En 2024 el Gobierno de la Generalitat comenzó a aplicar un límite al alquiler para intentar contener los aumentos que el precio de estos experimentaban y tratar de abordar la crisis de la vivienda que atraviesa el país. A raíz de esta medida, parte de la oferta de alquiler se trasladó a los alquileres de temporada, donde no había límite al precio que se podía establecer para estos, lo que ha generado un nuevo movimiento por parte de las administraciones para intentar limitar nuevamente el precio que estos alquileres pueden tener, reduciendo así las brechas por las cuales los propietarios pueden evitar el límite. De esta manera, solo quedarían fuera de la regulación de las viviendas permanentes aquellos que realmente sean alquileres temporales vinculados a usos recreativos y turísticos, y sería necesario que los propietarios lo acreditaran. Tanto la Generalitat como el ejecutivo español se han movilizado nuevamente para modificar las leyes de vivienda e incluir los alquileres de temporada también dentro de este límite. De hecho, el Congreso de los Diputados ha retomado este martes, una vez más y doce meses después de su admisión a trámite, la fase de discusión del texto sobre la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones para evitar que estos escapen de las directrices de la Ley de Vivienda estatal. Una medida que plantea un nuevo cambio dentro de la oferta de las viviendas de alquiler y que podría reducir un parque que ya se considera demasiado escaso.
Si el límite del alquiler supuso un traspaso de la oferta de los alquileres a arrendamientos temporales, los expertos plantean tres posibilidades sobre cómo podría cambiar el mercado con esta nueva regulación. En este sentido, se apunta a un escenario en el que parte de estas viviendas se destinen a alquiler turístico, donde los propietarios aún pueden obtener una rentabilidad alta, pero que, por otro lado, cuenta con un gran número de regulaciones. Otra posibilidad es que los propietarios de estos inmuebles que se encuentran para alquilar se retiren de este mercado y se inserten en el de compra. Por último, el tercer escenario sería que estos pisos regresen al mercado del alquiler a largo plazo, donde se encuentra la necesidad de ampliar la oferta, pero no está seguro que se observe este movimiento. “La literatura económica es clara en esto, y muestra que en el 70% de los casos un control en el alquiler acaba reduciendo la oferta”, explica Josep Maria Raya, director de la Cátedra APCE-UPF de Vivienda y Futuro. En este sentido, considera que el límite a los arrendamientos de temporada son “el enésimo intento de tapar los agujeros” que encuentra en las necesidades que tiene el mercado. Además, los expertos también cuestionan la efectividad de esta medida, ya que “habría que saber cuál es el incentivo para volver a poner los alquileres a largo plazo”, apunta Ramon Bastida, director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM. “Este es el escenario que se quiere lograr, pero seguramente será la tercera opción para un propietario respecto a la rentabilidad que quiere obtener del inmueble”, añade Bastida.
Dudas sobre el efecto en el precio
En los meses en que el límite del alquiler se ha aplicado a las zonas declaradas como tensionadas en Cataluña, el precio ha bajado un 1,9%, según los últimos datos presentados por la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, mientras en Barcelona el precio ha disminuido un 4,9% desde que la medida se implementó el primer trimestre de 2024. A pesar de esta reducción general desde el año anterior, los datos también señalan que el promedio del precio del alquiler en Barcelona del segundo trimestre de 2025 – 1.135,55 euros al mes- ha subido un 4,4% en relación con el del primer trimestre de este mismo año, cuando se situaba en 1.087,23 euros. En el conjunto de Cataluña, el precio medio de un alquiler se ha situado en el segundo trimestre en los 854,7 euros, un 3,2% más que en el primer trimestre del año. Este hecho, sumado a la generación de escasez en la oferta, hace cuestionar la efectividad de la medida. En este sentido, Raya explica que esta tendencia de aumento en el último trimestre se debe al “efecto de composición”, y apunta que el incremento se debe a que “solo quedan en el mercado aquellos pisos que se ven más rentables por parte de los propietarios”, y por tanto los que son más caros.
A pesar de que los resultados del límite del alquiler en el mercado generan interrogantes, retirar estas regulaciones generaría un efecto de aumento del precio aún más elevado del que se ha observado en este último trimestre, apunta Bastida. “Todavía es pronto para comenzar a desregular el precio porque otras variables de esta ecuación no están bien atadas”, añade. En este sentido, se señala la necesidad de crear medidas que “ataquen” la falta que hay de vivienda, además de que las regulaciones mantengan la “seguridad jurídica” de los propietarios para que estos no se sientan incentivados a sacar sus viviendas del mercado.
Debates sobre la regulación en el Parlamento y el Congreso
Aparte de los efectos que la nueva regulación del precio del alquiler de temporada pueda tener en el mercado, el debate sobre esta medida también se ha llevado al ámbito político. Este martes se ha vuelto a abordar la cuestión en el Congreso de los Diputados después de que Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG hayan vuelto a hacer una proposición de ley sobre los alquileres de temporada, pero se duda que la medida salga adelante tras el veto de Junts al gobierno del PSOE.
Este intento de regulación se da en paralelo a la vía que se está intentando abrir desde el Parlamento, donde PSC, ERC, Comuns y CUP acordaron una ley para regular los alquileres de temporada; pero el PPC anunció que la llevaría al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Según los populares, la nueva ley es un “ataque a la propiedad privada” y «acabará hundiendo» el mercado de la vivienda en Cataluña. Desde Junts se sumaron al PPC, ya que consideran que la regulación «menosprecia el mundo local y el Parlamento», además de crear «inseguridad jurídica». La formación de Carles Puigdemont defendió que se debía abordar esta cuestión de la crisis de la vivienda, pero con otros procedimientos.
