Las empresas deben desembolsar hasta 210 euros adicionales para que los trabajadores perciban 100 euros netos más en la nómina. Esta es una de las principales conclusiones del informe que ha presentado PIMEC, que alerta que solo entre el 48% y el 56% de los incrementos del coste laboral acaban llegando efectivamente al bolsillo de los asalariados.
El estudio, elaborado a partir del análisis de nueve nóminas reales de los sectores de la hostelería, el metal y la limpieza, pone cifras a una realidad que, según la patronal de las pequeñas y medianas empresas, se ha acentuado en los últimos años: la diferencia creciente entre el esfuerzo económico que asumen las empresas y la mejora salarial real que perciben los trabajadores.
Según los cálculos de la organización empresarial, por cada 100 euros adicionales de coste laboral que asume una empresa, el trabajador solo acaba percibiendo entre 48 y 56 netos. El resto se reparte entre cotizaciones sociales, retenciones del IRPF y otros conceptos vinculados a la relación laboral.
El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, ha advertido que esta situación «resta eficacia a las subidas salariales, presiona los márgenes empresariales y perjudica la competitividad». En la misma línea, la patronal considera que el debate sobre la mejora del poder adquisitivo no puede limitarse a los salarios y debe tener en cuenta también la fiscalidad y los costes asociados al empleo.
El informe señala dos factores principales. Por un lado, el incremento de las cotizaciones sociales derivado de las reformas adoptadas en los últimos años para reforzar la financiación del sistema público de pensiones. Por otro lado, la llamada «progresividad en frío» del IRPF, es decir, el hecho de que los salarios aumenten para compensar la inflación mientras los tramos y otros parámetros del impuesto se mantienen congelados. Según el estudio, este fenómeno ha provocado que los tipos efectivos del IRPF hayan aumentado entre 1,3 y 3,2 puntos porcentuales en los casos analizados. Esto se traduce en una carga fiscal adicional de entre 278 y 955 euros anuales por contribuyente sin que se hayan producido cambios en la situación familiar ni una mejora equivalente del poder adquisitivo.
Costes laborales en máximos históricos
La presentación del informe coincide con una etapa de incrementos sostenidos de los costes laborales. Según los últimos datos disponibles, el coste laboral total por trabajador en Cataluña se situó en 3.596 euros mensuales durante el primer trimestre del 2026, un 6,1% más que un año antes y el nivel más elevado de la serie histórica.
En este mismo período, el coste salarial aumentó un 5,7%, mientras que los costes no salariales, donde se incluyen principalmente las cotizaciones a la Seguridad Social, crecieron aún más, un 7,3%. Las cotizaciones obligatorias representan ya cerca de una cuarta parte del coste laboral total que asumen las empresas.
En el conjunto del Estado, el coste laboral medio supera los 3.270 euros mensuales por trabajador, también en máximos históricos, en un contexto marcado por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, los incrementos salariales pactados en convenio y las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.
PIMEC reclama una actualización automática del IRPF
Ante esta situación, la patronal reclama que las administraciones incorporen mecanismos automáticos de actualización de los parámetros monetarios del IRPF para evitar que la inflación incremente de manera indirecta la presión fiscal sobre los contribuyentes. La presidenta de la Comisión de Economía y Fiscalidad de PIMEC, Sílvia Gabarró, defiende que esta revisión debería afectar no solo a los tramos del impuesto, sino también a los mínimos personales, las reducciones y las deducciones. Según las simulaciones incluidas en el informe, las empresas deberían aplicar incrementos salariales adicionales de entre cuatro y once puntos porcentuales sobre la inflación acumulada para que los trabajadores mantuvieran intacto su poder adquisitivo después de impuestos.
El debate sobre el coste del trabajo
Las conclusiones de PIMEC reabren un debate recurrente sobre el coste real del trabajo y sobre la distribución de los esfuerzos entre empresas, trabajadores y administraciones públicas. Tanto el gobierno español como las organizaciones sindicales han defendido reiteradamente los incrementos de las cotizaciones sociales argumentando que son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población. También recuerdan que estas aportaciones financian prestaciones como las pensiones de jubilación, las bajas laborales o las prestaciones de desempleo.
La patronal, en cambio, sostiene que el aumento de los costes laborales no salariales reduce la capacidad de las empresas para incrementar sueldos y puede acabar afectando la competitividad, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la gran mayoría del tejido productivo catalán. Con este informe, PIMEC pone el foco en una cuestión que previsiblemente continuará marcando el debate económico de los próximos años: hasta qué punto las empresas pueden asumir nuevos incrementos de costes laborales y qué parte de este esfuerzo se traslada realmente a las nóminas de los trabajadores.
