El Departamento de Educación tendrá que garantizar el cumplimiento de los proyectos lingüísticos y de la inmersión en las escuelas e institutos catalanes, dedicando «todos los medios» a su alcance. Esto incluye la inspección educativa, muy a menudo cuestionada. Así le ha instado el Parlamento al aprobar dos mociones impulsadas por Junts per Catalunya y la CUP. Las dos mociones tienen muchos puntos en común, entre las cuales está la firma de un Pacto Nacional por la Lengua antes de acabar este año. También reclaman fortalecer el modelo de escuela catalana para hacerlo resistente a las injerencias de la justicia española y a normas de ámbito estatal. Las dos mociones han salido adelante con los votos del PSC, ERC, Junts, los comunes y la CUP.
Sobre la inspección educativa, el texto de Junts apunta que «hay que asegurar que los inspectores de Educación asesoren y orienten las direcciones de los centros educativos y comprueben que los centros cumplen los proyectos lingüísticos». La CUP, por su parte, habla de «fortalecer la defensa del modelo de escuela catalán con más contundencia para frenar la ofensiva estado/judicial con más implicación de todos los medios del Departamento de Educación, incluida la inspección educativa, para combatir los modelos segregacionistas que impone la derecha en todo los Países Catalanes».
Un Pacto Nacional urgente para proteger el catalán
Ambos textos también apuntan que es urgente aprobar un Pacto Nacional en defensa de la escuela catalana para «avanzar en la propuesta ante la intromisión y los ataques sistemáticos ante los poderes políticos y judiciales del estado español». La CUP añade que hace falta que sea firmado antes de acabar el 2023 y que los próximos presupuestos prevean una partida específica.
Este Pacto serviría para proteger el modelo de escuela catalana ante las sentencias de los tribunales españoles, tal como recoge la moción de Juntos, que insta al gobierno catalán a «agotar las vías judiciales necesarias para proteger el modelo de escuela el catalán ante las injerencias judiciales». Además, la CUP pide un informe que «identifique todas y cada una de las leyes, normativas y sentencias estatales que perpetúen o agravian las condiciones de desigualdades de las lenguas minorizadas en Cataluña» para combatirlas con este Pacto.
