El cierre definitivo de las tres nucleares catalanas entre 2030 y 2035 exige poner en marcha una alternativa que sostenga el consumo energético del país. Las asociaciones empresariales del sector de las renovables defienden que el tejido industrial del país tiene la capacidad para tomar el relevo, si bien lamentan los impedimentos que aún sobreviven a escala burocrática, pero también en términos de infraestructuras. En un comunicado conjunto, la patronal del sector fotovoltaico Unefcat y la asociación EolicCat defienden que el tejido industrial del país está «perfectamente preparado» para suplir la energía proveniente de Ascó y Vandellós. Los últimos datos, sin embargo, apuntan que el desarrollo de energías verdes en el país no está acelerando al ritmo necesario -Cataluña, incluso en las halagüeñas lecturas del último informe del Foro Sella, es el séptimo territorio del Estado en nueva generación-. El agravio, aseguran, proviene de la administración: «Solo necesitamos que el gobierno español permita pedir ahora y hoy suficientes accesos a la red y que el Gobierno catalán agilice la tramitación de los expedientes», razonan.
Entre las denuncias del sector, pues, destaca el evidente tope burocrático que aún mantiene la Generalitat, que empresarios y expertos llevan tiempo denunciando. De hecho, según el que fuera director general de EolicCat Jaume Morron, varios proyectos renovables fueron sacados a información pública después de los trámites urbanísticos tan tarde que sus licencias de conexión ya habrían caducado. Las entidades, cabe decir, reclaman una agilización de trámites que conserve «la exigencia y el rigor necesario para garantizar a la ciudadanía la certeza de que los proyectos implementados no conllevan impactos inaceptables»; especialmente ante la oposición social que muchos de estos desarrollos generan en el territorio. Por otro lado, también ponen el dedo en la llaga de la falta de capacidad de descarga de la energía generada: Cataluña, alertan desde la industria, no cuenta con suficientes puntos de conexión para que los parques que se instalen -hipotéticamente- se conecten a la red eléctrica general. Este problema, cabe recordar, cae en el tejado de Red Eléctrica, la empresa pública gestora de la red energética del Estado.
En caso de eliminar estos dos obstáculos, apuntan desde el sector, Cataluña «tiene el conocimiento para hacerlo, la voluntad, los recursos y la determinación para contribuir a que Cataluña se asiente en un sistema energético renovable, sostenible y limpio». La aceleración es más que necesaria, cabe apuntar, dado que la prospectiva energética de Cataluña (PROENCAT) marca el objetivo de que en 2030 el 50% del consumo energético del Principado provenga de fuentes renovables. Según los datos de la Generalitat, la tasa de producción de renovables en el país cerró 2023 en un escaso 18%, muy lejos de los objetivos marcados a cinco años-. Además, argumentan, una red renovable mejor fundamentada garantiza «la autonomía energética», y reduce la «dependencia de fuentes externas y la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los mercados existentes» -dos debilidades que marcaron el ciclo inflacionista de 2022, especialmente tras el freno a las importaciones de gas ruso a raíz de la guerra de Ucrania-.
Los ingenieros desconfían
El Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, por su parte, se ha mostrado notablemente más escéptico en cuanto a la capacidad a corto plazo del mundo renovable del país. El cierre de las centrales nucleares, advierten, provocará una «reducción significativa de la potencia disponible», especialmente ante la «débil implementación» de las energías limpias. De este modo, en un reciente informe sobre el mercado energético catalán, piden prorrogar el cierre de Ascó, Ascó II y Vandellós más allá de 2035 y centrarse, en el tiempo ganado, en llevar a cabo un «despliegue urgente» de la eólica, la solar fotovoltaica y otras energías verdes. Se trata, apuntan, de una «estrategia temporal» para evitar «desafíos a la estabilidad del sistema eléctrico» catalán.
