La posible aprobación de una nueva moratoria estatal antidesalojos vuelve a poner el foco sobre un fenómeno que, aunque ha perdido intensidad respecto a los años más duros de la crisis inmobiliaria, sigue teniendo una dimensión elevada en Cataluña. Sumar reclama al gobierno español que apruebe el martes el nuevo decreto de vivienda y que recupere mecanismos de protección para los hogares vulnerables. La petición llega tras el desalojo en Madrid de una mujer de 87 años y en plena negociación entre los socios del ejecutivo sobre el alcance de las nuevas medidas.
Los datos judiciales permiten dimensionar el problema. Entre 2013 y 2024 se llevaron a cabo en Cataluña 139.173 lanzamientos judiciales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La serie incluye los lanzamientos derivados de procedimientos regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ejecuciones hipotecarias y otras causas.
Caen los desalojos en Cataluña la última década
La magnitud era especialmente elevada al comienzo del período. Cataluña registró 16.008 lanzamientos en 2013, 15.606 en 2014 y 15.557 en 2015. Aún en 2016 se practicaron 14.069 y en 2017, 13.308. En 2018 la cifra se situó en 13.941. Desde entonces, los lanzamientos han ido disminuyendo, aunque con una interrupción extraordinaria durante la pandemia. En 2019 se registraron 12.446 y en 2020 cayeron hasta los 5.737, un 54% menos. Ese año, la actividad judicial quedó fuertemente condicionada por las restricciones provocadas por la covid y por las medidas extraordinarias de suspensión de los lanzamientos aprobadas por el gobierno español. Pero en 2021 los lanzamientos volvieron a subir hasta los 9.398; en 2022 fueron 8.574 y en 2023, 7.148. En 2024 se situaron en 7.381, menos de la mitad de los que se practicaban una década antes, pero aún una cifra elevada en comparación con los años inmediatamente anteriores a la crisis financiera.
El desalojo cambia de perfil
Más allá de la reducción del número total, los datos muestran un cambio profundo en la naturaleza de los lanzamientos. El problema ha pasado progresivamente de las ejecuciones hipotecarias al mercado del alquiler. En 2013, de los 16.008 lanzamientos registrados en Cataluña, 10.817 procedían de procedimientos relacionados con la LAU, mientras que 4.426 derivaban de ejecuciones hipotecarias. Las dos vías ya coexistían, pero el peso de los alquileres se ha ido ampliando a medida que desaparecían los efectos más intensos de la crisis hipotecaria. El cambio es especialmente visible en 2024. De los 7.381 lanzamientos practicados en Cataluña, 5.539 estaban vinculados a procedimientos de la LAU, mientras que 1.121 correspondían a ejecuciones hipotecarias. Los 721 restantes respondían a otras causas.
Dicho de otra manera, tres de cada cuatro lanzamientos practicados en Cataluña en 2024 estaban relacionados con el alquiler. La crisis de los desalojos ha cambiado así de naturaleza y ya no tiene principalmente el perfil de la familia que no puede afrontar una hipoteca, sino el del hogar que no puede mantener el pago del alquiler o que se encuentra en un conflicto relacionado con el contrato de arrendamiento.
El efecto extraordinario de las moratorias
La serie también permite observar qué pasó cuando se introdujeron medidas extraordinarias de protección durante la pandemia. Cataluña pasó de los 12.446 lanzamientos de 2019 a los 5.737 de 2020. La caída coincidió con la suspensión de determinados procedimientos y lanzamientos para personas en situación de vulnerabilidad, dentro del paquete de medidas aprobado durante la covid. Y con la recuperación de la actividad judicial, los lanzamientos volvieron a crecer: en 2021 casi se duplicaron respecto del año anterior y se situaron en 9.398. Posteriormente han ido bajando, pero sin volver a los mínimos extraordinarios de 2020.
Las medidas de protección han continuado prorrogándose después de la pandemia. El Real Decreto-ley aprobado en febrero de 2026 amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de determinados procedimientos de desalojo y lanzamiento cuando se cumplen los requisitos de vulnerabilidad previstos legalmente. Y ahora, Sumar quiere ir más allá y reclama una nueva protección para los hogares vulnerables. La propuesta que defiende la formación busca evitar que determinadas familias puedan ser expulsadas de la vivienda mientras no dispongan de una alternativa residencial, también en algunos casos en que el procedimiento judicial ya ha avanzado.
Cataluña, a la cabeza del Estado
El problema tampoco es homogéneo territorialmente. En 2024 Cataluña registró 7.381 lanzamientos, el 26,8% del total estatal, y fue el territorio con más casos. La proporción es especialmente significativa si se tiene en cuenta que Cataluña representa aproximadamente el 16% de la población española. Los datos más recientes confirman esta concentración. Durante el primer trimestre de 2025 se practicaron 2.069 lanzamientos en Cataluña, el 28,2% de los registrados en el conjunto del Estado.
En una década, Cataluña ha pasado de los 16.008 lanzamientos de 2013 a los 7.381 de 2024, una reducción superior al 50%. Pero esta bajada no ha hecho desaparecer el fenómeno ni ha reducido necesariamente su complejidad. La principal transformación es otra: el alquiler ha sustituido a la hipoteca como principal escenario de los lanzamientos. Y es sobre esta realidad, muy diferente de la de la crisis inmobiliaria de hace quince años, que deberá actuar cualquier nueva moratoria que apruebe el ejecutivo español.
