El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido en el Parlamento de Cataluña para informar y dar explicaciones sobre el brote de peste porcina africana (PPA), que acumula 26 casos positivos en jabalíes dentro del primer radio de 6 kilómetros alrededor de Collserola (Barcelona). En su intervención, Illa ha asegurado que «hoy nada permite concluir» que el origen saliera de las instalaciones de laboratorios o centros que trabajen con este virus, pero ha dejado claro que no se puede descartar «ninguna hipótesis».
«Con los datos que conocemos hoy, es mi obligación dirigirme a esta Cámara: hoy nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de ninguno de los laboratorios o centros que trabajen con este virus. Por ahora, esta es la información de que disponemos», ha explicado. También ha defendido los protocolos de estos centros y el «grado de competencia» de los trabajadores del IRTA-CReSA. En este sentido, ha dicho que «las informaciones que nos trasladan las personas que han trabajado en estas líneas de trabajo –para averiguar el origen– es que son procedimientos adecuados, las instalaciones son las adecuadas y que el personal que trabaja allí está calificado«.
Por otro lado, el presidente ha destacado la importancia de que el brote no ha afectado ninguna granja de cerdos: «Se han inspeccionado todas las explotaciones porcinas de esta zona. Ningún animal del radio de los veinte kilómetros ha dado positivo«. Asimismo, ha dejado claro que los esfuerzos del Gobierno se centran actualmente en contener el brote y en capturar animales. En este sentido, ha detallado que la semana pasada se cazaron 2.500.
Cinco líneas de trabajo para averiguar el origen
Illa ha explicado que hay cinco líneas de trabajo para averiguar el origen del virus. La primera es la creación de una comisión auditora, creada a instancias de Agricultura. Su función ha sido examinar los laboratorios próximos al origen del foco, y que debe redactar un informe que debe decir si se trata o no de una fuga de un laboratorio, que, a pesar de lo que ha dicho el presidente, sigue siendo a estas alturas la principal hipótesis. La segunda línea de trabajo ha sido tomar muestras para enviarlas a secuenciar a laboratorios europeos, que deben devolver pronto los resultados. Por otro lado, hay una tercera línea de trabajo que se ha puesto en marcha a instancias del Ministerio de Agricultura, una cuarta que consiste en una visita de autoridades sanitarias veterinarias europeas y, finalmente, la investigación policial conjunta que llevan a cabo los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.
La oposición reprocha a Ordeig la teoría del bocadillo
La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha acusado a Salvador Illa de no haber liderado la gestión de la crisis y de haber reaccionado «tarde y mal», y ha reclamado también la reprobación del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, por la «gestión negligente en la fase de previsión y prevención» porque, según ha remarcado, «menospreció la alerta de Junts un mes antes y también obvió el informe del Ministerio de Agricultura, de mayo de 2024». Además, le ha reprochado la teoría «sin ningún fundamento» del bocadillo contaminado. El líder de Esquerra Republicana en el Parlamento, Josep Maria Jové, ha reprochado al presidente de la Generalitat falta de «liderazgo político» en la gestión de la crisis de la peste porcina africana (PPA), y le ha reclamado que tome las riendas de la gestión de la crisis e impulse «una reflexión de país para repensar el modelo, para establecer las medidas y evitar que se repita».
Por su parte, Jéssica Albiach (Comuns) ha reclamado un «verdadero escudo social» para el sector porcino catalán, pero también ha criticado la «precipitación» del ejecutivo a la hora de mencionar el posible origen del brote. Asimismo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la reducción de la población de jabalíes pueda abrir la puerta a la dispersión de los animales, y, finalmente, ha instado a limitar las macrogranjas y priorizar explotaciones de ciclo cerrado. El diputado de la CUP Dani Cornellà ha reclamado a Illa que «todos los recursos públicos» destinados a paliar la crisis sirvan para garantizar los derechos de los trabajadores del sector y para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
