistema es que la aportación fiscal y los recursos disponibles por habitante no mantienen una relación proporcional después de la redistribución. La propuesta incorpora este principio y la Generalitat calcula que Cataluña mantendría la tercera posición entre las comunidades aportadoras netas y también quedaría en una posición equivalente en recursos por habitante ajustado. Pero el debate no es solo contable. La ordinalidad determina hasta dónde puede llegar la redistribución sin alterar el orden inicial de capacidad fiscal de los territorios.
4.- Paso adelante o renuncia
ERC defiende que la reforma permite corregir parte de los problemas del sistema actual sin esperar una transformación completa del modelo territorial. Su apuesta es conseguir más recursos, aumentar la capacidad fiscal catalana y consolidar la ordinalidad. Desde un punto de vista económico, los republicanos priorizan el aumento inmediato de recursos y la mejora de la posición relativa de Cataluña frente a un sistema actual que consideran caducado e insuficiente. Para ERC, el nuevo modelo no es un punto de llegada, sino una base desde la cual continuar negociando más autonomía fiscal.
En cambio, Junts pone el acento en otra variable: la capacidad de decisión sobre los ingresos. Considera que Cataluña puede recibir más dinero y, sin embargo, continuar dependiendo de un sistema en el que la capacidad efectiva de recaudación y gestión de los principales tributos continúa en manos del Estado. Por eso defiende un concierto económico que permita a la Generalitat recaudar y administrar los impuestos generados en Cataluña y determinar posteriormente su contribución a los gastos comunes. La diferencia con ERC es más económica que terminológica: ERC pone el acento en los recursos disponibles; Junts, en quién controla los ingresos que los generan.
5.- El déficit fiscal, fuera de la reforma
Pero el nuevo financiamiento no llega para ser una solución al déficit fiscal. Los 4.686 millones adicionales mejorarían la capacidad financiera de la Generalitat, pero no permiten concluir que Cataluña recupere una cantidad equivalente del saldo fiscal que mantiene con el Estado. El déficit fiscal tiene que ver con el conjunto de la balanza entre impuestos pagados y gasto público recibido, mientras que el sistema de financiamiento regula principalmente los recursos con los que las autonomías financian las competencias que tienen transferidas. Más financiamiento autonómico puede aliviar las finanzas de la Generalitat, pero no elimina por sí mismo el déficit fiscal.
6.- Un café para todos
El gobierno español intenta desactivar las críticas al modelo con un argumento económico: el pastel crece para todos. Los 20.975 millones adicionales no se redistribuyen únicamente entre comunidades, sino que provienen de una ampliación de los recursos que el Estado pone al sistema. Esto explica que todas las autonomías de régimen común mejoren en términos absolutos. La cuestión es cómo queda la distribución relativa. Es aquí donde entran en juego variables como la población ajustada, la capacidad fiscal, los mecanismos de nivelación y la ordinalidad. Por eso la discusión no se puede reducir a saber quién recibe más euros, sino a determinar qué criterio económico utiliza el sistema para distribuir los recursos.
8.- El costo de continuar como ahora
El sistema actual hace años que está caducado, y esta es una de las principales razones por las que ERC considera que rechazar cualquier reforma tiene también un costo económico. Defiende que mantener el modelo vigente significa continuar con unas reglas diseñadas hace más de una década y con una distribución de recursos que Cataluña considera insuficiente para financiar adecuadamente sus competencias. Junts responde que el problema no es solo la actualización de las cifras, sino el mismo esquema de relación fiscal con el Estado. Desde esta perspectiva, Junts denuncia que incrementar los recursos sin modificar sustancialmente la capacidad de recaudación solo pospondría el problema.
9.- Sin mayoría en el Congreso y con elecciones a la vista
Ahora bien, el nuevo modelo aún no ha sido aprobado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera lo ha avalado con los votos de Cataluña y Canarias, pero 13 comunidades de régimen común han votado en contra. La propuesta aún tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y por el Congreso, donde el gobierno español deberá construir una mayoría suficiente. Esto otorga a Junts una capacidad de negociación considerable. Si mantiene el rechazo actual, el PSOE deberá buscar alternativas para aprobar la reforma. Por tanto, los 4.686 millones son hoy una estimación vinculada a una propuesta de modelo que aún puede cambiar o, incluso, no llegar a aprobarse. De hecho, la legislatura de Pedro Sánchez está en la recta final, y si en las próximas elecciones españolas hubiera un cambio de mayorías, el PP o VOX detendrían esta reforma del financiamiento.
10.- Aprovechar la oferta o presionar en el Congreso
Al final, la propuesta de Pedro Sánchez ha vuelto a evidenciar los caminos divergentes de Junts y ERC en Madrid y Cataluña. ERC considera que Cataluña no se puede permitir dejar escapar una mejora de miles de millones y un refuerzo de la autonomía fiscal porque el modelo no llegue aún al concierto económico. Junts considera que, precisamente, aceptar ahora este esquema puede consolidar un régimen común mejorado, pero alejado del objetivo que defiende.
¿Es mejor garantizar ahora más recursos dentro del sistema o aprovechar la fuerza parlamentaria para intentar cambiar el sistema de arriba a abajo? La propuesta del PSOE no resuelve esta disyuntiva. Tampoco convierte a Cataluña en una hacienda propia ni elimina el déficit fiscal. Lo que hace es aumentar los recursos disponibles, reforzar parcialmente la autonomía fiscal e introducir la ordinalidad en el nuevo modelo. Y, sobre todo, aún no es el nuevo sistema de financiamiento.
