La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llevado hasta casi la línea de meta uno de los grandes proyectos de su segundo mandato al frente del ejecutivo comunitario: 25 años y una multitud de obstáculos después, la conservadora alemana ratificará el sábado en Asunción (Paraguay) el tratado comercial entre la UE y el Mercosur. La dirigente y el comisario de comercio de la CE, el socialdemócrata eslovaco Maroš Šefčovič, han viajado a la capital paraguaya enarbolando lo que consideran una de las grandes victorias geopolíticas del momento. El acuerdo económico generará un espacio de libre comercio de 700 millones de personas, con alianzas políticas y compromisos de inversión que deberían servir de contrapeso para la ofensiva internacional protagonizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien considera al Mercosur como una de las zonas prémium de su patio trasero. Von der Leyen ha presumido del «éxito» que ve en el acuerdo desde Río de Janeiro, donde ha hecho escala para encontrarse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no estará presente en el acto institucional del sábado por motivos de agenda. «Todo el mundo sale ganando, multiplicará las oportunidades como nunca«, ha afirmado la líder de la Comisión, en un nuevo intento por rebajar la creciente tensión de las instituciones de los 27 con los agricultores, que se sienten «moneda de cambio» en un nuevo regalo a la industria automovilística alemana.
Bajo la presión de los agricultores, los esfuerzos de Von der Leyen y sus comisarios -así como de los gobiernos más favorables al pacto, como el alemán o el español- se han dirigido a convencer al sector primario de que sus reclamaciones no tienen fundamento. Ante los temores del campo, que temen una entrada descontrolada de productos alimentarios sin los estándares sanitarios, ecológicos y laborales que impone Bruselas a sus campesinos, la presidenta europea ha reivindicado las «normas claras y previsibles» y los «estándares comunes» que garantizará el tratado. Unos estándares que el campo ve lejos de estar correctamente aplicados en un acuerdo que no ha sido capaz de imponer cláusulas de reciprocidad -o «cláusulas espejo»- que pongan negro sobre blanco las exigencias europeas también para los agricultores y ganaderos argentinos y brasileños.
Esta había sido la gran demanda de los gobiernos más críticos, con Francia y Polonia a la cabeza, y que finalmente la CE ha logrado esquivar gracias al apoyo del ejecutivo ultra de Giorgia Meloni, que había coqueteado con la oposición francesa, pero se ha acabado conformando con salvaguardas agrícolas más fuertes en productos clave para su país, como el bovino o el aviar. Dejando atrás estas propuestas, Von der Leyen se ha jactado de la victoria, y ha asegurado que «El acuerdo UE-Mercosur envía un mensaje potente. Dice: bienvenidos al mercado más grande del mundo y a la zona de libre comercio más extensa del planeta».

Mensaje a Trump
La ponencia de la alemana ha servido de claro mensaje hacia Trump, en plena aplicación de su Doctrina Donroe, que cuestiona sin medias tintas las normas de las relaciones internacionales, especialmente con su zona de influencia inmediata. Junto a Lula -una de las voces más críticas contra Washington en América Latina-, Von der Leyen ha defendido «un mundo que funcione sobre la base de la confianza y el trabajo en equipo», en claro reproche al expansionismo excluyente de la administración estadounidense. «Este es el poder de la asociación y de la apertura, de la amistad y la comprensión entre pueblos y regiones separadas por océanos», ha agregado; dibujando un mundo multilateral más pacífico mientras se negocia la posible invasión de Groenlandia por parte de una potencia agresora. El mandatario brasileño se ha mantenido en la línea de Bruselas, y ha valorado una alianza «basada en el multilateralismo y en pleno respeto de los pactos de la ONU y la Organización Mundial del Comercio».
La agricultura presiona a Europa
Desde el pasado 8 de enero, cuando la Comisión finalmente desbloqueó el apoyo de los 27 al tratado comercial, la agricultura ha mantenido -y escalado- las protestas que desde hace dos años han estado agitando carreteras y centros logísticos de la Unión Europea. En Cataluña, el puerto de Tarragona, Pontós y el Coll d’Ares han recordado las tractoradas que bloquearon el centro de Barcelona hace dos años. El rechazo al tratado ha sido transversal en el sector: el conjunto de organizaciones, desde la mayoritaria Unió de Pagesos hasta el Gremio de la Agricultura, pasando por las entidades que representan las grandes explotaciones agrarias y ganaderas, como la JARC, han saltado al cuello de las instituciones de Barcelona, Madrid y Bruselas en una semana especialmente tensa, que terminó con el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, pidiendo «por favor» levantar los piquetes, a cambio de vías de contacto directas con el presidente, Salvador Illa; la Moncloa y las instituciones comunitarias, así como un posicionamiento conjunto con el ejecutivo catalán para trasladar allí los agravios del campo. Los esfuerzos de las administraciones por acercarse a los manifestantes han sido más que insuficientes, hasta el punto de que la coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, ha llegado a reclamar a Ordeig que «deje de vender humo» con el apoyo al campo y establezca una propuesta concreta para atender sus reclamaciones.
La tensión catalana también se ha hecho evidente en muchos otros mercados agrarios de la Unión. Pocas horas después de la firma, los agricultores irlandeses tomaron las autopistas de todo el país para reivindicar la supervivencia de sus explotaciones, que ven cuestionada por la entrada de producto latinoamericano en sus cadenas de distribución. También se ha vuelto a encender la situación en Francia, donde los tractores han marchado durante todo el fin de semana contra el gobierno de centro-derecha de Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu por «sacrificar a aquellos que alimentan el país» con «decisiones que se toman lejos, contra la agricultura». En Polonia, cientos de tractores marcharon sobre Varsovia y Cracovia, entre otras ciudades, dirigiendo su ira también hacia el gobierno del conservador Donald Tusk. Una imagen que se ha repetido en Bélgica y en Grecia; así como en Italia, a pesar de que Meloni buscaba asegurarse el apoyo de sus productores con las concesiones de Bruselas. Los agricultores catalanes han compartido esta crítica al gobierno español, y han sido especialmente críticos con el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien reprochan haber llevado a cabo un «papel lamentable» a favor de los intereses de la Comisión. Las protestas agrícolas parecen tener intención de permanencia, dado que el proceso político de ratificación del tratado comercial aún está a medias.

El camino que aún queda por recorrer
Es importante recordar que el tratado del Mercosur está separado en dos capítulos bien diferenciados. El primero, el más conflictivo, es el que afecta estrictamente a los asuntos relativos al comercio exterior, que cae por completo bajo las competencias de Bruselas. Esta mitad del acuerdo, la que más preocupa a los agricultores, solo necesita el visto bueno de las instituciones comunitarias, que ya tiene. Aun así, gobiernos y partidos opositores ya buscan vías para revertirlo: los grupos de la Izquierda y los Verdes en el Parlamento Europeo han presentado una moción para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «revise la legalidad» del acuerdo y su encaje en la legislación de los 27; con el foco puesto en las hipotéticas compensaciones que podrían recibir los países del Mercosur en caso de que Europa active las salvaguardas en un momento de tensión en el mercado alimentario y reduzca la importación de algunos productos. Los europarlamentarios contrarios al acuerdo alertan que esta cláusula podría «arriesgar la independencia y soberanía legislativa» de la Unión frente a sus socios comerciales.
Si el Europarlamento acepta esta moción, el TJUE debería emitir un veredicto; y, en caso de que este vaya contra el tratado, las negociaciones entre Bruselas y los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay deberían volver a comenzar de cero 25 años después. Si esta propuesta no pasa el filtro legislativo, sin embargo, los MEPs todavía tendrían que dar el visto bueno definitivo a la versión final del pacto en una sesión plenaria que se celebraría entre febrero y mayo. El resultado de esta votación, según ha adelantado la agencia Euronews, podría ser históricamente ajustado, hasta el punto de que «15 o 20 escaños podrían marcar la diferencia».
La segunda mitad del acuerdo detalla acercamientos entre las dos regiones en términos de inversiones y alianzas políticas, y esta sobrepasa el mandato de la Comisión Europea. Por lo tanto, deberá pasar por todos los parlamentos locales de los 27 antes de entrar en vigor. En algunas plazas, como la francesa o la polaca, tiene garantizado el fracaso. Hasta el punto de que la misma noción del tratado ha hecho tambalear el gobierno, con dos mociones de censura -ambas fallidas- contra Lecornu en las últimas horas, presentadas por la izquierda de Jean-Luc Mélenchon y la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional, ahora bajo el mandato de Jordan Bardella, el delfín de Marine Le Pen. En España, la mayoría es complicada: socialistas y populares, si se alinean con sus tendencias europeas, deberían votar a favor; pero Vox ya ha comenzado su campaña con la agricultura española -más escorada a la derecha que la catalana, en términos generales- para presionar a los diputados populares en contra del pacto. El acuerdo con el Mercosur también tendrá enfrente a los partidos catalanes, con Esquerra Republicana y Junts cayendo, en las últimas horas, del lado de la agricultura. A pesar del entusiasmo de Von der Leyen, el tratado está todavía lejos de estar asegurado, y el escenario internacional es demasiado convulso para garantizar que el pacto podrá seguir su camino político sin obstáculos.


