«La mera entrada, incluso sin registro ni intervención de archivos físicos o informáticos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo de la empresa requiere autorización judicial previa». Esta es la frase con la que la sentencia 441/2026 de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo avisa que los miembros de la Inspección de Trabajo no tienen patente de corso para entrar en las sedes de empresas que tienen el domicilio social en el mismo centro de trabajo.
Una sentencia de la que fue ponente el magistrado Luis María Díez-Picazo y que ha abierto una crisis institucional importante, sobre todo en Cataluña, donde la mayoría de las empresas son pymes y tienen la sede social en el centro de trabajo. Aunque la resolución se dictó el pasado mes de abril, las repercusiones han incrementado en los últimos meses porque, por un lado, los inspectores continúan entrando en los centros de trabajo sin distinción alegando que solo hay una sentencia y que requeriría otra para consolidar doctrina o jurisprudencia.
Pero uno de los problemas más graves lo comunicó por escrito, el pasado cinco de agosto en el Parlamento, el consejero de Empresa, Miquel Sàmper, por sus efectos y tratar de preservar tanto la seguridad jurídica de los administrados como de los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que podrían caer en una causa penal si entran al domicilio social de una empresa sin la pertinente autorización judicial. Sàmper, a preguntas del diputado de los Comunes Lluís Mijoler, admitía sin rodeos y por escrito que el departamento «no compartía el criterio de esta sentencia» y avanzaba que se habían emprendido «acciones conjuntas de todo el sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social». La inquietud de Sàmper es que limitar de esta manera la entrada de la inspección de trabajo a las empresas puede «comportar un menor grado de cumplimiento de la normativa laboral».
Una sentencia inédita
La sorpresa de la resolución ya venía de fábrica. El origen fue el recurso de un empresario valenciano. Miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Inspección de Trabajo entraron en el domicilio social de su empresa porque también es el centro de trabajo. Interpuso el recurso especial de vulneración de derechos fundamentales -un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas- ante la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. En resumen, el recurso alegaba la vulneración del artículo 18.2 de la Constitución española que determina la inviolabilidad del domicilio. El tribunal desestimó el recurso y el empresario recurrió al Supremo, que le dio la razón, lo que cambia por completo el criterio de las últimas décadas en las formas de vigilar de la Inspección de Trabajo.
La sentencia establecía que los miembros de la Inspección de Trabajo necesitan autorización judicial para entrar en las empresas que comparten sede social y centro de trabajo. Es decir, la mayoría de las pymes, que configuran el grueso del tejido empresarial de Cataluña. Los magistrados solo mantenían una excepción: cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo haya una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas. Es decir, la resolución recortaba las alas a la Inspección de Trabajo, que hasta ahora hacía y deshacía en los centros de trabajo.
El conseller de Empresa intenta parar el golpe
La importancia de la resolución ha puesto en problemas al Departamento de Empresa y Trabajo y a su consejero, que hace todo lo posible para minimizar el efecto de la sentencia, hasta el punto que ha preparado instrucciones para esquivar la prohibición garantizando la seguridad jurídica tanto de las empresas como del personal de la Inspección. «Se está trabajando para dotar de mecanismos eficaces y ágiles al sistema de la Inspección de Trabajo», asegura Sàmper en su respuesta, a la que ha tenido acceso El Món.
Así, insiste en que no puede «compartir el criterio de la sentencia» en la medida que no tiene en cuenta el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, que faculta a la Inspección de Trabajo para acceder a todo centro de trabajo donde presten servicios personas trabajadoras, con independencia de que se encuentre comunicado el domicilio social de una persona jurídica. En la misma línea, remarca que la ley que regula la Inspección «se ha mantenido inalterada durante décadas de normal ejercicio de la función inspectora a lo largo de los textos sucesivos de esta norma».
Una ley que «establece con claridad (que no requiere, por tanto, ninguna interpretación), como regla general, que el personal inspector puede entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso a todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección». De hecho, la única excepción era cuando el centro de trabajo coincidía con el «domicilio particular de una persona física», no como sería a partir de ahora «un domicilio social».
Temor de que no se cumpla la ley
Para Sàmper, «es necesario tener en cuenta que cualquier limitación de la facultad de entrada del personal inspector a un centro de trabajo reduce la eficacia de la tarea inspectora y, en consecuencia, puede comportar un menor grado de cumplimiento generalizado de la normativa de orden social sometida al control y vigilancia del sistema de la Inspección de Trabajo». En esta línea añade que «por la misma naturaleza de su actuación, la Inspección de Trabajo debe poder acceder libremente a todo centro de trabajo». Y de esta manera «poder comprobar in situ la existencia de irregularidades como, por ejemplo, en materia de tiempo de trabajo o de seguridad y salud laboral».
«Cualquier limitación de esta facultad de entrada a centros de trabajo del personal inspector, pues, puede repercutir negativamente en la protección eficaz de los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo el principio de igualdad y la prohibición de discriminación y diversos derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y moral», alerta el consejero. Por eso, y ante la incertidumbre del margen que tiene ahora la inspección de trabajo, Sàmper asevera que «ha desarrollado, con carácter de urgencia, instrucciones para que el personal actuante de la Inspección de Trabajo pueda continuar ejerciendo la tarea inspectora y poder ejercer la facultad encomendada, que permite plenamente llevar a cabo visitas a los centros de trabajo y lugares sujetos a inspección, para continuar realizando las comprobaciones de las condiciones de trabajo in situ, como medida de constatación efectiva de cualquier irregularidad laboral». Sin embargo, no aclara los términos de estas instrucciones que abren una vía de reclamaciones judiciales por vulneración de derechos y podrían obligar a cambiar la Ley de la Inspección de Trabajo.
