La Comisión Europea quiere reforzar la producción pesquera y acuícola comunitaria y reducir la dependencia de las importaciones, pero retrasa la reforma de la política pesquera común (PPC). La nueva estrategia europea con horizonte 2040 sitúa la modernización de la flota, la transición energética y el relevo generacional entre las prioridades del sector. Para Cataluña, el reto es que estos objetivos se traduzcan en medidas concretas para garantizar la viabilidad de las embarcaciones, especialmente las de pesca costera, y preservar la actividad económica de los puertos y las cofradías.
La iniciativa de Bruselas parte de un mercado europeo que depende en gran medida del pescado procedente de terceros países. La Comisión quiere reforzar la oferta comunitaria y mejorar la competitividad de la pesca y la acuicultura, al tiempo que impulsa embarcaciones más eficientes energéticamente, facilita las inversiones y promueve la incorporación de jóvenes. También prevé avanzar en la trazabilidad digital de los productos y combatir la pesca ilegal.
Pero aumentar la producción europea no depende solo de la demanda. La capacidad de captura está condicionada por el estado de los recursos marinos y por las restricciones que establece la normativa comunitaria. En el caso de la flota catalana, el debate sobre la política pesquera común es especialmente relevante por el impacto de las medidas de gestión sobre los días de pesca y la rentabilidad de las embarcaciones mediterráneas.
Una reforma pendiente para la flota mediterránea
El Gobierno de la Generalitat y la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores defienden que la normativa europea debe adaptarse mejor a las particularidades de la pesca costera mediterránea. Entre las reivindicaciones se encuentran simplificar los trámites, reducir los costos administrativos y encontrar un equilibrio más ajustado entre los objetivos ambientales y la viabilidad económica y social de la actividad pesquera.
Uno de los principales frentes es la gestión del arrastre en el Mediterráneo occidental. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han planteado a Bruselas un sistema alternativo para calcular las oportunidades de pesca, con una evaluación global del ecosistema y más atención a los datos científicos y las particularidades territoriales. La propuesta busca evitar que el estado de una sola especie determine las posibilidades de pesca de toda la flota.
Esta discusión es clave para el futuro de las cofradías catalanas, que necesitan combinar la recuperación de los recursos pesqueros con unas condiciones que permitan mantener la actividad. La transición energética también conlleva un reto inversor: renovar embarcaciones e incorporar tecnologías menos contaminantes exige recursos económicos en un sector donde las empresas deben hacer frente a los costos operativos y a las limitaciones de la actividad.
Menos dependencia exterior, pero con garantías de competencia
La voluntad europea de reforzar la oferta propia abre una oportunidad para dar más peso al producto de proximidad, pero no garantiza por sí sola una mejora de los ingresos de los pescadores catalanes. Para que la reducción de la dependencia exterior beneficie a la flota local, será necesario que la producción europea pueda competir en condiciones adecuadas y que el valor añadido llegue a los profesionales que capturan y comercializan el pescado.
En este sentido, la Comisión también prevé reforzar la trazabilidad y la lucha contra la pesca ilegal, con el objetivo de mejorar la transparencia sobre el origen de los productos. La cuestión es especialmente pertinente para una flota que debe cumplir con las exigencias comunitarias y que reclama que las importaciones estén sometidas a controles efectivos y a unas condiciones de competencia equitativas.
La nueva estrategia europea fija un horizonte de modernización hasta 2040, pero deja pendiente una parte esencial del debate: cómo adaptar el marco regulador a la realidad de las flotas y garantizar su continuidad económica. Para el sector pesquero catalán, el resultado dependerá menos de las declaraciones de intenciones que de las medidas concretas sobre financiación, burocracia, días de pesca y acceso al mercado.
