El centro tecnológico Leitat vuelve a encontrarse atrapado en una situación financiera delicada poco más de un año después de que la Generalitat y las entidades financieras articularan un plan de rescate para garantizar su continuidad. Fuentes conocedoras de la situación explican a Món Economía que la entidad ha comunicado a sus proveedores que este mes de octubre no podrá afrontar con normalidad los pagos y que priorizará las nóminas y las cotizaciones a la Seguridad Social. La situación se ha complicado, según estas mismas fuentes, por las dificultades para renovar algunas líneas de crédito y pólizas.
El nuevo episodio llega tras un proceso de reestructuración que parecía haber encarrilado la situación económica del centro. Pero la sentencia que en julio de 2026 declaró nulo el ERE ejecutado en 2024 ha abierto un nuevo frente: el impacto económico de la resolución podría situarse entre los 17 y los 18 millones de euros solo para los trabajadores que demandaron a Leitat, y superar los 30 millones en el caso de que los efectos se extiendan al conjunto de los 115 despedidos. Con todo, la sentencia se puede recurrir.
27 millones de pérdidas en tres años
La crisis actual de Lietat, fundado en 1906 en Terrassa, tiene su origen en una situación financiera que arrastra desde hace años. El centro tecnológico acumuló pérdidas de 27 millones de euros entre 2021 y 2023, de los cuales 16 millones corresponden solo a 2023, según la auditoría previa encargada a PwC. Una parte muy importante de este agujero estaba relacionada con WeLab, el centro de investigación biotecnológica que Leitat había adquirido a Esteve y que finalmente terminó cerrando. La situación desembocó en 2024 en un expediente de regulación de empleo (ERE) que inicialmente preveía 160 salidas y que finalmente se redujo a 115 trabajadores. El objetivo de la reestructuración era reducir costos y recuperar la viabilidad económica del proyecto.
A principios de 2025, la dirección de Leitat aseguraba que la entidad había logrado revertir la tendencia, dado que la entidad había cerrado 2024 con un ebitda positivo y una facturación de 36,7 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Pero al mismo tiempo, arrastraba un pasivo de unos 14 millones, con aproximadamente cinco millones de deudas con socios y proveedores y nueve millones con entidades financieras.
La Generalitat activó un plan de salvamento
Para garantizar la continuidad del centro, el Gobierno de la Generalitat autorizó en abril de 2025 una operación de hasta 14 millones de euros vinculada al Institut Català de Finances. El acuerdo permitía al ICF formalizar operaciones de financiación a favor de Acondicionamiento Tarrasense —la entidad jurídica detrás de Leitat— y avalar operaciones de otras entidades financieras, hasta un máximo global de 14 millones. La operación formaba parte de un esquema más amplio para asegurar la supervivencia del centro. Unos meses antes, Leitat había negociado un préstamo de 14 millones con varias entidades bancarias para afrontar los pagos pendientes a los proveedores y financiar la nueva etapa de crecimiento.
Hay que tener en cuenta que la Generalitat ya había hecho una aportación extraordinaria de unos 9,8 millones de euros en 2024, destinada, entre otras cuestiones, a afrontar los costos del ERE, terminar obras y pagar proveedores. Sin embargo, aquella operación no ha eliminado la dependencia de Leitat de la financiación externa. Según fuentes conocedoras de la situación actual, «algunas líneas de crédito y pólizas» no se habrían renovado y el centro estaría teniendo «dificultades para encontrar nueva financiación». Es este problema de liquidez inmediata, más que no solo el volumen histórico de deuda, lo que explica la tensión actual con los proveedores.
Quién está detrás de Leitat
Leitat no es una sociedad mercantil convencional con un accionista de control. La entidad jurídica es la Asociación Acondicionamiento Tarrasense, una asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida en 1906. La Asamblea General es su máximo órgano de gobierno y la Junta Directiva es la encargada de representar, dirigir y administrar la asociación. La composición de la Junta explica, en buena parte, el carácter singular de Leitat. Actualmente está presidida por Ramon Pastor en representación de la Fundación CECOT Innovación. En la misma Junta está Xavier Panés, en representación de la Asociación CECOT, y Joan Romero, en representación de ACCIÓ, la agencia de competitividad de la Generalitat. También tienen representación empresas e instituciones del ámbito industrial de Terrassa.
Esto no significa que Leitat sea una empresa propiedad de la Generalitat ni de la patronal CECOT. Pero sí que su gobernanza incorpora directamente representantes del entorno empresarial y de la administración catalana, mientras que el centro mantiene una fuerte vinculación con las políticas públicas de I+D y transferencia tecnológica.
La conexión institucional también se refleja en la trayectoria del actual director general. Jordi Cabrafiga ocupa el cargo desde noviembre de 2023, tras haber desarrollado diferentes responsabilidades en la Generalitat, entre ellas la Secretaría General de Economía y Hacienda, la presidencia del ICF entre 2021 y 2022 y la Secretaría General de Empresa y Conocimiento. Por todo ello, la crisis de Leitat tiene una dimensión que va más allá de los balances de la entidad. El centro es privado y sin ánimo de lucro, pero forma parte del ecosistema institucional catalán de innovación y ha recibido apoyo público para garantizar su continuidad.
Un ERE que ahora puede costar millones
Al fin y al cabo, la reestructuración laboral que debía contribuir a sanear Leitat se ha convertido ahora en uno de los principales riesgos económicos del centro. El Juzgado Social número 1 de Terrassa declaró en julio nulo el ERE ejecutado en 2024 tras estimar la demanda presentada por una sesentena de trabajadores. La sentencia considera que hubo defectos en la información facilitada durante el proceso y que no se cumplió adecuadamente el deber de negociar de buena fe. La resolución obliga a readmitir a los trabajadores afectados por la sentencia -con un coste millonario-, aunque su aplicación deberá concretarse en el marco del recurso que presente la entidad y de las consecuencias jurídicas de la nulidad. Leitat defiende que el ERE se tramitó de acuerdo con la legalidad vigente, que recibió el visto bueno de Trabajo y que había sido aprobado por la plantilla.
De la amenaza concursal a la negociación
En las últimas semanas, la situación ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre la posibilidad de que Leitat pueda acabar entrando en concurso de acreedores. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que esta posibilidad ya había aparecido anteriormente como escenario en las conversaciones alrededor del ERE, pero que finalmente no se materializó. Ahora, con las dificultades para renovar financiación y el impacto potencial de la sentencia, el riesgo que preocupa es sobre todo el de la liquidez. La comunicación a los proveedores sobre la priorización de nóminas y cotizaciones apunta a una situación de tensión de tesorería, aunque esto no equivale por sí mismo a una situación concursal.
La dirección ha defendido que Leitat continúa teniendo actividad y que el objetivo es garantizar la continuidad del proyecto. De hecho, el centro mantuvo en 2025 una actividad significativa en proyectos de innovación y transferencia tecnológica y el 2026 ha continuado presentándose como un agente activo del ecosistema catalán de innovación.
El dilema de la Generalitat
La situación vuelve a situar a la Generalitat ante un dilema complejo. Por un lado, Leitat es uno de los centros tecnológicos más antiguos de Europa y tiene un papel consolidado en la transferencia de tecnología a la industria catalana. Por otro, la administración ya ha participado en la operación de rescate financiero de la entidad y cualquier nuevo apoyo debería encajar en las restricciones presupuestarias y en las normas aplicables a la financiación pública. El Gobierno justificó la operación de 2025 precisamente por la necesidad de contribuir al mantenimiento de la actividad de Leitat y preservar el equilibrio patrimonial del ICF ante las operaciones de financiación y avales. Ahora, sin embargo, el centro enfrenta una combinación especialmente delicada: una deuda acumulada tras varios ejercicios de pérdidas, la necesidad de nuevo circulante para funcionar con normalidad y una sentencia judicial que puede convertir el antiguo ERE en una factura de decenas de millones de euros.
La paradoja de Leitat es que la crisis financiera convive con una actividad tecnológica que sigue siendo relevante. La entidad ha celebrado en 2026 su 120º aniversario y mantiene proyectos vinculados a la innovación industrial, la sostenibilidad, la digitalización y la inteligencia artificial.
