Un supermercado puede bajar el precio de venta de la leche, pero no puede hacer desaparecer el costo de producirla, transportarla, refrigerarla y ponerla a la venta. Si el consumidor paga menos, la diferencia debe salir de algún lugar: de un margen comercial más bajo, de un alquiler inferior al de mercado, de una compra más eficiente, de una logística diferente, del aprovechamiento de excedentes o de recursos públicos. Abaratar la compra es una cuestión de costos. Es sobre esta ecuación que Barcelona quiere hacer su experimento. El Ayuntamiento prevé abrir durante el segundo semestre del 2027 el primer supermercado asequible municipal en la Marina del Prat Vermell, en los bajos de un edificio de vivienda pública y en una zona donde todavía hay poca oferta comercial. La tienda estará gestionada por una entidad del tercer sector o sin ánimo de lucro y el proyecto estará vinculado a formación profesional e inserción laboral.
La iniciativa llega después de unos años en que la compra cotidiana ha cambiado de precio mucho más rápido que los salarios. En Cataluña, los alimentos acumulan un encarecimiento de alrededor del 28% respecto a diciembre del 2021, según el IPC de Idescat. Y en todo caso, la idea va más allá de la apertura de una tienda municipal: es una prueba sobre hasta dónde puede intervenir una administración en la cadena alimentaria. Y todavía faltan datos esenciales: qué productos se venderán, con qué proveedores, qué margen tendrá el establecimiento y qué descuento encontrará el consumidor.
Nueva York: asumir parte de la estructura
El referente más directo es Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani ha planteado cinco supermercados municipales, uno en cada uno de los cinco distritos, con una cesta de productos básicos que deberá ser un 30% más barata que el precio habitual del comercio. El descuento incluirá fruta y verdura fresca, carne y pescado y una veintena de categorías adicionales, como leche, pan, pasta, arroz o legumbres.
La ciudad será propietaria de los espacios y asumirá costos de infraestructura, mientras que la gestión cotidiana recaerá en operadores especializados seleccionados mediante concurso. El programa tiene asignados 70 millones de dólares de capital público para desarrollar los cinco establecimientos. Nueva York calcula que la rebaja de la cesta permitiría reducir un 15% el gasto alimentario medio de los clientes, con un ahorro estimado de unos 90 dólares al mes. Pero son proyecciones del programa: el primer establecimiento está previsto para finales del 2027 y aún no hay resultados sobre el terreno.
Suecia: convertir los excedentes en alimentación barata
El modelo sueco parte de otra lógica. En Estocolmo, Matmissionen funciona como una red de supermercados sociales para personas con ingresos bajos y aprovecha productos cedidos por fabricantes y distribuidores que de otra manera podrían terminar como residuos. Estos alimentos se venden a precios muy reducidos y el proyecto incorpora también formación e inserción laboral. La fórmula permite atacar a la vez dos problemas: el acceso a la alimentación y el desperdicio. Pero depende de la disponibilidad de excedentes y, por tanto, no ofrece la misma variedad y regularidad que un supermercado convencional.
México: llegar donde el mercado no llega
México ha desarrollado una fórmula diferente con las Tiendas Bienestar, una red pública especialmente orientada a comunidades rurales y zonas con dificultades de acceso a la oferta comercial. El gobierno mexicano asegura que permite un ahorro mínimo del 15% en productos básicos respecto al sector privado. La red superaba los 25,400 establecimientos en el año 2025. En este caso, la clave no es tanto competir con los supermercados urbanos como reducir los costos de distribución y garantizar la llegada de productos básicos a territorios donde la oferta privada es limitada. En las zonas más remotas, la falta de cadena de frío hace que el peso de los productos no perecederos sea especialmente importante.
Atlanta y Manresa: intervenir sin crear un supermercado público
Atlanta ha optado por una vía público-privada. El Azalea Fresh Market abrió en 2025 con la participación de la ciudad, Invest Atlanta y el operador privado Savi Provisions, con el objetivo de incrementar el acceso a alimentos frescos en una zona con poca oferta. La fórmula es diferente a la de Nueva York: la administración no crea una red comercial propia, sino que facilita que un operador privado pueda abrir en un territorio donde el negocio es más difícil.
En Cataluña, Supercoop Manresa ofrece aún otra alternativa. Es una cooperativa de consumo y trabajo que funciona en un local municipal del Mercat de Puigmercadal y busca reducir intermediarios e implicar a los socios en el funcionamiento del supermercado. No es un modelo público, pero sí un ejemplo de cómo modificar la estructura de costos a través de la cooperación.
El dilema de Barcelona
Estas experiencias muestran que no hay una única manera de rebajar la factura alimentaria. Se puede intervenir sobre el local y la infraestructura, como en Nueva York; aprovechar excedentes, como en Suecia; actuar sobre la distribución, como en México; facilitar la llegada de un operador privado, como en Atlanta, o modificar la relación entre consumidores y proveedores, como en Manresa.
Barcelona aún tiene que concretar qué combinación utilizará. Pimec Comerç ha defendido que la iniciativa se despliegue prioritariamente a través del comercio de proximidad existente, en lugar de crear una estructura paralela, y ha puesto el foco en los costos que intervienen en el precio de los alimentos frescos, desde la producción hasta el transporte, la energía y el personal.
La cuestión es especialmente relevante porque un supermercado asequible no puede, por sí solo, corregir la formación de los precios alimentarios. El Banco de España ha señalado que el encarecimiento de los alimentos de los últimos años responde a varios factores, entre los cuales los costos energéticos y los fenómenos meteorológicos que afectan la producción. Entre finales de 2019 y finales de 2024, los precios de los alimentos aumentaron en el Estado un 19%, frente al 13% en la zona euro.
El proyecto de la Marina del Prat Vermell será un experimento de dimensiones modestas, pero con una pregunta económica de fondo: ¿puede una administración modificar lo suficiente la estructura de costos de un supermercado para que el consumidor pague menos sin convertir la rebaja en una ayuda puntual? La respuesta dependerá menos del cartel de los precios que de las cifras que queden detrás: el costo del local, la compra, la logística, el personal, los márgenes y, si los hay, los recursos públicos. Es aquí donde se decidirá si el supermercado de Barcelona es solo una tienda barata o un modelo replicable.
