La Unión Europea quiere reforzar la competitividad de su economía, invertir más en tecnología y defensa y ganar autonomía estratégica, pero no se pone de acuerdo sobre quién debe pagar esta transformación ni sobre qué políticas deben asumir el costo. La negociación del presupuesto comunitario para el período 2028-2034 ha entrado en una fase decisiva con una propuesta de compromiso de la presidencia irlandesa -que se debate hasta este viernes- que reduce en 141.000 millones de euros el planteamiento inicial de la Comisión Europea. El recorte, del 8%, no ha cerrado las discrepancias entre los estados miembros y ha abierto un nuevo frente sobre la distribución de los recursos entre las prioridades tradicionales y las nuevas necesidades de la Unión.
El documento irlandés sitúa el presupuesto en aproximadamente 1,62 billones de euros para los siete años, un volumen que todavía representa un incremento del 30% respecto del marco financiero actual, pero que queda por debajo de la propuesta inicial. La presidencia del Consejo ha intentado acercar posiciones entre los países que reclaman limitar el gasto comunitario y los que consideran que Europa necesita más recursos para responder a los desafíos económicos y geopolíticos. De momento, el compromiso no satisface a nadie: los estados más partidarios de contener las aportaciones nacionales continúan reclamando disciplina presupuestaria, mientras que otros gobiernos advierten que reducir la ambición del presupuesto puede debilitar la capacidad de actuación europea.
La discusión va más allá de la dimensión global de las cuentas. El debate también determina qué sectores económicos, territorios y actividades productivas dispondrán de más apoyo europeo en los próximos años. El equilibrio es complejo: la Unión debe financiar nuevas prioridades sin desmantelar políticas que han sido centrales en su integración, como las ayudas agrarias y los fondos de desarrollo regional.
Agricultura y cohesión resisten, pero la competitividad pierde recursos
La propuesta irlandesa distribuye los recortes de manera desigual. El capítulo que agrupa la cohesión económica, social y territorial, la agricultura, la pesca y las comunidades rurales baja alrededor de un 3%, hasta unos 1,026 billones de euros, frente a los 1,062 billones previstos en el planteamiento inicial. La presidencia irlandesa mantiene las asignaciones nacionales destinadas a los planes de asociación nacionales y regionales, una decisión que responde a la voluntad mayoritaria de los estados de preservar los recursos de estas políticas. Esta protección debe interpretarse con cautela: se trata de las cifras incluidas en un documento de negociación, no de un presupuesto definitivo ni de una garantía sobre los importes que acabará recibiendo cada país. La distribución final dependerá del acuerdo entre los gobiernos y de las condiciones que se establezcan para cada programa.
El contraste es más acusado en el capítulo dedicado a la competitividad, la prosperidad y la seguridad, que pasa de unos 590.000 millones de euros a 515.000 millones, una reducción aproximada del 13%. El Fondo Europeo de Competitividad baja de 409.000 millones a 362.000 millones, mientras que el programa de investigación Horizonte Europa pasa de 175.000 millones a 158.000 millones. También se reducen los recursos previstos para seguridad, industria de defensa y espacio. La acción exterior europea es otra de las partidas afectadas, con un recorte alrededor del 17%.
El resultado plantea una contradicción de fondo: la Unión quiere acelerar la inversión en innovación, tecnología y capacidad industrial para competir con las grandes potencias, pero el compromiso presupuestario reduce parte de los recursos que había previsto dedicar a estos objetivos. Al mismo tiempo, preservar las políticas agrarias y regionales limita el margen disponible para financiar las nuevas prioridades. La cuestión es especialmente relevante para las empresas que dependen de programas europeos de investigación, innovación y transformación industrial, así como para los territorios que necesitan fondos comunitarios para impulsar infraestructuras, modernización productiva y transición económica.
España coordina posiciones para defender los fondos regionales
En este escenario, España se ha coordinado con un grupo de países que quieren preservar el peso de la política de cohesión y evitar que las nuevas prioridades se financien a costa de reducir los recursos destinados a las regiones. El 12 de octubre, el gobierno español acogió una reunión de los llamados Amigos de la Cohesión, con la participación de representantes de Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, además de Francia.
Los participantes lamentaron las reducciones adicionales planteadas por la presidencia irlandesa y advirtieron que situarían la ambición global del próximo presupuesto en solo el 1,02% de la renta nacional bruta de la Unión, según su valoración. El grupo defiende que la cohesión no es únicamente una política de transferencia de recursos entre estados, sino también una herramienta para reducir desigualdades territoriales, reforzar el mercado interior y facilitar que las empresas y las regiones con menos capacidad financiera puedan participar en la transformación económica europea.
La posición española también pone el foco en la política agraria común, una partida especialmente sensible para el sector primario, y en la necesidad de mantener un presupuesto con suficiente ambición para responder a las necesidades económicas y sociales de los estados miembros. La negociación deberá determinar hasta qué punto se pueden proteger estos fondos sin reducir excesivamente la capacidad de inversión en competitividad, investigación y seguridad.
La deuda pandémica complica la financiación
Otro de los grandes obstáculos es el costo de devolver la deuda común emitida para financiar el programa NextGenerationEU después de la pandemia. Su reembolso añade presión a las cuentas comunitarias y reduce el margen disponible para las políticas ordinarias, justo cuando los gobiernos reclaman más inversión en defensa, tecnología, energía y autonomía industrial.
Para evitar que el costo recaiga principalmente en las aportaciones de los estados, las instituciones europeas han planteado nuevas fuentes de ingresos propios, vinculadas, entre otros ámbitos, al mercado del carbono, a los residuos electrónicos y a las contribuciones empresariales. Estas fórmulas, sin embargo, también generan discrepancias sobre la distribución de la carga fiscal y el impacto que pueden tener sobre la actividad económica.
España y los otros miembros de los Amigos de la Cohesión se han mostrado abiertos a discutir nuevos recursos propios europeos, siempre que sean genuinos, equitativos, sencillos y no regresivos. También defienden un calendario más gradual para devolver la deuda de NextGenerationEU y plantean que se puedan estudiar instrumentos de financiación común para sostener inversiones europeas estratégicas. El objetivo, aseguran, es evitar que el pago de la deuda absorba una parte excesiva del presupuesto y acabe desplazando recursos destinados a las políticas de desarrollo.
Un acuerdo que marcará las prioridades económicas europeas
El marco financiero plurianual requiere la unanimidad de los estados miembros en el Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo. El objetivo político es llegar a un acuerdo antes de que termine el 2026, para poder completar después la negociación de la normativa y de los programas e iniciar el nuevo período presupuestario en enero del 2028.
La batalla por las cuentas europeas es, en definitiva, una discusión sobre el modelo económico que quiere construir la Unión. Los gobiernos deben decidir si asumen más recursos comunes para reforzar la capacidad industrial y tecnológica europea, cómo reparten el costo de las nuevas prioridades y hasta qué punto mantienen el apoyo a la agricultura y a las regiones. La propuesta irlandesa acerca algunas posiciones, pero no resuelve el dilema: Europa quiere ser más competitiva y estratégicamente autónoma, mientras los estados continúan divididos sobre cuánto dinero están dispuestos a poner y qué políticas deben quedar protegidas.
