La nueva propuesta de financiamiento pactada entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Partit Socialista no ha sido recibida con entusiasmo entre los economistas catalanes. Según la encuesta de actualidad económica del Col·legi d’Economistes de Catalunya, que recoge el sentimiento de los expertos del país respecto a la actualidad política y productiva, más de un tercio de los colegiados consideran que la reforma presentada por socialistas y republicanos es negativa. Un poco menos, alrededor de un 30% de los encuestados, valoran el proyecto; mientras que un 28% se muestran neutrales. En el documento no se detallan los aspectos mejorables —de hecho, solo se pregunta por los avances más significativos respecto al sistema actual—, aunque el decano del Colegio, Carlos Puig de Travy, tiene claro que la distinción proviene de la ambición de autogobierno. «Muchos economistas piensan que sería mucho más adecuado un cupo, el modelo vasco. Y está muy claro que esto no lo es«, reflexionó en la rueda de prensa de presentación del estudio.
Así, para Puig de Travy, la diferencia principal de las valoraciones es la percepción, por parte de la mayoría de encuestados, de que «se necesitaría más economía»; una demanda que detectan entre aquellos que ven negativa la reforma (33,7%), y también entre los que se mantienen neutrales (28,5%). A ojos del director técnico, Xavier Segura, hay una justificación técnica para estas reservas: «Cuanta más potencia de gestión fiscal tenga un país, más herramientas tiene y más posibilidades de mejora». Considera, sin embargo, que el consenso entre los colegiados tiene componentes favorables a la propuesta: el nuevo modelo no avanza tanto como se necesitaría, pero es un paso adelante respecto al reparto de recursos obsoleto que rige todavía ahora las administraciones territoriales del Estado español. «Si hubiésemos incluido una opción de bueno, pero insuficiente, todo el mundo la habría marcado», ironizó.
Puig de Travy, no obstante, ha insistido en que, a pesar de los límites, los cambios que se deberán debatir en el Congreso de los Diputados mejoran la situación anterior. De hecho, los economistas consultados han valorado varios puntos del acuerdo, como el esfuerzo por hacer cumplir el principio de ordinalidad —muy cuestionado por varios expertos, como avanzó Món Economia—, o el «reconocimiento del principio de singularidad territorial» de aquellas administraciones que concentran más competencias que las que otorga el Estado a las autonomías. En opinión del decano, hay otro factor relevante —que también ha subrayado en varias ocasiones la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero—: la eliminación de los anticipos. «Es un tema importantísimo», analizó Puig de Travy; para garantizar que los recursos que corresponden a los catalanes lleguen sin un desfase que alcanza los dos años, y que a menudo fuerza a las administraciones catalanas a asumir nueva deuda para cubrir los agujeros más inmediatos.
Los problemas de Cataluña
El estudio también ha consultado a los economistas catalanes su opinión sobre los principales problemas que sufre el tejido productivo catalán. Aún sufriendo las réplicas del colapso ferroviario que congeló Cataluña a principios de año, la crisis de infraestructuras ha escalado a la primera posición entre los agravios señalados, con un 45,1% de las respuestas. Hace tres meses, cuando se publicó la encuesta correspondiente al último trimestre del 2025, el mal estado de vías y carreteras preocupaba al 32% de los expertos. En segunda posición se mantiene el déficit fiscal, con un 44,6% de las respuestas. Cabe recordar que, según los últimos datos del Gobierno, publicados justo después de la aprobación en Consejo Ejecutivo de los presupuestos, el agujero que deja España en las cuentas catalanas es de 21.000 millones anuales, prácticamente el mismo que se ha denunciado las últimas décadas, a pesar de las buenas palabras del ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el Principado.
Se trata de dos problemáticas profundamente enlazadas, según los asociados al Colegio. Para la práctica totalidad de los encuestados, el mal estado de la infraestructura y la ausencia de inversiones de mejora y cuidado del trazado vial y ferroviario son los causantes de la crisis de movilidad. En este sentido, los profesionales de la economía señalan al ministerio de Transportes como el principal responsable de la catástrofe; seguido, en menor medida, de Renfe y Adif, como operadora del servicio y gestora de la infraestructura. Visto este agujero, Puig de Travy ha llamado a no olvidar las necesidades del Principado ahora que este atraviesa un desierto energético a causa de la guerra en el Oriente Medio. «Sin energía, el país no funciona. Pero tampoco funciona sin vivienda o sin infraestructuras», reflexionó.
