La represión policial, política y administrativa, los presos políticos y exiliados y el macrojuicio al independentismo son los efectos más visibles y conocidos de la respuesta del Estado español a las aspiraciones nacionales del referéndum del 1-O en 2017. Pero Cataluña y los catalanes -independentistas y no independentistas- comenzarían a acumular una factura económica, la derivada de la falta de inversiones y la desidia de Madrid hacia un territorio ya abiertamente hostil, mucho antes. La contabilidad de la factura del Estado contra Cataluña arranca en 2010 tras la oleada de reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en 2010, zona cero del Proceso.
Es cierto que Cataluña ya denunciaba déficits recurrentes en la ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado antes de 2010, pero los niveles de ejecución eran generalmente superiores a los que se registrarían en la década posterior. Durante los años 2000, coincidiendo con la expansión económica y grandes proyectos de infraestructuras como la alta velocidad, la ampliación del aeropuerto del Prat o diversas actuaciones ferroviarias y viales, la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña se situaba habitualmente por encima del 70% y, en algunos ejercicios, se acercaba o superaba el 80%.
Aquel 2010, con una gran manifestación en la calle y con políticos y sociedad civil alineados en la cabecera, ponía las bases de la movilización futura hacia el 1-O pasando por el 9-N, y sobre todo, ya alteraba la relación política y económica entre Cataluña y el Estado de forma obscena. Dieciséis años después de aquel episodio de represión judicial y política a las aspiraciones de autogobierno, el conflicto político continúa vivo en términos identitarios e institucionales, pero también en un terreno menos visible e igualmente relevante: el económico. Los datos de inversión estatal en 2025 facilitados por el Estado a los grupos políticos del Congreso de los Diputados hacen caer a Cataluña muy por debajo de su peso dentro de la economía española, al nivel más bajo de la serie histórica de que se dispone.
En 2025, recibió el 8,6% de la inversión territorializada ejecutada por el Estado (1.321 millones), a pesar de generar aproximadamente el 19% del PIB español. Madrid, por el contrario, concentró el 20,9% de la inversión ejecutada con 3.218 millones de euros. La diferencia no es solo porcentual. Traducida en términos por habitante, el ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutó una inversión de 162,6 euros por ciudadano en Cataluña, mientras que en Madrid la cifra se elevó hasta los 452,3 euros. Casi tres veces más. Madrid es la capital del Estado y concentra ministerios, organismos reguladores, empresas públicas, infraestructuras de interés general y buena parte de los centros de decisión política. El llamado efecto capital es una realidad reconocida por numerosos estudios económicos, y explica una parte importante de la concentración de actividad e inversión pública. Pero el efecto capital no es suficiente para justificar una diferencia tan persistente a lo largo del tiempo. La brecha catalana trasciende el color político de la Moncloa y obvia los apoyos de ERC y de Junts -antes CiU- a diversos ejecutivos españoles. Desde 2010, han pasado cuatro presidentes españoles, gobiernos de signo político diferente y diversas etapas de la relación entre Cataluña y el Estado, desde la confrontación abierta hasta la negociación. Y el déficit fiscal y las inversiones fantasma prometidas a cambio de votos no han dejado de crecer.
Generar riqueza para que no vuelva
El fracaso del pacto fiscal en 2012 entre los gobiernos de Zapatero y Artur Mas, las disputas recurrentes sobre infraestructuras, las negociaciones presupuestarias o el actual debate sobre la financiación singular responden a una misma cuestión de fondo no resuelta: el peso económico de Cataluña no se corresponde con los recursos que recibe del Estado. De hecho, la patronal Foment del Treball calcula que el déficit acumulado de inversión en infraestructuras en Cataluña entre 2009 y 2025 supera los 49.500 millones de euros. Según la misma organización, durante este período solo se ha ejecutado el 59,5% de las inversiones previstas. Esta es probablemente la cifra que mejor explica el debate de fondo. El problema no es solo qué ocurre en un ejercicio presupuestario concreto, sino el efecto acumulativo de quince años de inversiones insuficientes sobre una economía que representa una quinta parte de la riqueza estatal.
Las balanzas fiscales publicadas en los últimos años muestran un déficit fiscal persistente que ronda el 8% del PIB catalán, y con este dato, la combinación entre déficit fiscal y baja ejecución inversora durante tantos años conduce inevitablemente a razones políticas para explicar la evidencia de que Cataluña aporta más recursos de los que finalmente retornan al territorio.
A modo de ejemplo, entre 2015 y 2021, años significativos del Proceso, el Estado ejecutó de media el 60% de las inversiones previstas en Cataluña, mientras que en Madrid esta cifra llegó al 122%. Y si retrocedemos desde el año 2010, se constata que la sucesión de gobiernos del PP y el PSOE no ha alterado sustancialmente esta tendencia. Solo hay una paradoja: el año 2017, en pleno choque institucional entre la Generalitat y el Estado a raíz del referéndum del 1 de octubre bajo el gobierno del PP, Cataluña alcanzó un nivel de ejecución inversora superior al de otros ejercicios del período. Sin embargo, incluso ese año Madrid volvió a superar las previsiones presupuestarias, con una ejecución del 117,8% frente al 81% catalán.
De hecho, comparada con los otros territorios, Cataluña ocupa el quinto lugar en inversiones, por detrás de Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, que recibe el doble de recursos que la Generalitat (un 20% del total) a pesar de que el gasto en Cataluña creció un 28,5% respecto a 2023.
Después de todo, es la fotografía de los efectos de una batalla judicial y política contra la autonomía de Cataluña que no entiende de colores políticos ni tampoco de fidelidades. Dieciséis años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que vació de contenido la obligatoriedad de la disposición adicional tercera del Estatuto, Cataluña no solo no ha logrado que las inversiones del Estado se ajusten a su peso económico, sino que en muchos ejercicios ha visto cómo la distancia con otros territorios se ampliaba sin ninguna razón técnica ni social. Lo que debía ser un mecanismo para garantizar una inversión equivalente al peso del PIB catalán, ha resultado en una sangría aún mayor sobre la economía catalana y los catalanes. Y este 2025, con Pedro Sánchez sobreviviendo en la Moncloa contra las cuerdas y gracias a dos partidos independentistas y con el Gobierno de la Generalitat en manos del PSC, Cataluña ha tocado fondo en inversiones ejecutadas con este 8,6%.
