La muerte es universal, pero el negocio que la rodea tiene propietarios muy concretos. En Cataluña, el sector funerario mueve más de 230 millones de euros anuales y está en manos de una combinación de grandes grupos empresariales, compañías aseguradoras, empresas familiares y, en menor medida, administraciones públicas. Mémora y Àltima son dos de los principales nombres de un mercado que ha vivido un proceso de concentración empresarial y en el que las aseguradoras han ido ganando protagonismo. Al mismo tiempo, los operadores familiares mantienen una presencia importante en determinados territorios, mientras que las iniciativas públicas continúan siendo minoritarias.
Las cifras ayudan a dimensionar el negocio. Según el informe del sector funerario en Cataluña de 2024, elaborado por el Instituto DYM por encargo de la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Cataluña (Asfuncat), el sector facturó 231,3 millones de euros durante ese ejercicio, un 7% más que en 2022. Las empresas atendieron 58.473 defunciones, el 93,2% del total registrado en el ámbito territorial analizado. El estudio recoge la actividad de 39 empresas asociadas, públicas y privadas, que gestionan 117 tanatorios y 48 hornos crematorios y dan empleo a 1.441 profesionales.
Uno de los datos que mejor explica la estructura económica del sector es el peso de los seguros de decesos. El 66,5% de los servicios funerarios de 2024 fueron financiados mediante estas pólizas. Es decir, dos de cada tres servicios están vinculados a un seguro que, en muchos casos, las familias han estado pagando durante décadas. Esta relación entre el negocio asegurador y el funerario es una de las claves para entender quién controla una parte importante de la industria de la muerte.
Mémora, de capital canadiense a manos de Catalana Occidente
Uno de los principales movimientos empresariales de los últimos años ha sido el cambio de propiedad de Mémora, uno de los grandes operadores funerarios de la península Ibérica y con una destacada implantación en Cataluña. El grupo estuvo controlado durante cinco años por el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan, que en 2017 lo adquirió al fondo británico 3i. En julio de 2022, el Grupo Catalana Occidente anunció su compra por 387,5 millones de euros, una operación que se completó en febrero de 2023.
Así, Mémora pasó de manos de un inversor institucional canadiense a formar parte de un grupo asegurador de origen catalán, con sede en Sant Cugat del Vallès y controlado por la familia Serra. El grupo opera actualmente bajo la marca Occidente y ha incorporado la actividad funeraria a su estructura empresarial. La compra le permitió reforzar la presencia en un sector que mantiene una relación directa con el negocio de los seguros de decesos. El caso de Mémora ejemplifica cómo el sector funerario ha dejado de ser exclusivamente un negocio de familias y operadores especializados para convertirse también en un ámbito de inversión para grandes grupos aseguradores. La compañía forma parte de una estructura empresarial que combina la prestación directa de servicios funerarios con otras actividades vinculadas a la protección y la cobertura económica de las familias.
Àltima, capital familiar catalán con participación aseguradora
El otro gran nombre del mercado catalán es Àltima, una compañía de origen catalán que mantiene el control mayoritario en manos de las familias que han construido el negocio. La sociedad matriz, Elysius Europa, está controlada por las familias Ventura, Fenés y Viñas, que suman el 70% del capital. El 30% restante está en manos de Albia, filial de la compañía aseguradora Santalucía.
Los hermanos Joan y Josep Ventura y Jordi Viñas son las caras visibles de la dirección del grupo, que ha ido creciendo a partir de la integración de diferentes negocios funerarios. Los Ventura tienen vínculos con la actividad funeraria en L’Hospitalet de Llobregat desde el siglo XVII, mientras que las otras ramas familiares también acumulan una larga trayectoria en este sector. En 2023, Àltima facturó unos 65 millones de euros y obtuvo entre 3,9 y 4 millones de beneficios. El grupo dispone de una red de tanatorios, cementerios y crematorios que le permite tener una implantación territorial importante. Su trayectoria ilustra la continuidad de las empresas familiares catalanas, pero también la incorporación de capital asegurador en su accionariado.
Las aseguradoras entran en el negocio funerario
La vinculación entre las compañías de seguros y las funerarias no es exclusiva de Cataluña. A escala estatal, grandes aseguradoras han incorporado operadores funerarios a sus estructuras. Santalucía controla Albia; Ocaso está vinculada a Servisa, y Mapfre es propietaria de Enalta, la antigua Funespaña. También el Grupo ASV, vinculado a Seguros Meridiano, forma parte de los grandes operadores del mercado español. Esta integración empresarial permite a las aseguradoras participar en diferentes fases del negocio: desde la contratación de la póliza hasta la prestación del servicio funerario. La cuestión tiene implicaciones sobre la competencia, especialmente en cuanto a la libertad de las familias para escoger la empresa que quieren contratar cuando se produce un fallecimiento.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) analizó esta realidad en un estudio sobre el funcionamiento del sector funerario en ocho comarcas catalanas. El organismo señala que el mercado se ha caracterizado tradicionalmente por una falta o un grado reducido de competencia, y advierte que la disponibilidad de tanatorios es un elemento esencial para poder operar. Estas instalaciones no son fácilmente sustituibles y condicionan la capacidad de las empresas para competir en un territorio.
El estudio también pone el foco en la integración vertical entre aseguradoras y operadoras funerarias, una estructura que puede generar riesgos para la libre elección de los consumidores. La competencia no depende solo del número de empresas que ofrecen servicios, sino también de quién controla las infraestructuras necesarias para prestarlos.
Al lado de los grandes grupos empresariales, el sector funerario catalán conserva un tejido de empresas familiares de dimensiones más reducidas, muy arraigadas al territorio y con una trayectoria que a menudo se ha transmitido de generación en generación. Es el caso de Funerària Besora, que presta servicios en Olot desde 1642; Serveis Funeraris Xicoy, empresa familiar de cinco generaciones fundada en 1921 y vinculada a Osona; Funerària Torra, establecida en Sabadell desde 1950, o Funerària Mena, con presencia en varias comarcas tarraconenses y de las Tierras del Ebro. También destaca Funerària Vicens, en el Alt Empordà, fundada en 1924 y gestionada actualmente por la tercera y la cuarta generación de la familia. Son ejemplos de un modelo de negocio de proximidad que convive con la concentración empresarial y la entrada de grandes grupos y aseguradoras al mercado.
Solo dos funerarias son íntegramente públicas
En contraste con el peso de los grandes grupos privados, la presencia de las administraciones públicas en la prestación de servicios funerarios es reducida. Según la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales (AFCM), en Cataluña solo hay dos funerarias de titularidad íntegramente pública, frente a ocho en el conjunto del Estado. La diferencia es especialmente significativa si se compara con los cementerios: aproximadamente el 99% son públicos. Esta situación tiene una explicación normativa. Los ayuntamientos tienen la obligación de garantizar el servicio de cementerio, pero no están obligados a prestar directamente los servicios funerarios. Esto ha facilitado que buena parte de la actividad haya quedado en manos de empresas privadas, aunque hay municipios que han mantenido o impulsado fórmulas de gestión pública y mixta.
Funerària de Terrassa, SAU es una sociedad de capital 100% municipal, propiedad del Ayuntamiento de Terrassa. Nació en 1965 como una empresa de capital mixto y se convirtió en íntegramente municipal en 1998. Tiene tanatorio, con diez salas de velatorio, crematorio y cementerio municipal, siendo el modelo público emblemático del país.
Uno de los casos más recientes es FuneCamp, la funeraria supramunicipal impulsada por los ayuntamientos de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí para ofrecer una alternativa pública en el Camp de Tarragona. El proyecto comenzó a funcionar en junio de 2025, después de la experiencia de la funeraria municipal de Reus, pero ha topado con la oposición de los operadores privados. Mémora, FuneConca y Serveis Funeraris Pedrola Montbrió llevaron a los tribunales la constitución de la sociedad. En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló los acuerdos municipales que habían permitido crear FuneCamp, tras estimar el recurso de las empresas privadas. La resolución cuestionó la memoria justificativa del proyecto, especialmente en lo que respecta a la viabilidad económica y la sostenibilidad financiera. FuneCamp anunció que recurriría la decisión y defendió la legalidad de la iniciativa. El conflicto ha convertido el proyecto en un caso emblemático del debate sobre hasta dónde pueden llegar los ayuntamientos para intervenir en un mercado dominado por operadores privados.
La radiografía del sector funerario catalán muestra un mercado donde conviven grandes compañías vinculadas a aseguradoras, empresas familiares con una larga trayectoria e iniciativas públicas minoritarias. La propiedad de las funerarias, sin embargo, es solo una parte del poder económico que hay detrás del negocio: también se debe tener en cuenta quién controla los tanatorios, los crematorios y la relación con las aseguradoras. Porque, cuando llega la muerte, las familias deben tomar decisiones en pocas horas, pero la estructura empresarial que hay detrás lleva años construyéndose.
