La votación en el Parlamento Europeo que dejó el tratado comercial entre la UE y el Mercosur en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha propinado un golpe a la zona de libre comercio, pero no ha logrado paralizar su aplicación. Así lo ven varios dirigentes comunitarios, que han reclamado en las últimas horas «seguir adelante» y poner en vigor el pacto sin esperar la resolución de la judicatura comunitaria. El más contundente a exigirlo ha sido el presidente español, Pedro Sánchez, que ha derrumbado el discurso de apoyo al campo de su ministro de Agricultura, Luís Planas, al exigir la activación «inmediata» del acuerdo transatlántico a la salida de una reunión extraordinaria del Consejo Europeo la pasada madrugada. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha sido aún más beligerante, y ha aclarado que tiene en el punto de mira a los miembros críticos de la Unión, como Francia o Polonia. «Pueden estar seguros: no nos detendrán. El acuerdo del Mercosur será aprobado», espetó el pasado jueves ante el Europarlamento.
«Es otro obstáculo en nuestro camino», lamentó Merz. Cabe recordar que la UE logró consensuar un texto del acuerdo comercial en diciembre de 2024 tras un cuarto de siglo de negociaciones infructuosas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya daba por hecha la victoria y, de hecho, tenía planificado para antes de Navidad un viaje a Brasilia para ratificar el pacto con la bendición del Consejo Europeo. La visita, sin embargo, se tuvo que aplazar cuando Francia y Polonia lograron formar una minoría de bloqueo con el rechazo del gobierno italiano de extrema derecha de Giorgia Meloni. Los italianos deshicieron su oposición en solo 7 días, y permitieron la aprobación del pacto; aunque el pasado miércoles el Europarlamento puso otra piedra en su camino al acordar, por un margen muy estrecho de 10 votos, enviar el tratado al TJUE para que analice su encaje en los tratados fundacionales de la UE. La Comisión, sin embargo, tiene competencia exclusiva sobre el capítulo estrictamente comercial del tratado, y podría aplicarlo sin esperar la respuesta judicial, solo con el apoyo de los ejecutivos de los 27 -que tendrían que expresarlo de nuevo, en una reunión del Consejo-. El segundo apartado, con componentes políticos y de inversión, necesitaría el sí de los parlamentos de todos los miembros, y permanecerá en suspenso aún un tiempo.
Las industrias ganadoras
Merz y Sánchez, cabe recordar, presiden dos de los países de la UE más beneficiados por la apertura al mercado latinoamericano. Entre los sectores que esperan salir ganando del tratado comercial, destacan el automóvil y la química, dos de los que sufren, por ahora, aranceles más significativos para exportarse a los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-. En concreto, las piezas para automóviles pagan un impuesto comercial para llegar a América Latina del 35%, mientras que la maquinaria en general deja un 20% en las arcas del país receptor. Ambas industrias, cabe recordar, son mayoritarias en el tejido productivo alemán, con un 17 y un 14,2% de las exportaciones, respectivamente.
En cuanto a la química, la básica paga un 18% al venderse al Mercosur, mientras que los productos farmacéuticos deben descontar un 14%. El conjunto del sector ocupa el segundo lugar en el podio español de las ventas al exterior, con unos 60.000 millones de euros anuales. Según datos del gobierno español, cerca de un 70% de la química producida en el Estado acaba en países terceros. Por tanto, tanto Madrid como Berlín tienen incentivos para ignorar las demandas del campo y priorizar las de las empresas de mayor valor añadido. Esto, sin embargo, no gusta al campo, que se declara «harto de ser moneda de cambio», en palabras del portavoz del Gremio del Campo de Cataluña, Eduard Escolá.
«Preparados para la movilización»
Cabe decir que aún no hay nada cierto en la aplicación provisional o no del tratado. En las horas anteriores a la votación en Estrasburgo, fuentes de la Comisión Europea explicaban a la agencia Euronews que, efectivamente, el ejecutivo tiene la capacidad legal de activar el proyecto sin la confirmación del TJUE; pero que eso causaría un revuelo político de cara a los países y las familias políticas europeas críticas con el tratado difícil de calmar. Según ha declarado últimamente, Von der Leyen se mantiene a la espera de que al menos uno de los países del Mercosur ratifique el pacto -lo deben hacer cada uno por separado, como en el caso del apartado político en Europa- para plantearse una puesta en marcha forzosa en los 27. Desde el campo comparten que la imagen de las instituciones quedaría dañada si ignoran las demandas de los grupos parlamentarios: «Si siguen adelante, llevaría una confrontación y una enorme polémica al Parlamento Europeo», describe Escolà.
Para Unió de Pagesos, las intenciones de la Comisión Europea revelan que el pacto está lejos de haberse cerrado. «El acuerdo no es un trámite a resolver, sino un conflicto político abierto dentro de la Unión Europea. El relato que hacían de que era una cosa cerrada no se sostiene por ningún lado», sostiene la coordinadora nacional de la principal organización agraria catalana, Raquel Serrat. En este sentido, los productores del Principado aceleran su coordinación para «aportar documentación técnica que avale los perjuicios que puede suponer el tratado para el campo catalán» de cara a las instituciones. En las últimas semanas, los campesinos han demostrado mucha mejor sintonía con la Generalitat, especialmente con el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, que no tanto con el gobierno español, de quien critican su «papel lamentable» en el apoyo al Mercosur. «Necesitamos que la parte más cercana de la administración, que es la Generalitat, se posicione al lado del campo catalán. Si Ordeig es valiente y lidera la voluntad de defender el campo, lo acompañaremos», se compromete el portavoz del Gremio.
Sánchez, voto clave
En este sentido, ambas organizaciones, así como el resto de patronales del campo catalán, han reiterado su disponibilidad para escalar las movilizaciones si las instituciones, especialmente las de Madrid, les dan la espalda. «Es un grito unánime, estamos preparados para una movilización intensa», advierte Escolà. De hecho, identifica opositores fuera de las fronteras del pequeño campo: la industria agroalimentaria, explica, «también ve cómo se tambalea su modelo de negocio, porque la capacidad de producción del Mercosur también los amenaza». Serrat, por su parte, anuncia que el 11 de febrero ya está convocada una nueva tractorada en Madrid para protestar contra el tratado, así como por los recortes a la política agraria común. «Los tractores catalanes estaremos», ha insistido la coordinadora, que ve margen para cantar victoria durante los próximos meses.
La presión hacia la Moncloa es especialmente relevante de cara a la salud de todo el sector primario europeo, en tanto que la posición de Sánchez sería clave en una hipotética nueva votación en el Consejo Europeo para aplicar provisionalmente el tratado. «Si España votara en contra, junto con los países que siempre han mostrado su posición contraria, el tratado caería», recuerda Serrat, ya que sumarían con Francia, Polonia, Hungría y el resto de opositores la representación de más del 45% de la población de la UE, y evitarían la mayoría cualificada necesaria para tomar esta decisión. «Los pasos dados son los correctos, y continuaremos removiendo conciencias», concluye Escolà.
