El impuesto catalán sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos vuelve estos días a los bolsillos de los conductores. La Agencia Tributaria de Catalunya ha publicado la lista definitiva de vehículos sometidos a tributación, correspondiente al ejercicio 2025, y ha abierto el periodo de pago voluntario hasta el 20 de noviembre. Los conductores ya pueden consultar qué cuota les corresponde y pagarla a través de la sede electrónica de la ATC. El tributo no es nuevo. Quedó establecido en la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, pero su implantación efectiva llegó en 2021, cuando la Agencia Tributaria de Catalunya puso en marcha el nuevo impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. Aquel primer ejercicio tomó como referencia las emisiones de los vehículos correspondientes al año 2020 y ya recayó sobre cerca de cuatro millones de vehículos y 2,3 millones de contribuyentes.
Desde entonces, el impuesto se ha consolidado como una figura recurrente de la fiscalidad ambiental catalana. Los últimos datos anuales cerrados muestran el alcance que ha logrado: en 2024 generó 50,66 millones de euros de recaudación líquida y tributó sobre 4.379.343 vehículos. La ATC notificó aquel año 1.743.074 liquidaciones, por un importe total de 54,21 millones de euros.
La recaudación líquida, sin embargo, no equivale exactamente al importe de las liquidaciones generadas durante el ejercicio. La ATC explica que los 50,66 millones ingresados en 2024 incluyen también cantidades correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores cobradas por la vía ejecutiva. Aun así, la cifra supone un 18,5% más que en 2023 y dimensiona el peso que ha adquirido este tributo dentro de la fiscalidad ambiental de la Generalitat.
Un impuesto que crece con las emisiones
La factura no depende del precio del vehículo ni directamente de su potencia, sino de sus emisiones oficiales de CO₂ por kilómetro. En el caso de los turismos y las motocicletas, el tributo se aplica a partir de 120 gramos de CO₂ por kilómetro. Por debajo de este umbral no se paga, y tampoco están sujetos a él los vehículos 100% eléctricos. Aproximadamente, seis de cada diez vehículos están sujetos al impuesto sobre las emisiones de CO₂, según la ATC. Además, el sistema es progresivo: a medida que aumentan las emisiones, también lo hace la cuota. El objetivo es que la fiscalidad incorpore el coste ambiental asociado a la movilidad y que los vehículos más contaminantes soporten una carga fiscal más elevada. También hay exenciones para los vehículos históricos y clásicos, que tienen una bonificación del 100%, mientras que tampoco deben pagar aquellos vehículos cuya cuota no supere los seis euros.
Una excepción por la guerra: las furgonetas
El ejercicio que ahora se pone a cobro llega con una novedad: las furgonetas no tendrán que pagar el impuesto correspondiente a 2025, aunque superen el umbral ordinario de 160 gramos de CO₂ por kilómetro. La Generalitat ha establecido excepcionalmente una tarifa cero para estos vehículos en el ejercicio 2025 como medida fiscal para paliar los efectos económicos del conflicto bélico en Oriente Medio. Por tanto, no se trata de la desaparición definitiva de las furgonetas del tributo: es una medida extraordinaria limitada a este ejercicio.
La Generalitat defiende este impuesto como una herramienta de fiscalidad verde. Los ingresos se destinan al Fondo climático y financian actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible, la transición energética, la mitigación y adaptación al cambio climático y otras políticas ambientales. Una circunstancia que sitúa el debate más allá de la factura que recibe cada conductor. La cuestión es hasta qué punto un impuesto que recauda decenas de millones de euros anuales logra modificar el comportamiento de los propietarios y acelerar la renovación de un parque automovilístico que continúa dependiendo mayoritariamente de los motores de combustión.
El sector reclama revisarlo
El tributo también ha sido cuestionado por el sector de la automoción. Fecavem defiende su derogación y argumenta que el impuesto representa un coste añadido para los conductores y las empresas catalanas sin que, a su parecer, haya una conexión suficientemente directa entre la recaudación y la renovación del parque automovilístico. La patronal reclama que los recursos –la tarifa máxima son 60 euros anuales– contribuyan de manera más directa a acelerar la transición hacia vehículos menos contaminantes. Para la Generalitat, el impuesto es una herramienta de fiscalidad ambiental que hace pagar más a los vehículos que generan más emisiones y financia políticas climáticas. Para el sector, la cuestión es si esta penalización fiscal es lo suficientemente efectiva para lograr el objetivo ambiental que la justifica.
Cómo saber si tu coche paga
La Agencia Tributaria de Catalunya permite consultar la cuota correspondiente al vehículo. Para consultar un único vehículo, no se requiere identificación digital: basta con introducir el NIF del titular y la matrícula, junto con un número de móvil donde la ATC envía un código de acceso por SMS. La misma consulta permite ver la cuota y efectuar el pago.
