Más de diez años. Este es el tiempo que ha tardado la fiscalía en reconocer negro sobre blanco el fiasco de la causa Volhov y su causa madre, la operación Estela, que dirigió el juez ahora ya jubilado Joaquín Aguirre como titular del antiguo Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Así lo acredita un escrito firmado por el fiscal Ricardo Sanz-Gadea -quien sustituyó a Fernando Maldonado, destinado al País Valenciano, en plena instrucción- registrado en la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Barcelona, lo que antes era el juzgado de Aguirre -ahora jubilado- y que ahora comanda Alejandra Gil, a quien también le tocó la continuidad de la instrucción de la causa madre del Proceso como sustituta del magistrado Antonio Ramírez Sunyer, en el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, cuando murió.
En un escrito de aún no cuatro páginas pero muy intenso y al que ha tenido acceso El Món, el fiscal critica con desparpajo la instrucción y los problemas procesales derivados de una macrocusa caótica que se atreve a calificar de «sudoku procesal». Lo hace para justificar la petición de archivo definitivo de una pieza principal que quedó cerrada el 26 de enero de 2024 y que la sección 21 de la Audiencia de Barcelona recomendó a la instructora cerrar a cal y canto y, de paso, lanzar las llaves al mar, en una interlocutoria del pasado mes de diciembre. La crítica del ministerio público llega con firma del 27 de febrero pasado, cuando la causa Estela se había iniciado diez años antes, el 8 de febrero de 2016, con una redada de detenciones y la derivada, Volhov, con otra redada en varios municipios de Cataluña el 28 de octubre de 2020: un caso, por cierto, en el que el protagonismo se lo llevaba la supuesta trama rusa del Proceso. El escrito del fiscal se produce también después de la jubilación de Aguirre y con la causa prácticamente de cuerpo presente. Es bien cierto que cuando fue muerto lo comulgaron.
De la Diputación de Barcelona a Moscú
El escrito ruega cerrar el último reducto de la instrucción, una pieza «meramente instrumental» en la cual «no aparece ninguna persona en calidad de investigado y ni siquiera hechos con relevancia penal autónoma». Por eso, ruega a la jueza ordenar el «sobreseimiento libre y consecuente archivo de las actuaciones». El fiscal Sanz-Gadea, en un encomiable ejercicio honesto de dar explicaciones, hace una autopsia de un procedimiento judicial. De hecho, parece que escriba un manual de bolsillo de cómo no se han de llevar a cabo las instrucciones. Así, inicia su relato el 8 de febrero de 2016 cuando comenzó la causa, abriendo las diligencias 111/2016, que provenían de una investigación del Juzgado de Instrucción 1 del Vendrell, que se las había quitado de encima, en enero de 2016.
Cuatro años más tarde, el 25 de febrero de 2020, el fiscal reprocha que se «acordaron la formación de tantas piezas separadas como beneficiarios pudieran haber de las posibles subvenciones irregulares otorgadas por la Diputación de Barcelona». Cabe recordar que la investigación, en primer término, versaba sobre la sospecha de que varias entidades dedicadas a la cooperación internacional cobraban subvenciones del organismo en proyectos simulados que servían para financiar la internacionalización del Proceso.
Una tesis, sin embargo, que no tenía el fervor de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF). Una resistencia que, muy pronto, el juez resolvió. En concreto, sustituyó la UDEF por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, dirigida en Cataluña, por el teniente coronel Daniel Baena. Una decisión que provocó una sonora protesta del máximo mando de la UDEF del momento. En todo caso, la Guardia Civil fue siguiendo su tesis a través de uno de los investigados, Víctor Taeradellas, muerto repentinamente el pasado 25 de septiembre, hasta concluir que el Kremlin estaba detrás del referéndum del Primero de Octubre.
Treinta piezas separadas y el caos
En esta línea, el fiscal enfatiza que el juez, en un primer momento, abrió ocho piezas separadas, que eran «deducciones de testimonios» de la pieza principal. «Posteriormente», añade el ministerio público, «se incoaron otras piezas, casi una treintena, que han acabado todas sobreseídas y archivadas». En esta línea, admite que solo quedan dos, la principal y la CatMón, que quedó colgada, y que fue la primera investigación de Tarradellas. El 12 de mayo de 2021 el fiscal subraya que se abrió otra pieza separada, una especie de cajón de sastre sin justificación que pretendía ser un instrumento de clonación procesal, por si la Audiencia archivaba las actuaciones.
El fiscal no se está de describir el absoluto caos de la situación. «Los problemas procesales generados han supuesto que varios investigados no supieran en qué pieza o qué piezas tenían la condición de investigados, y que se les notificaran resoluciones y les dieran traslado de información procesal que o no les afectaba por no estar incluidos en esas piezas que se tramitaban o se les continuara realizando los traslados de piezas vivas, cuando aquellas donde eran investigados ya se habían archivado», se queja con pesar el fiscal Sanz-Gadea.
Además, añade que el letrado de la administración de justicia -antiguo secretario judicial- tuvo que poner orden. Así, el 23 de febrero de 2024, harto de las quejas de las defensas y los procuradores, firmó una Diligencia de Ordenamiento el 23 de febrero de 2024, para acordar «eliminar el sistema informático a todas las partes que no constaran personadas en las piezas que se encontraban vivas» en ese momento, eran 9 piezas separadas.
«Sudoku procesal»
El escrito presentado también critica sin complejos la «inexistencia de una resolución judicial que delimite los hechos que seguían investigados y que no se habían derivado en piezas separadas». De ahí que tome prestada la expresión que la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona utilizó para calificar la instrucción: «un sudoku procesal». De hecho, el fiscal remarca diligencias de ordenación del secretario judicial de 23 de octubre de 2023, de 23 de febrero de 2024 y de 12 de mayo de 2025, «poniendo de manifiesto los problemas procesales de la causa».
En la misma línea, el ministerio fiscal subraya la sorpresa de que en una pieza principal «no haya ninguna declaración de investigado». De hecho, rememora que en principio, debían tomar declaración a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y el exresponsable del área exterior de la Diputación de Barcelona, Jordi Castells, que no solo tenían piezas separadas individuales, sino que además habían sido archivadas. Finalmente, el fiscal aporta la última resolución de la Audiencia de Barcelona sobre esta causa, y sobre esta pieza principal que aún navegaba. Una interlocutoria que calificaba la pieza de ser un «sin sentido» y que añadía más problemas a “la extraordinaria duración de la causa que exigía que cualquier prórroga de la instrucción fuera debidamente justificada”.
Los magistrados acababan sentenciando que “en la causa no cohabitan la eficacia del derecho penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, de derecho de defensa y un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable”. De hecho, apuntaban que el sistema del juez “infligiría gravemente el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas” y señalaba el criterio “prospectivo” de la investigación que estaría expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico español. El ministerio público, finalmente, lo ve igual, aunque a lo largo de la instrucción se opuso a algunas diligencias por «prospectivas». Al fin y al cabo, nunca es tarde si el gozo es bueno.
