La Generalitat ha logrado abrir una nueva vía para intervenir en las decisiones estratégicas sobre los aeropuertos catalanes. El Govern y el ejecutivo español constituirán un órgano bilateral paritario que permitirá a Cataluña participar en la planificación de las infraestructuras aeroportuarias, las inversiones, la conectividad y la definición del modelo de país. El acuerdo, que se refleja en el esquema de participación del País Vasco en las infraestructuras aeroportuarias de Aena, representa un paso adelante en la reivindicación catalana de tener más capacidad de influencia sobre un sistema que continúa bajo control estatal.
El entendimiento se ha cerrado este jueves en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, celebrada en el Palau de la Generalitat, a escasas horas del inicio oficial de la campaña electoral del 29-N. La proximidad de la cita con las urnas da una dimensión política añadida al acuerdo, que permite al presidente Salvador Illa presentar avances en una de las carpetas más sensibles de la relación entre Cataluña y el Estado y, al mismo tiempo, en uno de los compromisos que el PSC había adquirido con ERC para lograr la investidura.
La cuestión aeroportuaria es especialmente relevante porque el debate sobre el futuro del Prat ha ido mucho más allá de las obras de ampliación. La capacidad de decidir las inversiones, orientar las rutas internacionales, mejorar la conectividad con el resto del territorio y determinar qué papel deben tener los aeropuertos de Girona, Reus y Lleida-Alguaire forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo económico y de infraestructuras de Cataluña.
Un paso en la gobernanza, pero no en la titularidad
El acuerdo abre la puerta a una participación más directa de la Generalitat en las decisiones que afectan a las instalaciones aeroportuarias, pero no conlleva un traspaso de la gestión de los aeropuertos ni de las competencias operativas de Aena. La compañía estatal continuará manteniendo el control de las infraestructuras que gestiona, como el Prat, Girona y Reus, mientras que el órgano bilateral deberá servir para coordinar las decisiones estratégicas entre las dos administraciones. La distinción es importante en un momento en que el debate sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona continúa abierto. Aena dejó fuera de su plan inversor hasta 2031 las grandes obras de ampliación de la infraestructura, una decisión que generó malestar en el Govern y que volvió a poner sobre la mesa los límites de la capacidad catalana para incidir en las decisiones del operador estatal.
En paralelo, la Generalitat ya había comenzado a construir una estructura propia para ordenar el sistema aeroportuario. En enero, el Govern acordó impulsar la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, un organismo destinado a centralizar la planificación estratégica, coordinar las políticas aeroportuarias y dar una visión conjunta a las diferentes infraestructuras del país. La nueva autoridad, sin embargo, tampoco tendrá capacidad para administrar o explotar los aeropuertos gestionados por Aena. La combinación de este ente con el órgano bilateral con el Estado debe permitir al Govern tener más instrumentos de interlocución e influencia.
Un acuerdo con lectura electoral
La bilateral es el cuarto encuentro de este tipo durante la legislatura y forma parte de la estrategia de normalización de las relaciones institucionales entre los gobiernos de Salvador Illa y Pedro Sánchez. Para el PSC, los acuerdos con el Estado son una manera de reivindicar la utilidad de la negociación y el despliegue del autogobierno ante el electorado catalán. Pero el acuerdo también tiene una lectura en clave de pactos parlamentarios. La participación catalana en la gobernanza aeroportuaria era una de las demandas de ERC en las negociaciones que hicieron posible la investidura de Illa. Por lo tanto, el nuevo organismo permite a los republicanos exhibir un compromiso alcanzado y al Govern presentar un avance en una carpeta que tiene un peso económico y territorial considerable.
La celebración de la bilateral en vísperas de la campaña del 29-N, sin embargo, ha provocado las críticas de Junts. La formación ha cuestionado el calendario de la reunión y ha acusado a los ejecutivos de convertirla en una operación de propaganda electoral. El Govern, por su parte, defiende que se trata de acuerdos trabajados previamente y que la actividad institucional no debe detenerse por la llegada de las elecciones.
Más allá de la disputa partidista, habrá que ver si el acuerdo es algo más que un espacio de coordinación institucional. La capacidad real de incidencia de Cataluña dependerá de las funciones concretas que se le atribuyan, de su relación con Aena y de si puede intervenir en las grandes decisiones de inversión y desarrollo del sistema aeroportuario. El reparto efectivo del poder sobre los aeropuertos sigue siendo una asignatura pendiente.
