La extinción de las licencias de alquiler turístico en 2028, prevista por el decreto 3/2023 de la Generalitat, es uno de los avances regulatorios más celebrados por el movimiento por la vivienda desde su aprobación, aún bajo el Gobierno de Pere Aragonès. Sindicatos y asociaciones de inquilinos señalan la desaparición de los permisos para los arrendamientos temporales como una de las claves para revivir el mercado de la vivienda en Barcelona y Cataluña. Desde entonces, sin embargo, el sector de la atención al visitante ha corregido este diagnóstico, a través de diversas iniciativas y asociaciones de propietarios. Los últimos en hacerlo, los visitantes de negocios, de acuerdo con una reciente encuesta elaborada por la patronal de arrendadores Apartur, que asegura que un 84% de los viajeros corporativos que aterrizan en Barcelona desearía una «regulación proporcionada» de la industria, y no una prohibición general. Hace solo dos meses, se ha sumado un nuevo actor a las protestas contra la estrategia del Gobierno para expulsar los pisos turísticos: el movimiento de Trabajadores por el Alquiler Turístico, una entidad con solo unas semanas de vida que agrupa «trabajadores del alquiler de corta estancia en Cataluña: limpieza, mantenimiento, interiorismo, desarrollo de software, atención al viajero y autogestores, entre muchos otros». Uno de los portavoces de la nueva agrupación, Patricio Bustillos, asegura en conversación con Món Economia que una regulación como esta genera más agravios económicos que ventajas para el mercado residencial. «Somos chivos expiatorios del problema de la vivienda: no llegamos ni al 1% de todo el parque«, razona Bustillos.
Cabe recordar que el decreto recoge la extinción de todas las licencias turísticas del Principado en el año 2028, y establece diversos requisitos para expedir nuevas. Algunas ciudades, como Barcelona o Badalona, ya han anunciado que no darán cabida a este modelo de negocio en sus planeamientos urbanos, prohibiendo de hecho los arrendamientos de corta duración para visitantes en el término municipal. En otros municipios, los que sí adapten el plan urbanístico a la emisión de estos permisos, sí se podrá llevar a cabo, aunque con un límite de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes.
La asociación asegura agrupar representantes tanto de la gestión profesional de los alquileres turísticos como de sectores que dependen en parte de la economía del visitante. Entre puestos de trabajo directos e indirectos, aseguran, los alquileres turísticos están vinculados a la actividad de unos 200.000 trabajadores en todo el Principado. Cabe decir que este cálculo agrupa personas empleadas directamente por empresas dedicadas al alquiler turístico, como otras que se benefician, como la restauración, las lavanderías o incluso las aplicaciones de gestión y reserva de inmuebles turísticos, como Airbnb. De estos, unos 50.000 se dedican directamente a los pisos temporales. «El resto es economía inducida», detalla Guillem Laporta, uno de los otros portavoces de la asociación.
Este grupo de profesionales, según indica Bustillos, «está ausente del debate público y de las decisiones que está tomando el gobierno». El portavoz forma parte de la empresa AB Apartamentos, una de las muchas gestoras de alquileres temporales que funcionan en Barcelona. También forman parte gestores individuales, como es el caso del inversor Guillem Laporta, que explica que se dedica al management de una propiedad individual. Sin embargo, los miembros aseguran que aspiran a concentrar todas las patas del sector: desde trabajadores de la limpieza y el servicio a los apartamentos hasta, incluso, comunidades de vecinos interesadas económicamente en atraer apartamentos para turistas. También empresas dedicadas al mantenimiento de los pisos, entre otras. «Todas estas compañías quedarán sin actividad. Se gastará menos, y habrá puestos de trabajo que quedarán eliminados de forma indirecta», alerta Laporta.
Los límites de la regulación
La entidad, explican los portavoces, todavía no ha elaborado unos objetivos reguladores compartidos. «Todos estamos de acuerdo en que las licencias turísticas son beneficiosas para la ciudad, para dar empleo», valora Bustillo. En este sentido, por ahora, concentra empresas y profesionales que «están en desacuerdo con este decreto». «Lo primero que queremos es que haya un debate; que la ley se tome en conjunto, y tenga en cuenta nuestra voz», añade el portavoz. Para Laporta, una «regulación proporcionada» del sector debería buscar ampliar los beneficios económicos que deja esta actividad; y repartirlos entre todos los colectivos interesados. «Nos gustaría, en primer lugar, mantener las licencias; y después regular correctamente cómo se otorgan», detalla. Más allá de esquivar el decreto, el representante se marca como objetivo que las ganancias de los inmuebles de arrendamiento temporal «reviertan sobre las comunidades de vecinos» que los acogen. También considera necesario ampliar la influencia de las tasas turísticas del país y de Barcelona, para que «reviertan en los trabajadores del sector, con formación o mejoras en las condiciones laborales».
Para Bustillo, la experiencia de la prohibición de los pisos turísticos en otros lugares del mundo no es satisfactoria. «El ejemplo claro es Nueva York», indica el profesional de la gestión de inmuebles. En 2023, la metrópoli atlántica impuso normas estrictas para los arrendamientos temporales: los propietarios deben estar presentes en todo momento en el piso o la casa y compartir espacios con los turistas; los acuerdos solo pueden estar vigentes durante unos días, y los pisos solo pueden acoger a dos personas. «Desde entonces, los hoteles han crecido un 12,6% su liquidez, y la vivienda sigue siendo el problema número 1 de la ciudad», alerta el portavoz. Este es el escenario que dibujan para Barcelona: beneficios «para las grandes hoteleras», y precios aún desorbitados para los inquilinos habituales. Más aún que en Nueva York, dado que en la ciudad norteamericana los pisos turísticos ocupan un 10% de todo el parque residencial, mientras que en la capital catalana se quedan en el 1% de todos los disponibles -como mínimo, los 10.000 que operan con licencia-.
Sobre este diagnóstico, esperan avanzar en una regulación más amistosa con sus intereses mediante conversaciones tanto con la administración como con otros actores de la vivienda temporal. Bustillo reconoce que la nueva asociación comparte objetivos, entre otros, con otras como Apartur o Federatur, las patronales de propietarios en el Estado y en Cataluña. «Estamos hablando», confirma; y los considera un «socio clave en el movimiento de los trabajadores» a favor de los arrendamientos temporales. Laporta, por su parte, pone el foco en los encuentros con partidos políticos y representantes electos. Gobierno y legisladores «entienden qué pasa», tal como los miembros. «Los pisos turísticos no son en ningún caso el problema de la vivienda en el país», concluye el miembro de la entidad.
