El Tribunal Supremo niega que el Estado tenga que indemnizar una empresa de VTC que denunció «perjuicios económicos» por el decreto aprobado por el gobierno español el 2018 para regular la actividad de compañías como Uber. Según una sentencia de la sala de Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal con fecha del mes de julio, no se tendrá por anticipado y se desestima una demanda de Vector Ronda, una empresa de VTC, que reclamaba 237 millones a la administración por los efectos de la entrada en vigor del conocido como «Decreto Ábalos», que modificaba la Ley de Transportes Terrestres para hacer que las comunidades asumieran la regulación de las VTC. La compañía reconocía que a causa de la puesta en marcha de esta medida, su actividad se había reducido de manera sustancial.
Élite Taxi ha celebrado este martes el tono de una sentencia que consideran «importantísima» para acabar con las peticiones de indemnizaciones para regular este negocio. De hecho, el mismo Supremo también ha apuntado que el daño por el cual se reclama, derivado de la imposibilidad de prestar el servicio VTC seguir la autorización estatal original no se puede calificar daño «actual y efectivo», sino de futuro e incierto, puesto que dependerá de la regulación que hayan adoptado las comunidades autónomas sobre el sector. Según la justicia, esta circunstancia que el daño de la ley «no pueda imputarse en el Estado».
Élite Taxi celebra la decisión
Desde la entidad que encabeza Tito Álvarez han resaltado que la decisión del Supremo acaba con las peticiones de las empresas de VTC de indemnizaciones «millonarias» por la regulación de un negocio que, según Élite Taxi, se basa en «la especulación y la explotación laboral». De este modo, pues, la entidad continúa preocupada por la entrada al mercado español de estas compañías, que amenazan la clientela de los taxistas. Además, en el caso de Vector Ronda, el TS establece también el pago de las costas del proceso de recurso.
