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El 29-N rescata del olvido a los autónomos y las pymes

Las pequeñas y medianas empresas son una de las piezas fundamentales del tejido productivo catalán, pero también uno de los colectivos que más a menudo denuncian las dificultades para crecer, acceder a la financiación y afrontar las cargas administrativas. En un contexto de transformación tecnológica, aumento de los costos y competencia internacional, las elecciones españolas del 29-N ponen sobre la mesa diferentes modelos para reforzar la competitividad empresarial. Las propuestas van desde las rebajas fiscales y la desregulación que defienden el PP y Vox, hasta los instrumentos públicos de financiación que plantea el PSOE, pasando por los incentivos a la inversión y la contratación que reivindica Junts y las medidas de protección de los pequeños negocios y los autónomos que proponen ERC y el Frente Amplio.

El debate tiene una dimensión especialmente importante en Cataluña, donde las pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor parte del tejido empresarial. El país tiene unas 240.000 empresas en activo y nueve de cada diez son pymes. Su capacidad para invertir, incorporar tecnología, ganar dimensión e internacionalizarse es uno de los factores que condicionan la productividad de la economía catalana. Y el gran frente abierto es cómo conseguir que estas empresas puedan crecer sin que el aumento de dimensión conlleve una escalada de costos y obligaciones que penalicen su competitividad. Los programas electorales coinciden en la necesidad de facilitar la actividad empresarial, pero discrepan sobre el papel que debe tener la Administración y sobre las herramientas para lograrlo.

Tugart7/ PIXABAY

PSC-PSOE: financiación pública y el crecimiento empresarial

El programa socialista sitúa el crecimiento empresarial y la modernización del tejido productivo entre las prioridades de la política económica. Los socialistas defienden que el Estado necesita empresas más competitivas, de más dimensión y con más capacidad para internacionalizarse, y para lograrlo, proponen movilizar inversión pública y privada a través del Fondo España Crece, dotado con un objetivo de 120.000 millones de euros, y otros instrumentos de financiación, con una atención especial a las pymes y a los territorios con potencial industrial.

Una de las medidas más destacadas es avanzar en la creación del denominado Régimen 20 o comunidad autónoma 20, que pretende homogeneizar los requisitos básicos de funcionamiento empresarial en todo el Estado y reducir las barreras regulatorias entre territorios. Los socialistas también quieren reforzar los instrumentos de internacionalización, especialmente para las pymes, y mejorar los incentivos fiscales a la investigación y la innovación empresarial. Apuestan por la ampliación de los instrumentos de digitalización e inteligencia artificial para que lleguen a más pequeñas empresas y autónomos.

Otro de los compromisos es promover que las empresas compartan las ganancias de productividad con las plantillas. En el caso de las pymes, el partido plantea ayudas condicionadas a mejoras verificables de los salarios, la formación y la estabilidad laboral. También quiere impulsar un sello de empresa con productividad compartida.

PP: reducir un 35% las cargas administrativas de las pymes

El PP sitúa la reducción de la burocracia entre las principales medidas para mejorar la competitividad empresarial. Se compromete a reducir las cargas administrativas un 25% antes del 2029, con un objetivo más ambicioso para las pequeñas y medianas empresas: una reducción del 35%. La propuesta más concreta es aplicar el principio de que cada norma nueva vaya acompañada de la supresión de tres vigentes. También quiere revisar los umbrales reguladores que obligan a una pyme a asumir nuevas exigencias cuando crece.

En el caso de los autónomos y las microempresas, propone que los que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar exentos del IVA, que las liquidaciones pasen de trimestrales a semestrales y bonificar durante un año el 100% de las cotizaciones empresariales del primer trabajador contratado y el 50% de las del segundo. Los populares también prometen bonificar las cotizaciones de los nuevos autónomos durante el primer año y ampliar las condiciones de protección en situaciones de enfermedad grave y cese de actividad.

Un trabajador de Paulig en las instalaciones del Berguedà Autor: Cedida a l’ACN per Paulig

Junts: incentivos fiscales a las pymes y más aire para los autónomos

Junts ha situado a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos entre los principales destinatarios de sus propuestas económicas, defendiendo una reducción de la presión fiscal, menos burocracia e incentivos para que las empresas puedan reinvertir los beneficios y ampliar la actividad. De hecho, Junts hace bandera de los acuerdos con el PSOE para rebajar el impuesto de sociedades a las pymes, las micropymes y las cooperativas. La formación sostiene que las medidas fiscales conseguidas han permitido un ahorro de 10.000 millones de euros a las empresas y cooperativas catalanas. En este sentido, los juntistas apuestan por permitir deducir del impuesto de sociedades el impuesto sobre actividades económicas (IAE). Prevé que la empresa continúe pagando el IAE a los ayuntamientos, pero que después pueda recuperar el importe mediante una deducción en el impuesto de sociedades, asumida por el Estado, sin perjudicar los ingresos municipales.

La simplificación administrativa es otro de los frentes. Junts ha reivindicado el aplazamiento de Verifactu, el sistema de facturación verificable. También defiende la aplicación del IVA franquiciado para los autónomos y las pequeñas empresas con una facturación inferior a los 85.000 euros anuales. Además, Junts defiende introducir un sistema de cotizaciones más progresivo, ajustado a los ingresos reales, y mejorar la protección social del colectivo, así como cambios en la prestación por cese de actividad, el acceso al subsidio para mayores de 52 años, la conciliación y la jubilación activa.

Un trabajador de un puesto del mercado de Olot limpiando pescado. Autor: Berta Artigas Fontàs / ACN

ERC: financiación, morosidad y contratación pública

Los republicanos plantean una agenda para reforzar la competitividad de las pymes más allá de las rebajas fiscales. Apuestan por mejorar el acceso a la financiación, garantizar el cumplimiento de los plazos legales de pago y facilitar que las pequeñas empresas puedan participar directamente en los contratos de las administraciones públicas. Defiende establecer mecanismos efectivos para garantizar la morosidad cero y también revisar la contratación pública para que las empresas de menor dimensión puedan competir en mejores condiciones, mediante la digitalización de los procedimientos, la división justificada de los contratos en lotes y la adaptación de los requisitos de solvencia a la capacidad real de cada empresa.

El proyecto republicano también incorpora medidas de protección para los autónomos, como la adaptación de las cotizaciones a los ingresos reales y la mejora de la cobertura por cese de actividad.

Frente Amplio: proteger los pequeños negocios ante los grandes operadores

Frente Amplio presenta un modelo diferente, más centrado en las condiciones de los pequeños negocios, los autónomos y el comercio de proximidad que en el aumento de la dimensión empresarial. La coalición defiende reducir las cargas administrativas y económicas, adaptar las cotizaciones a los ingresos e intervenir para evitar que los costos de los locales comerciales acaben expulsando los negocios de sus barrios.

Una de las propuestas más destacadas es reformar la Ley de arrendamientos urbanos para garantizar contratos comerciales de un mínimo de cinco años, limitar las subidas anuales de los alquileres y reconocer el derecho de renovación. También quiere establecer un índice de precios de referencia para los locales de grandes tenedores en zonas tensionadas por el turismo y prever indemnizaciones cuando un negocio sea expulsado por motivos especulativos.

En el ámbito de los autónomos, propone aplicar el régimen europeo de IVA franquiciado para que los profesionales y las pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros anuales puedan sustituir las liquidaciones periódicas por una declaración informativa anual. También defiende una cotización bonificada para los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo interprofesional, además de convertir en indefinida la tarifa plana de 88 euros para los nuevos autónomos que ingresen menos del salario mínimo.

Vox: una desregulación más profunda

Vox plantea una política de desregulación general de la actividad económica, con una reducción de las obligaciones administrativas y de la fiscalidad empresarial. Propone rebajar el impuesto de sociedades para estimular el crecimiento de las empresas y el empleo, y una cuota cero para los autónomos que no alcancen el salario mínimo interprofesional. A partir de este umbral, la cotización sería progresiva, con una cuota inicial de 50 euros. El partido de ultraderecha también reclama una ley de unidad de mercado para que lo que sea legal en un territorio pueda serlo en el resto del Estado sin trámites adicionales. Por otra parte, propone derogar la legislación laboral aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez.

El reto de fondo más allá de las proclamas electorales es cómo lograr que las pymes ganen productividad, dimensión y capacidad de inversión sin perder competitividad.

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