La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si Naturgy cometió un delito contra los consumidores al manipular el mercado eléctrico. En un comunicado, el ministerio público informa que abre diligencias a raíz de una “manipulación fraudulenta para alterar el precio” de la energía. De este modo, y después de haber sido uno de los años más duros de los clientes de las eléctricas en termas de aumentos de precio, Naturgy se ve inmerso en una polémica de la cual – a pesar de no saber la cifra exacta- podría salir muy mal parada.
En concreto, la fiscalía ha acordado este miércoles, pedir a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) si la sanción de 6 millones de euros impuesta a Naturgy en julio “es firme o ha sido impugnada”, y si la conducta sancionada “ha tenido como efecto el incremento del precio final pagado por los consumidores y usuarios”. La Fiscalía también quiere saber si el incremento se ha notado “a todo o una parte limitada del territorio” y cuantificar los “perjuicios patrimoniales causados”.
Una manipulación de las cuentas de los usuarios
A finales de julio, la CNMC informó que obligaba Naturgy a pagar 41,5 millones de euros por manipulaciones en el mercado eléctrico, consideradas como sanción “muy grave”. En concreto, la CNMC imponía a Naturgy una multa de 6 millones de euros para ofrecer “precios excesivos y dispares” y “sin justificación” en el mercado de restricciones técnicas en comparación con el mercado diario eléctrico para “incrementar sus ingresos”. Además, Competencia exigía a la energética que pague 35,5 millones de euros al operador del sistema para “compensar el daño ocasionado” con los sobrecostes.
Ahora, la Fiscalía abre diligencias propias al recibir una denuncia sobre la cuestión de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. La asociación de consumidores FACUA también había elevado el caso a Anticorrupción y el ministerio público a raíz de la multa de la CNMC. En un comunicado, FACUA ha dicho que la actitud de Naturgy podría ser un delito «contra el mercado y los consumidores, previsto al código penal, en el artículo 284».
