El tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur vuelve a chocar con un obstáculo político. El Parlamento Europeo ha aceptado la moción presentada por los grupos de los Liberales, los Verdes y la Izquierda para enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante una posible vulneración de los tratados fundacionales de la UE. El entendimiento pasa a manos del alto tribunal comunitario, que será el encargado de decidir si cumple con las normativas fundamentales de los 27. De esta manera, los críticos detienen la ratificación del acuerdo en el legislativo, que estaba prevista para los próximos meses, y dejan congelada su aplicación definitiva. La decisión, como esperaban las autoridades, se ha tomado por una mayoría mínima, con solo 10 votos de diferencia -334 a favor por 324 en contra-, lo que demuestra la profunda división -territorial, pero también dentro de los mismos partidos- del Parlamento al respecto. La sentencia del Tribunal Superior podría demorarse más de un año, y añade aún más tensión a la relación entre la Comisión Europea y la agricultura, que conforma la principal oposición social a la zona de libre comercio más grande del planeta.
Entre otras cuestiones, los europarlamentarios que presentaron la moción consideran que la Comisión Europea se extralimitó al dividir el acuerdo en dos partes, una comercial y otra política. Con este movimiento, Bruselas se aseguraba de que la parte económica del entendimiento pudiera aplicarse bajo su competencia exclusiva, sin tener que ser ratificada por los parlamentos de los estados miembro, hecho que «impedía que pudieran dar su opinión sobre el acuerdo». Además, los críticos cuestionan la adecuación en los tratados de la UE del conocido como «mecanismo de reequilibrio», que permite a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias contra la UE si sus regulaciones internas reducen el flujo comercial entre las regiones. Así, el TJUE deberá emitir una opinión sobre el cumplimiento de las normativas referidas antes de que el Parlamento Europeo pueda convocar la votación definitiva para aprobar -o no- el tratado de forma definitiva.
Una palanca arriesgada
Cabe decir que, dadas las competencias comerciales para los 27 que agrupa la Comisión, podría sacar adelante de forma provisional una parte del acuerdo mientras espera la resolución del TJUE y la posterior aprobación de la Eurocámara. Aun así, como han insistido las autoridades comunitarias, hacerlo generaría un conflicto político con las familias europeas que rechazan el pacto -principalmente los Verdes, la Izquierda y las extremas derechas-; así como con la mayoría de los europarlamentarios socialistas, conservadores y liberales de los países que se oponen a la zona de libre comercio, como Francia y Polonia.
Fractura política
La votación ha sido, como estaba previsto, históricamente ajustada. Los grupos que se han opuesto tradicionalmente al tratado -los Verdes/EFA, la Izquierda y la extrema derecha de Patriotas por Europa- han votado mayoritariamente por el tratado; así como los liberales de Renew Europe, muy vinculados al presidente francés Emmanuel Macron. Por su parte, los principales partidos de la Cámara, el PP Europeo y los Socialdemócratas, han defendido el tratado, si bien algunos de sus eurodiputados han roto la disciplina del partido y han votado a favor de enviarlo al TJUE. Finalmente, los Conservadores y Reformistas -que incluyen parte de la extrema derecha, como los Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni- han dejado libertad de voto, y han permitido que los representantes polacos y franceses reafirmaran su rechazo al pacto con el Mercosur.
