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La agricultura, el 29-N: recetas para que vivir de la tierra vuelva a ser rentable

La renta agraria catalana alcanzó en 2025 los 2.805,1 millones de euros, el valor más alto desde 2007. El dato, una estimación del Departamento de Agricultura de la Generalitat, podría hacer pensar en un sector que recupera músculo económico. Pero el crecimiento no ha resuelto los problemas estructurales que arrastra la agricultura: los costos de producción, la dificultad de obtener precios remuneradores, el envejecimiento de los titulares de las explotaciones y la competencia de los alimentos importados.

En este contexto, las elecciones españolas del 29-N sitúan el futuro del sector primario entre los debates económicos de la campaña. Las candidaturas coinciden en considerar estratégica la actividad agraria y ganadera, tanto para garantizar el abastecimiento alimentario como para mantener vivo el mundo rural, pero discrepan sobre las recetas para asegurar su continuidad. La fiscalidad, el funcionamiento de la cadena alimentaria, el futuro de la Política Agraria Común (PAC), las exigencias ambientales y los acuerdos comerciales internacionales dibujan modelos bastante diferentes. La cuestión de fondo es cómo lograr que producir alimentos en Cataluña vuelva a ser una actividad económicamente rentable.

Cabecera de la manifestación de agricultores en Barcelona, bajo el lema ‘Sense pagesia: ni país ni futur’ Autor: Aina Martí / Maria Asmarat / ACN

¿Precios justos o menos impuestos?

Una de las principales diferencias entre las candidaturas es la manera de abordar la rentabilidad de las explotaciones. ERC pone el foco en la posición de los productores dentro de la cadena alimentaria y reclama reformar la Ley de la cadena alimentaria para garantizar que los precios cubran los costos de producción. La formación propone establecer metodologías objetivas para calcular estos costos según cada sector, reforzar los observatorios agroalimentarios y actualizar las referencias en función de la evolución de factores como los combustibles y los fertilizantes. También defiende más apoyo a las cooperativas y a los pequeños y medianos productores, así como un incremento de los recursos destinados a los seguros agrarios.

Frente Amplio -donde están los Comunes- comparte la necesidad de intervenir en los mecanismos de fijación de precios, pero incorpora una crítica más explícita a la concentración de poder en la distribución y a la acumulación de tierras. Propone controlar los sistemas de medición y fijación de los precios agrarios, incluidos los programas informáticos que procesan los datos del mercado, y frenar la acumulación especulativa de tierras por parte de grandes propietarios y fondos de inversión. También quiere redefinir la figura del agricultor activo para que las ayudas de la PAC lleguen a quienes realmente desarrollan una actividad agraria, en detrimento de los grandes propietarios rentistas y las sociedades sin actividad productiva.

Junts, por su parte, sitúa las rebajas fiscales directas y la reducción de la burocracia en el centro de su propuesta. El programa plantea crear un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida en origen, revisar el IRPF de las explotaciones profesionales, permitir que las ayudas públicas tributen como las indemnizaciones y aplicar un IVA reducido a las obras de modernización de los regadíos. También reclama simplificar los trámites administrativos y evitar que la normativa estatal imponga a los productores requisitos más exigentes que los fijados por la Unión Europea.

El PP también apuesta por aliviar la presión fiscal sobre el mundo rural. Una de sus propuestas es permitir que los ingresos de las buenas cosechas se puedan repartir fiscalmente entre varios ejercicios, para evitar que una campaña excepcionalmente buena penalice al agricultor en la tributación. También defiende mejorar los seguros agrarios e impulsar un pacto nacional por el campo, el mar y el bosque, con participación de las administraciones y las organizaciones del sector.

Els tractors dels pagesos bloquejant Brussel·les / ACN
Los tractores de los agricultores bloqueando Bruselas / ACN

Mercosur, uno de los grandes puntos de fricción

Uno de los principales elementos de confrontación es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La agricultura teme que la entrada de productos procedentes de países con estándares de producción diferentes genere una competencia desigual, especialmente en actividades como la ganadería y determinadas producciones agrícolas.

ERC rechaza la ratificación del acuerdo en los términos actuales y reclama que no se aplique provisionalmente hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. También pide cláusulas de salvaguarda y reciprocidad de las normas exigidas a los productores europeos. Frente Amplio también rechaza la aplicación del acuerdo en los términos planteados y reclama un modelo comercial que no subordine la producción alimentaria a los intereses de las grandes cadenas de distribución.

Junts, en cambio, pone el acento en las llamadas cláusulas espejo: exigir que los alimentos importados cumplan los mismos estándares ambientales, sanitarios, fitosanitarios y laborales que los productores catalanes y europeos. La formación también reclama más competencias para la Generalitat en el control de las fronteras y las inspecciones fitosanitarias.

El PP también defiende reforzar los controles a las importaciones y exigir condiciones equivalentes a los productos que entran al mercado europeo. El PSC apuesta por una competencia justa ante las importaciones y por reforzar la reciprocidad de los estándares, al tiempo que defiende mantener una PAC fuerte y suficiente para las explotaciones profesionales y familiares.

Vox adopta una posición más contundente: rechaza explícitamente el acuerdo con Mercosur y los tratados que, según el partido, obligan a los productores a competir en desigualdad de condiciones. También propone recuperar el principio de preferencia comunitaria, aumentar los controles fronterizos y crear un fondo de compensación por los sobrecostos derivados de las normativas europeas.

Reunión de los líderes europeos en Bruselas / Unión Europea

¿Quién debe gestionar las ayudas europeas?

La negociación del próximo período presupuestario europeo, correspondiente a los años 2028-2034 también condiciona las propuestas. El PP reclama evitar recortes en los recursos destinados a la agricultura y la pesca. El PSC defiende una política agraria común orientada a las explotaciones profesionales, familiares y de pequeña y mediana dimensión, y propone aprobar una Ley de Agricultura Familiar y Profesional que refuerce los seguros, el relevo generacional y la protección ante la concentración de tierras en manos de fondos de inversión.

ERC y Junts comparten la reivindicación de una gestión más descentralizada de la PAC, pero la sitúan dentro de una demanda más amplia de soberanía y competencias. ERC reclama que Cataluña participe directamente en la definición, distribución y gestión de los fondos europeos agrarios y pesqueros, y que el nuevo marco financiero garantice recursos suficientes y diferenciados para el sector. Junts va más allá y exige el traspaso de las competencias que aún retiene el Estado en materia agraria, ganadera, forestal y pesquera, con los recursos económicos y humanos correspondientes. También quiere que la Generalitat asuma la gestión integral de la PAC y pueda adaptar las ayudas a las particularidades de las explotaciones catalanas.

Frente Amplio introduce otra discusión: quién debe recibir las ayudas europeas. La formación propone auditar las subvenciones de la PAC concedidas durante los últimos cinco años y controlar la concentración de tierras y ayudas, con el objetivo de priorizar las explotaciones que desarrollan actividad agraria efectiva. También defiende reforzar las condiciones sociales vinculadas a las ayudas, de manera que las empresas que incumplan las obligaciones laborales o las condiciones de alojamiento de los temporeros no puedan ser beneficiarias.

Un agricultor recoge calçots en una plantación de Maspujols (Baix Camp) / Europa Press

El relevo generacional, un reto compartido

El envejecimiento de la agricultura es otra de las cuestiones que aparece en los programas electorales. El PSC plantea crear bancos de tierras para facilitar el acceso de los jóvenes a explotaciones viables e impulsar la incorporación de mujeres al sector. Frente Amplio también quiere facilitar el acceso a la tierra y frenar su concentración, mientras que Junts apuesta por incentivos fiscales en las transmisiones de explotaciones y ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores. ERC vincula el relevo generacional a la garantía de precios justos y a la viabilidad económica de las explotaciones familiares.

A la vez, que concurre a las elecciones con el lema Fora Espanya, no incluye medidas específicas sobre agricultura, ganadería, PAC o precios en origen. El documento general de propuestas del partido defiende un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación, la industria y la energía limpia, pero tampoco no concreta una política agraria.

El debate electoral sobre la agricultura va más allá de las ayudas y las subvenciones. Las candidaturas discrepan sobre si la solución pasa prioritariamente por reducir impuestos y burocracia, reforzar la intervención pública en la cadena alimentaria, limitar la concentración de tierras o revisar las exigencias ambientales y comerciales europeas.

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