El Parlament ha aprobado definitivamente la nueva Ley de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña, una norma elaborada durante más de una década que actualiza el marco legal de las cámaras catalanas, pero que llega al pleno con uno de sus puntos más controvertidos intacto: las llamadas sillas de plata, las vocalías reservadas a las empresas que hacen las mayores aportaciones económicas voluntarias. La ley ha salido adelante con 114 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.
El debate sobre estas vocalías ha sido uno de los principales obstáculos políticos y empresariales que ha arrastrado la norma. Los Comunes y la CUP han votado en contra y han mantenido que vincular la capacidad de influencia dentro de una corporación de derecho público con la capacidad económica de las empresas introduce un desequilibrio en la representación empresarial. La CUP ha resumido su oposición con la idea de que se “socializa la financiación” mientras se “privatiza el poder”.
De dos a diez sillas de pago
La polémica adquirió una dimensión especialmente relevante este verano en la Cambra de Comerç de Barcelona, cuando el pleno de la institución aprobó ampliar de dos a diez las vocalías asignadas por aportación económica. La decisión se tomó por un margen mínimo: 29 votos a favor y 29 en contra, y fue el voto de calidad del presidente de la Cámara, Josep Santacreu, el que inclinó la balanza.
Hasta ahora, las dos sillas de plata de la Cámara de Barcelona las ocupan CriteriaCaixa y el RACC. Con la reforma aprobada en julio, las vocalías vinculadas a aportaciones económicas pasan a ser diez. Esto tiene una consecuencia directa sobre la composición del plenario: de los 60 miembros de la Cámara, los vocales elegidos directamente en las elecciones cambrales pasan de 52 a 44, mientras que seis continúan correspondiendo a las organizaciones empresariales más representativas, Foment del Treball y Pimec, y diez quedan reservadas a las empresas de mayor aportación voluntaria.
Es este cambio en la correlación de fuerzas lo que explica gran parte de la batalla que ha rodeado la ley. Las sillas de plata no son solo una fórmula de financiación: permiten que grandes empresas obtengan representación directa en el pleno sin pasar por el sufragio del conjunto del censo empresarial. La reforma, por tanto, reduce el peso relativo de los vocales elegidos en las urnas y aumenta el de las empresas que contribuyen económicamente a la institución.
Pimec ha sido una de las voces más críticas con esta fórmula. La patronal de las pymes ha celebrado la aprobación de la ley porque considera que ordena mejor el papel de las cámaras y de las organizaciones empresariales, pero mantiene su rechazo a las sillas de plata porque considera que pueden alterar el equilibrio de la representación sectorial.
El Consell de Garanties avala el sistema
La batalla política llegó hasta el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), después de que los Comunes y la CUP solicitaran un dictamen sobre diferentes aspectos de la proposición de ley, entre los cuales estaba precisamente el sistema de representación vinculado a las aportaciones económicas.
El dictamen, aprobado en agosto, avaló la constitucionalidad y la adecuación al Estatuto de la norma y también de las sillas de plata. El CGE consideró que el sistema respeta el carácter democrático de las cámaras porque, como mínimo, dos terceras partes de las vocalías deben ser elegidas por sufragio libre, igual, directo y secreto. El órgano también consideró razonable que una parte de las vocalías se reserve a las empresas que hacen aportaciones voluntarias significativas, en tanto que contribuyen al sostenimiento económico de las cámaras.
El aval jurídico ha permitido desbloquear definitivamente una ley que Cataluña arrastraba desde hace más de una década. La normativa catalana vigente hasta ahora era del 2002, mientras que la ley básica estatal de cámaras se actualizó en 2014. Con la aprobación del nuevo texto, Cataluña adapta finalmente su marco legal a aquella normativa estatal.
Una ley pactada por cuatro grupos
La proposición de ley ha sido impulsada por PSC-Units, Junts, ERC y PPC y ha acabado recibiendo también el apoyo de Aliança Catalana. Los Comunes y la CUP han votado en contra, mientras que Vox se ha abstenido. El pleno ha rechazado las 25 enmiendas que quedaban vivas —24 de los Comunes y una de Junts— y el PPC ha retirado las suyas.
Más allá de la composición de los plenos, la ley establece un nuevo marco de funcionamiento para las trece cámaras catalanas y reconoce formalmente estas instituciones como corporaciones de derecho público que representan los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. También regula su financiación, que combinará recursos públicos y privados, y fija el papel del Consell General de les Cambres como órgano consultivo y de colaboración con las administraciones.
La norma prevé que los recursos públicos procedan de los presupuestos de la Generalitat y de la delegación o asignación de funciones, convenios e instrumentos similares, mientras que los recursos privados podrán provenir de la actividad de las cámaras, la prestación de servicios, la gestión del patrimonio y los excedentes que generen.
A pesar del amplio consenso político que ha permitido aprobarla, las sillas de plata dejan abierta una de las principales discusiones sobre el futuro de las cámaras catalanas: hasta qué punto la capacidad de contribuir económicamente a una corporación de derecho público debe traducirse también en una mayor capacidad de decisión dentro de esta institución. La nueva ley da cobertura jurídica al modelo justo cuando la Cámara de Barcelona ha decidido multiplicar por cinco estas vocalías, de dos a diez, de cara al próximo mandato cameral.
