La demanda de coches eléctricos en Cataluña ha acelerado considerablemente en el último año y pico. La penetración de alternativas electrificadas al vehículo de combustión ha alcanzado mensualmente casi una cuarta parte de las nuevas matriculaciones hasta marzo, como confirmaban datos de la patronal estatal de fabricantes Anfac. De acuerdo con el estudio de la entidad, los conductores del Principado compraron y movilizaron en el primer trimestre unos 34.400 coches eléctricos, rozando el 24% de todo el nuevo parque móvil. La ratio supera a la media española, como detalla el mismo barómetro patronal, en cerca de tres puntos porcentuales. Las condiciones del mercado y la conciencia de los consumidores, según las voces sectoriales consultadas, harán que esta cifra continúe al alza en los próximos meses. «Se va reduciendo la incertidumbre en torno al vehículo eléctrico. También han caído los precios hasta niveles mucho más accesibles», reflexiona Josep Nadal, director general del Clúster de la Industria del Automóvil de Cataluña (CIAC). Uno de los mecanismos clave para aumentar la confianza de los conductores en el motor eléctrico es la infraestructura de recarga: la conciencia de que se puede enchufar el coche en cualquier vía del país si es necesario se vuelve esencial para mantener el ritmo de negocio. Cataluña se encuentra, en este sentido, en un buen punto. Es, con diferencia, el mejor territorio del Estado en disponibilidad de puntos de conexión. Ahora bien, la industria sufre por la multitud de obstáculos que deben esquivar para continuar ampliando el alcance de la conectividad. «Hay dos grandes problemas: los trámites burocráticos para instalar nuevos cargadores y la saturación de la red», explica Alejandro Valdovinos, responsable de relaciones institucionales de la fabricante de cargadores catalana Circontrol.
Como en el caso de las nuevas matriculaciones, las cifras de cargadores favorecen a Cataluña respecto de España. De acuerdo con los últimos datos de la asociación sectorial AEDIVE, concentra cerca del 20% de todos los puntos de recarga del Estado español. Al final del primer trimestre de este año según el estudio actualizado de Anfac, el Principado contaba con 11.900 cargadores, unos 2.200 más que a finales de 2025. De estos, cabe decir, unos 3.400 estarían aún sin conexión a la red; precisamente, debido a los problemas burocráticos y de saturación de la red que señala la industria.
Aunque es el territorio con más cobertura, aún está lejos de los objetivos previstos, tanto para el año 2026 como para el final de la década, en 2030. Según el informe de electromovilidad de la patronal automovilística, el problema se concentra en la demarcación de Barcelona: en las comarcas de Gerona y Lérida «ya se habría alcanzado o superado el umbral de potencia instalada previsto para este año»; mientras que al sur del Principado la expansión rondaría el 75% de los cálculos. En la región que rodea la capital, por el contrario, solo habría disponible un 25% de la capacidad de carga estimada. Ampliando la mirada, según detalla AEDIVE, en 2030 Cataluña debería contar con unos 48.000 puntos de recarga para ir en línea con la estrategia europea Fit for 55. Es decir, a solo cuatro años de una fecha clave, se encuentra por debajo del 25% del horizonte regulador. Para cumplir, deberían desplegarse unos 36.000 enchufes en cuatro años, muchos de ellos alrededor de Barcelona.
Tres años para una licencia
El gran problema, de acuerdo con fabricantes, operadores y empresas automovilísticas, es que los permisos de instalación de cualquiera de estos aparatos tardan en llegar prácticamente el mismo tiempo. Según denunciaba el pasado miércoles AORU, la joven patronal estatal de gestores de cargadores eléctricos, las licencias y trámites administrativos para sacar uno adelante «pueden alargarse durante 36 meses»; un cálculo que confirma Valdovinos. «En función de quién sea la autoridad competente, es necesario activar varios permisos: municipal, de la dirección general de carreteras, de la Generalidad…», comenta el directivo. En este contexto, según el CEO de la fabricante Electra y presidente de AORU, Bastien Verot, la «complejidad administrativa y reguladora» bloquea todavía mucha iniciativa viable. «Los permisos siguen siendo el principal cuello de botella de nuestro sector», declaraba en el último anuario eléctrico de AEDIVE.
Más allá del papeleo, Valdovinos apunta a la «saturación de la red eléctrica» en muchas zonas del Principado como un obstáculo para el despliegue. «Hay nuevos polígonos, proyectos de data centers, que ocupan la red en un porcentaje muy importante», asegura; y esto dificulta los permisos de conexión. Proveer de potencia a los monolitos de carga, especialmente en las zonas más activas del país, «requiere una inversión en nuevas subestaciones, pero también en líneas de media y alta tensión». «Y, hasta que no llega, no podemos recibir el permiso para activar los megavatios solicitados», agrega. La tensión llega hasta el punto, explica el representante de Circontrol, que «hay empresas que añaden kits de baterías portátiles» a sus estaciones para garantizarse el acceso a electricidad. «Se están estableciendo estrategias para sortear el problema de la red eléctrica, porque se requiere una inversión muy importante», explica el responsable institucional de la empresa catalana.
Se mantiene el optimismo
La lectura de las empresas especializadas, cabe decir, es todavía esperanzadora: hay actividad empresarial y capacidad técnica para alcanzar los objetivos, pero es necesario que el regulador vaya al mismo ritmo. «Las inversiones están comprometidas, pero bloqueadas por la inseguridad reguladora», reflexionan desde AORU. En este sentido, las organizaciones empresariales reclaman que «la iniciativa pública y privada caminen juntas» para llegar a la meta. «Debemos avanzar en cantidad, calidad y capilaridad en el despliegue de la infraestructura de recarga. Los fabricantes no podemos lograrlo solos», declaraba en unas recientes jornadas sectoriales Arancha García, directora de Industria y Medio ambiente de Anfac. En caso de que se logre esta colaboración, Valdovinos se muestra optimista. «Todavía queda mucho por hacer, pero no estamos asustados. Comenzamos con fuerza hace cuatro o cinco años, y ahora se están igualando las cosas», razona.
El sector público, de acuerdo con las fuentes consultadas, ganará protagonismo en los próximos años en lo que respecta a la «capilaridad» que reclamaba García. Según detalla Valdovinos, a pesar del crecimiento del parque móvil electrificado, aún no se ha llegado al punto de penetración que garantiza que todos los cargadores instalados sean rentables. «Para que un cargador deje beneficio, debe realizar entre cinco y seis cargas al día. Muchos aún no llegan», comenta. El negocio está garantizado en núcleos urbanos muy activos y en las vías interurbanas alrededor de las grandes ciudades. Ahora bien, el sector público es imprescindible para acceder a aquellos lugares «donde los actores privados no encuentran tan interesante» aterrizar, según Nadal. En este sentido, las voces empresariales consultadas celebran las cifras reveladas a principios de abril por el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper: la Generalidad habría instalado cerca de 2.600 puntos de recarga públicos durante 2025, en el marco del plan para el vehículo eléctrico anunciado a principios del año pasado. La administración catalana ha dedicado unos 25 millones de euros, procedentes del plan MOVES III; a los que se deben añadir los 100 millones adicionales para ayudas a la compra de coches electrificados. El avance deja un buen sabor al mundo empresarial, que celebra «el incremento sustancial de puntos de carga» en los últimos 12 meses. «Evidentemente, podría ser más. Pero se sigue una buena hoja de ruta», concluye el representante del CIAC.
