Era un secreto a voces, el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de los bancos se prorrogará un año más. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa de balance del 2023. El alargamiento de la vigencia de estos dos impuestos, pero, será ligeramente diferente, puesto que las dos imposiciones vivirán varios cambios de cara en el año que viene, especialmente el que va dirigido a las energéticas.
En este último caso, según ha explicado Sánchez -y a la espera de todos los detalles- se introducirán modificaciones en la ley general de presupuestos porque se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo al país. Además, Sánchez ya ha avisado que el compromiso de la revisión en 2024 de esta figura tributaria «pasará a contar con un carácter permanente». «El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y, por lo tanto, el que hemos hecho ha estado garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisada», ha explicado el jefe del Ejecutivo.
En cuanto al impuesto sobre la banca, Sánchez se ha limitado a anunciar su prolongación, pero no ha dado más detalles, por lo tanto, se tendrá que ver cuál será la reforma que se le aplique, tal como anunció la todavía vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista en Antena 3. El que sí que se sabe es que el decreto también contempla una futura revisión del gravamen «para su plena integración en el sistema tributario», y que se prevé la concertación de ambos impuestos con las comunidades de País Vasco y Navarra.
Los empresarios, en contra
Lo más probable es que este anuncio del presidente español no acabe de gustar del todo al empresariado. De hecho, las patronales rechazan la ampliación de las tasas, en cuanto que se diseñaron como “temporales” para un “contexto muy concreto” que ya no está vigente. Quienes más en contra se han mostrado de estos impuestos son los bancos, que han cargado contra la medida siempre que han tenido oportunidad. De hecho, en las últimas presentaciones de resultados, el pasado octubre, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ya comentó que grabar al sector bancario “no es buena idea” y que afecta a toda la economía por el papel financiero que realiza. En este sentido, el primer directivo del banco aseguró que “si castigamos el aparato circulatorio, castigamos a toda la economía”, refiriéndose al hecho que la banca hace el trabajo de hacer circular el capital al resto de sectores.
Ampliación del escudo social en el estado
Más allá del paquete impositivo, Sánchez ha anunciado esta mañana los siguientes pasos de la Moncloa en cuanto a las medidas sociales aprobadas durante la pandemia y la crisis inflacionista. Según ha hecho público el jefe del ejecutivo, el destino de las diferentes bonificaciones sociales vigentes durante el último ejercicio será divergente: algunas, como por ejemplo la gratuidad de Cercanías, se mantendrán durante el 2024, mientras que otros reducirán su alcance hasta ser «eliminadas gradualmente». De este modo, durante el 2024 los trenes de Cercanías continuarán siendo gratuitos para los usuarios habituales, con el mismo modelo que se ha mantenido durante el presente ejercicio. También continuará viva la bonificación del 50% en el transporte público gestionado por los gobiernos regionales, como por ejemplo las líneas dependientes de TMB. Así, la Generalitat -como el resto de gobiernos territoriales- continuarán aportando el 20% de cada abono y título multiviaje; mientras que la administración central abonará el 30% para subvencionar la parte restante de la rebaja.
En cuanto a las bonificaciones a la energía, la bajada del IVA de la electricidad se irá retirando «gradualmente». También volverán a las facturas tipos como el impuesto especial eléctrico, que se sitúa actualmente al 0,5% frente al 5,1% de antes del paquete social; o el impuesto sobre la producción eléctrica, que permanece hasta ahora suspenso y que se eleva hasta el 7%. También el IVA sobre el gas volverá a su nivel habitual, de un 21%, a partir de febrero, con el «fin del periodo invernal». Por otro lado, medidas como la protección a las familias vulnerables, como por ejemplo la limitación en las subidas de precio de la tarifa regulada de gas, sobrevivirán durante seis meses más; así como lo harán las medidas de ayuda a la industria, entre las cuales destaca la reducción del 80% de los peajes eléctricos para empresas electrointensives.
Ayudas a los hipotecados
Las ayudas anunciadas por Sánchez también irán destinadas a los hipotecados, puesto que el ejecutivo español alarga seis meses la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por la amortización anticipada de hipotecas y créditos a tipo variable. Esta medida ya la anunció Calviño después de su reunión con el sector bancario. Concretamente, la vicepresidenta anunció el incremento del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios hasta los 38.000 euros anuales. Este aumento del umbral ampliará la cobertura del código a 100.000 hogares adicionales a los cuales ya estaban cubiertos hasta ahora, según las previsiones que maneja el Gobierno. Además, Pedro Sánchez también ha recordado la medida anunciada por Calviño de prohibir las comisiones bancarias para retirar efectivo en ventanilla para mayores de 65 años.
A preguntas de los periodistas, Sánchez ya ha avanzado que este viernes anunciará quién será lo relevo de Calviño dentro del ejecutivo. El presidente español ha evitado explicar detalles sobre qué tipo de crisis de gobierno se hará para relevar Calviño, la suya número dos al ejecutivo desde el 2018, que a partir del 1 de enero hará el salto en el Banco Europeo de Inversiones.
Presupuestos y SMI, a la espera
Más allá de las cuestiones relacionadas con el escudo social y las medidas extraordinarias implementadas durante la pandemia, el Consejo de Ministros ha ratificado este miércoles las condiciones de la prórroga de los presupuestos generales del Estado. La ley establece que, en caso de no haber aprobado una ley de cuentas públicas antes del 1 de enero, los del año anterior quedan prorrogados automáticamente en el siguiente curso. Las cuentas vigentes ascienden a los 380.822 millones de euros, si bien Moncloa asegura estar ya trabajando en un proyecto presupuestario de cara al 2024. También se ha prorrogado el Salario Mínimo Interprofesional, que se mantiene «transitoriamente» en los 1.080 euros hasta que el ministerio de Trabajo y Economía Social consiga un acuerdo con patronal y sindicatos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha asegurado que la mesura «mujer continuidad a la protección de la población con medidas económicas, sociales y laborales eficaces».
