Cientos de agricultores se movilizan este miércoles hacia Barcelona para denunciar el encarecimiento de los costos de producción y reclamar medidas urgentes para garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias. La protesta vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales problemas económicos del campo catalán: la dificultad de mantener la rentabilidad en un contexto de aumento de los gastos, incertidumbre sobre las cosechas y competencia de los productos importados.
La movilización, impulsada por Unió de Pagesos y con la participación de otras organizaciones agrarias, llega tras las protestas que sacudieron el sector en 2024 y de las reivindicaciones que se han mantenido desde entonces. La agricultura denuncia que las medidas adoptadas no han resuelto los problemas estructurales y que el encarecimiento de las materias primas y de los suministros vuelve a presionar las cuentas de las explotaciones.
El gasoil y los fertilizantes tensionan las cuentas
El aumento de los costos energéticos es uno de los principales factores que explican el malestar actual. El gasoil agrícola, la electricidad, los piensos y los fertilizantes encarecen las tareas del campo y la producción ganadera. A esta presión se suman las consecuencias de las alteraciones climáticas, las enfermedades ganaderas y los daños causados por la fauna salvaje, factores que pueden reducir la producción o incrementar los gastos.
Los Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) han reclamado duplicar la compensación por el gasoil agrícola, de 20 a 40 céntimos por litro, y reforzar las ayudas para los fertilizantes, algunos de los cuales han registrado incrementos de hasta el 80%, según el sindicato. La organización también pide adelantar los pagos de la política agraria común (PAC) y aplicar medidas fiscales para aliviar la carga de las explotaciones.
Ahora bien, el problema no es únicamente el incremento de los gastos, sino la capacidad de los productores de repercutirlos en el precio final. Cuando los costos aumentan más que los ingresos, el margen de las explotaciones se reduce y se compromete la capacidad de invertir, renovar equipos o mantener la actividad. Esta situación afecta especialmente a las explotaciones con menos capacidad financiera para absorber los incrementos de costos durante varias campañas.
Ayudas directas para evitar el cierre de explotaciones
Unió de Pagesos reclama al Departamento de Agricultura una línea extraordinaria de ayudas directas para compensar el impacto del encarecimiento de los costos y las crisis que afectan al sector. La propuesta plantea subvenciones de 17.000 euros para las explotaciones profesionales con al menos una unidad de trabajo agrario, de 12.750 euros para las que disponen de entre 0,75 y menos de una unidad, y de 8.500 euros para las que tienen entre 0,5 y menos de 0,75 unidades.
El sindicato también pide medidas fiscales, tarifas eléctricas específicas para el regadío, un gasoil profesional agrario y más control de las prácticas comerciales que considera abusivas dentro de la cadena alimentaria. El objetivo es reducir la presión sobre las cuentas de los productores y garantizar que los precios percibidos permitan cubrir los costos de producción.
La competencia exterior y la continuidad del sector
La protesta también pone el foco en la competencia de los productos importados de fuera de la Unión Europea. Las organizaciones agrarias reclaman controles más estrictos para que las importaciones cumplan las exigencias sanitarias y de producción aplicables a los productores europeos. En este debate se inscriben las críticas a los acuerdos comerciales internacionales, como el de Mercosur, que una parte del sector considera que pueden agravar las diferencias de costos y condiciones de competencia.
Más allá de las reivindicaciones inmediatas, las organizaciones alertan que la pérdida de rentabilidad pone en riesgo la continuidad de las explotaciones, especialmente las familiares. La reducción del número de profesionales del campo y el abandono de tierras tienen consecuencias que van más allá de la actividad económica: afectan el empleo rural, la gestión del territorio y la capacidad de producción alimentaria del país.
La movilización de este miércoles quiere presionar a las administraciones para que las demandas se traduzcan en medidas concretas. El sector reclama una respuesta que combine ayudas de emergencia con cambios de carácter estructural, de manera que la viabilidad de las explotaciones no dependa de compensaciones puntuales cada vez que se produce una nueva crisis.
El Gobierno pide diálogo y paciencia
Ante la nueva jornada de movilizaciones y protestas del sector agrícola, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha apostado por escuchar, dialogar y establecer medidas tanto de urgencia como de carácter estructural. Ha recordado que se está trabajando en el marco de la mesa agraria para definir “con precisión” cultivos, porcentajes de afectación, y zonas del territorio para decidir “baremos de compensación”. Ordeig ha insistido en que han movilizado 170 MEUR en los últimos 3 meses a través de “medidas pactadas” y ha lamentado que el contexto geopolítico marcado por las guerras añade “complicaciones”. El consejero también ha destacado que la visita del presidente Illa a Bruselas quiere servir, entre otras cosas, para “defender directamente el sector agroalimentario”.
