Cataluña enfrenta el debate energético con una dependencia que condiciona cualquier cambio de modelo: más de la mitad de la electricidad que produce proviene de las centrales nucleares, mientras que las energías renovables aún tienen un peso muy inferior al que exigen los objetivos de transición energética. El futuro de Ascó y Vandellòs ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en una de las decisiones más relevantes que determinarán la seguridad de suministro, la competitividad industrial y el costo de la electricidad durante los próximos años.
Los datos oficiales del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) correspondientes al 2025 apuntan que la energía nuclear representó el 55,8% de la producción eléctrica catalana, frente al 21,3% de las fuentes renovables. El resto provino principalmente de los ciclos combinados, con un 13,8%, y de la cogeneración, con un 7,7%. En total, Cataluña generó 42.340,9 GWh de electricidad, mientras que el consumo alcanzó los 43.137 GWh, de modo que la producción propia quedó ligeramente por debajo de la demanda. El desequilibrio también se refleja en la potencia instalada. Las renovables representaban el 40,7% de la capacidad eléctrica de Cataluña a finales del 2025, pero solo aportaron el 21,3% de la electricidad generada. La diferencia evidencia que el reto no consiste únicamente en instalar más paneles solares y aerogeneradores: también es necesario reforzar las redes, disponer de sistemas de almacenamiento y garantizar que la energía se pueda transportar y utilizar cuando la demanda lo requiera.
En este escenario, las elecciones del 29-N ponen sobre la mesa modelos energéticos diferentes, con la cuestión nuclear como principal eje de discrepancia. El PP y Vox defienden alargar la vida de las centrales y mantenerlas operativas, mientras que el PSC y el Frente Amplio apuestan por respetar el calendario de cierre. ERC prioriza un modelo renovable y descentralizado, con más capacidad de decisión para la Generalitat, pero su programa no concreta una posición sobre una eventual prórroga nuclear. Junts tampoco fija un compromiso explícito sobre el calendario, y Alhora no presenta medidas específicas en este ámbito.

La vida de las nucleares, clave de bóveda
El debate tiene una trascendencia especial en Cataluña, donde las tres centrales nucleares —Ascó I, Ascó II y Vandellòs II— continúan siendo una pieza fundamental del sistema eléctrico. El calendario pactado prevé el cierre de Ascó I en octubre del 2030, Ascó II en septiembre del 2032 y Vandellòs II en febrero del 2035. Su continuidad también tiene una dimensión económica y territorial, especialmente en las comarcas de Tarragona, donde la actividad nuclear genera empleo y sostiene una parte del tejido productivo.
El PP es una de las formaciones que defiende con más claridad la continuidad de la energía nuclear. Su programa propone eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellòs, Cofrentes y Trillo y tramitar, durante los primeros cien días de gobierno, alargar la vida útil de las instalaciones. Los populares plantean combinar nuclear, renovables y almacenamiento, sin dar prioridad reguladora a ninguna tecnología.
Vox comparte la apuesta por mantener las centrales en funcionamiento, pero va más allá y propone recuperar un plan nuclear nacional. El programa defiende derogar el calendario de cierre de las instalaciones actuales y estudiar la construcción de nuevos reactores en emplazamientos próximos a las centrales existentes. También plantea reducir la fiscalidad energética y revisar las políticas climáticas que considera perjudiciales para la competitividad económica.
En el otro lado se sitúa el PSC, que mantiene el compromiso de respetar el calendario de cierre nuclear hasta el 2035. La propuesta socialista va acompañada de un objetivo de despliegue renovable ambicioso: alcanzar que el 81% de la generación eléctrica sea de origen renovable en 2030. El programa también apuesta por extender el autoconsumo a los hogares, las empresas y los edificios públicos, acelerar el almacenamiento energético e impulsar el bombeo hidroeléctrico. Para las comarcas afectadas por el cierre de las centrales, plantea proyectos de transición justa que preserven las capacidades tecnológicas y el conocimiento vinculados al sector.
El Frente Amplio también defiende cumplir el calendario de cierre de las centrales, sin nuevas prórrogas ni construcción de reactores. La formación propone aumentar la generación renovable hasta el 81% en 2030, el 90% en 2035 y el 100% en 2040. Condiciona el despliegue a una planificación conjunta de generación, redes, almacenamiento y flexibilidad del sistema. También quiere que las redes de distribución eléctrica y de gas pasen a titularidad pública y que los proyectos renovables de más de cinco megavatios abran al menos un 20% del capital a vecinos, ayuntamientos o comunidades energéticas.

Más soberanía energética y control público
ERC pone el acento en una transformación más amplia del sistema. El programa republicano reclama avanzar hacia un modelo renovable, descentralizado y de proximidad, e incrementar la capacidad de decisión de la Generalitat sobre la planificación de la red eléctrica y las inversiones. Entre las medidas concretas están recuperar la gestión y la titularidad pública de las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las concesiones, impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas, y facilitar la instalación de placas solares en cubiertas, aparcamientos y equipamientos públicos.
Los republicanos también quieren recuperar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para que los combustibles fósiles contribuyan al financiamiento de las renovables y a reducir los costos de la factura. En el ámbito industrial, proponen ayudas para acelerar la electrificación de las empresas, la eficiencia energética y el almacenamiento, así como facilitar contratos de suministro renovable a largo plazo para las pymes. El programa reclama, además, que el Estado contribuya obligatoriamente al Fondo de Transición Nuclear de la Generalitat.
Junts también pone el acento en la soberanía y la capacidad de decisión de Cataluña, pero no ha concretado una posición programática sobre el futuro de las centrales nucleares. Su ponencia política defiende un modelo energético propio, basado en el incremento de las renovables, la autosuficiencia energética y una mayor capacidad de gestión de la Generalitat, pero deja abierto el debate sobre el papel de la energía nuclear. Su trayectoria parlamentaria tampoco muestra un alineamiento explícito con ninguno de los dos bloques: en 2025 se abstuvo en las iniciativas del PP para modificar el calendario de cierre de las centrales. En todo caso, la formación mantiene como eje la reclamación de más competencias de la Generalitat en materia energética y territorial, así como una mayor capacidad para decidir el modelo de despliegue de las infraestructuras
Alhora, por su parte, no concreta en su planteamiento electoral medidas específicas sobre la continuidad de las nucleares, el despliegue de renovables o la política energética. Su propuesta política se centra en la independencia y en la negativa a apoyar a gobiernos españoles.

El precio de la luz y el papel del Estado, un segundo frente de discrepancia
Más allá de la cuestión nuclear, las propuestas también divergen sobre quién debe controlar las infraestructuras energéticas y cómo debe repartirse el costo de la transición. El PP propone eliminar el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica, reducir la carga fiscal del recibo y crear una tarifa social única para los consumidores vulnerables.
El Frente Amplio plantea una intervención pública mucho más intensa. Además de nacionalizar las redes de distribución eléctrica y de gas, propone una comercializadora pública de referencia y que la electricidad sea gratuita durante tres horas diarias para todos los hogares, coincidiendo con las franjas de más producción solar y excedente de generación. También apuesta por ampliar el autoconsumo compartido y reservar una parte de la propiedad de los grandes proyectos renovables a los vecinos, los ayuntamientos y las comunidades energéticas.
ERC reclama que la Generalitat tenga más poder sobre las inversiones en redes y las grandes infraestructuras eléctricas, y propone que los combustibles fósiles contribuyan a financiar las renovables. El PSC defiende extender los beneficios de la transición a los consumidores y las empresas mediante el despliegue del autoconsumo, el almacenamiento y la reforma del sistema energético.
El debate energético del 29-N no se limita a decidir cuándo deben cerrar las centrales nucleares. Cuestiona quién debe gobernar la transición, qué papel deben tener las empresas privadas y las administraciones públicas y cómo se garantiza que el cambio de modelo no comprometa el suministro ni encarezca la electricidad para los hogares y la industria.
